Todos los sindicatos claman contra los recortes en los servicios públicos

“El decreto del Consell para recortar el gasto es el mayor ataque de la historia contra los servicios públicos valencianos”. Daniel Matoses, del sindicato CSIF, ha subrayado el calibre del apresurado recorte de los presupuestos de la Generalitat para 2012 que impulsó el Consell apenas unos días después de haber aprobado las cuentas anuales en las Cortes Valencianas.

Los máximos responsables de UGT; CC OO, Intersindical Valenciana, CSIF y FSES han comparecido esta mañana de forma conjunta para convocar a toda la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones convocadas el jueves en Alicante, Castellón y Valencia para exigir la inmediata retirada del decreto. Los sindicatos señalaron al responsable de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, quien convocó la mesa general de la Función Pública para anticipar unas horas el drástico recorte, en ningún caso para negociar nada. Andrés Cánovas, de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FESE), ha apuntado la “sorpresa mayúscula” que provocó la inmediata modificación del presupuesto tramitado en las Cortes: “Cuando Vela anunció el recorte de 1.000 millones solo faltaba una cosa, faltaba su dimisión”.

"El déficit no es producto del salario de los funcionarios sino de una nefasta gestión"

Los sindicatos alertaron sobre posibles despidos de personal interino, sobre iniciativas para reducir la atención sanitaria primaria y, en general, sobre el inevitable deterioro de los servicios públicos que van a sufrir todos los valencianos.

Luis Lozano, de UGT, ha sido claro: “Después de 16 años de despilfarro, juergas, saraos y, en muchos casos, corrupción, que nos han convertido en la Grecia de España, ahora pretenden que paguen los empleados públicos y toda la ciudadanía”.

Matoses ha recordado que los ciudadanos “descargan sus iras sobre los empleados públicos” cuando no reciben un buen servicio, pero deben saber que “el déficit no es consecuencia ni del salario de los funcionarios ni del coste de los servicios públicos, sino de una nefasta gestión económica de los gobernantes”.