Toque de generala de los sindicatos ante los recortes de la Gobierno de Fabra

La Generalitat ha arrojado la toalla ante la situación de quiebra financiera y ha dado marcha atrás al compromiso de saldar la deuda de 2011 con el sistema educativo. Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, la Consejería de Educación autorizó el lunes a los más de 1.200 directores a cerrar el ejercicio de 2011 en “números rojos”. Los directores habían exigido que la orden fuera por escrito para evitar cualquier responsabilidad penal.

El escrito del Subdirector General de Centros Docentes va dirigido a los colegios de primaria, institutos, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios de música y danza. La orden es clara: “Respecto a la elaboración de la cuenta de gestión anual del año 2011 y teniendo en cuenta las dudas que respecto de su realización puedan surgir, se informa que en relación a los ingresos procedentes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, se consignarán aquellos que se recibieron antes del 31 de diciembre”.

En paralelo, el presidente Alberto Fabra afirmó que hoy se abonarán 35 millones para hacer frente al pago del segundo cuatrimestre de 2011 de los centros públicos y del tercero de los concertados, en un intento por cortocircuitar la oleada de protestas generalizadas en los 2.500 centros públicos y privados, que continuará el jueves en Valencia y Alicante con una manifestación de todos los funcionarios de la Generalitat. En una campaña sin precedentes los 2.500 centros públicos y privados han colocado carteles con el importe de la deuda de cada centro, y remitido cartas a las familias.

Los directores de Secundaria, parte nuclear de la Administración educativa, también protestaron el martes en la consejería. “Los centros están al límite”, sostuvo Vicent Baggetto, presidente de la asociación de directores.

Alumnos de Muro d'Alcoy acuden a clase con guantes y mantas por falta de gasóleo

 “Todos somos conocedores de que hemos tenido una tensión de la tesorería pero afortunadamente, la vamos superando y hoy vamos a hacer frente a los pagos que la Generalitat debe al sector educativo”, ha puntualizado el presidente Alberto Fabra, durante la visita con los cinco rectores de las universidades públicas a las instalaciones que la Agencia Espacial Europea tiene en Valencia. Las “tensiones” financieras a las que referería han dejado una retahíla de colegios con cortes de luz y de calefacción e impagos de los servicios básicos de funcionamiento.

La falta de calefacción por el impago del suministro de gasóleo en dos institutos alicantinos, uno en Muro d’Alcoi y otro en Castalla, volvió a dejar ayer a las aulas prácticamente vacías de alumnos. Los pocos estudiantes que acudieron lo hicieron con mantas, guantes, abrigos y gorros.

Los directores de la red educativa pública, a parte de que no han cobrado desde hace ocho meses la subvención de la Generalitat, confirman que la Consejería de Educación prevé agotar el plazo para fijar los gastos de funcionamiento de 2012 hasta “el 15 de febrero”, según adelantó Baggetto al centenar y medio de colegas que se concentraron ante la sede de Educación en Valencia.

La noche del martes fue una jornada de encierros y veladas de “duelo” en la mayoría de los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana. Padres, alumnos y profesores prepararon sesiones nocturas de mantas, bocadillos y actividades en la mayoría de ellos.

Lozano: "Después de 16 años de despilfarro pretenden que paguen los empleados públicos"

A los recortes que se temen los directores en los presupuestos de la enseñanza pública no universitaria a partir de marzo, después de las elecciones andaluzas, el presidente Fabra ya lanzó algún apunte sobre por dónde irán los tiros en el sistema universitario público. “Las Universidades han recortado más del 3% en sus presupuestos de 2012. Ahora hay que hacerles ver la necesidad de seguir por ese camino y de intentar ser más eficaces con el gasto público”.

El plan de hecho lo pactó José Ciscar, anterior consejero de Educación y actual vicepresidente. Ciscar y los cinco rectores se comprometieron a “racionalizar titulaciones” y “evitar duplicidades”. Se trata de una “reforma estructural” para reducir el coste total de la subvención universitaria anual.

Mientras unos temen nuevos recortes, los cinco sindicatos que participan en la Mesa General de la Función Pública anunciaron que recurrirán el primer tijeretazo de gasto del Consell para 2012. Animados por el éxito de las movilizaciones contra los recortes en Educación, los responsables de los cinco sindicatos convocaron a los empleados públicos pero, sobre todo, a la ciudadanía en general, a respaldar masivamente las manifestaciones convocadas mañana en las tres capitales valenciana en defensa de los servicios públicos.

José Manuel Vela, consejero de Hacienda y Administración Pública, anunció a los sindicatos el drástico recorte apenas dos semanas después de que el pleno de las Cortes Valencianas aprobara el presupuesto para 2012.

Rosado anuncia  que en marzo dispondrá de un calendario de pagos a los proveedores de Sanidad

“Toda la tramitación del presupuesto en las Cortes Valencianas no fue sino un gran engaño”, apuntó Luis Lozano, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, “después de 16 años de despilfarro, juergas, saraos y, en muchos casos, corrupción, que nos han convertido en la Grecia de España, ahora pretenden que paguen los empleados públicos y toda la ciudadanía”.

Daniel Matoses, responsable de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), a su lado, calificó el recorte como “el mayor ataque de la historia a los servicios públicos valencianos”.

Miguel Ángel Vera, de CC OO, recordó que la tijera alcanza a 258 millones de euros sobre la masa salarial de todos los funcionarios de la Generalitat. El resto, hasta mil millones, procede de las más diversas partidas que se recortarán en detrimento de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Adel Francés, de Intersindical Valenciana, ilustró el impacto de los recortes: “Si un mileurista tuviera que pagar por la sanidad, la educación o la justicia, su renta disponible se reduciría a la mitad”.

Andrés Cánovas, de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FESE), redondeó el estado de ánimo que embarga a los representantes sindicales de los empleados públicos: “Cuando Vela anunció el recorte de 1.000 millones solo faltaba una cosa, faltaba su dimisión”.

El decreto de recorte, avalado hace una semana por las Cortes, reduce el tijeretazo a 500 millones de euros. El resto del ahorro deberá obtenerse de futuros recortes en el Servicio Valenciano de Salud, unas medidas que se pusieron sobre la mesa y se retiraron a continuación para negociarlas con los profesionales. Pero son inevitables. Y abren la vía a la “reconversión” de servicios.

Una reconversión que amenaza con extenderse a otras áreas. Luiz Lozano auguró una futura oleada de despidos entre los 35.000 empleados interinos que trabajan en los distintos departamentos del Consell.

Los recortes de gasto aplicables sobre el presupuesto de 2012 no resuelven los problemas que se heredan de años anteriores. La situación de los pequeños proveedores de la sanidad pública roza la desesperación.

Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, reiteró que pagar a los proveedores es su gran prioridad. Pero falta el dinero.

Luis Rosado, consejero de Sanidad, aseguró ayer que podrá diseñar un calendario de pagos a los proveedores sanitarios a partir de marzo después de entrevistarse en Madrid con la ministra del ramo Ana Mato. Las empresas que sirven gasas, jeringuillas o protésis cardiacas reclaman ese calendario desde hace más de un año para poder negociar sus propias deudas con los bancos. Rosado aseguró que gracias a las líneas del Instituto de Crédito Oficial, la consejería afrontará “casi todas las deudas” a lo largo del primer semestre.

El consejero aprovechó la ocasión para solicitar “un esfuerzo temporal” a los profesionales de la medicina para superar “la situación crítica” que atraviesa la Comunidad Valenciana, para intentar apaciguar los ánimos de la asamblea extraordinaria que ha convocado el miércoles el Colegio de Médicos de Valencia.

Jorge Cabré, consejero de Justicia y Bienestar Social, aseguró que la Generalitat abonó 20,9 millones de euros a la Asociación Empresarial de Residencias y Atención a Personas Dependientes (Aerte), que atienden a personas con discacidad o enfermedad mental. También aseguró que afrontará el pago de otros nueve millones de euros antes de fin de mes. Cabré, que también se entrevistó en Madrid con la ministra Ana Mato, aseguró que la Generalitat cargó con el 80% del coste de la atención a personas dependientes.

Mientras, la federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana (Feafes) advirtió ayer que los impagos que sufren las 27 entidades sin ánimo de lucro que atienden a estas personas ha llevado a la federación a plantearse este viernes el cese de actividades, “así como desmantelar todos los servicios de coordinación y apoyo”.