Los recortes sacan a la calle a la sanidad

“Aquí ya hay empleados que están viniendo a trabajar enfermos, con gastroenteritis, con catarros, con gripes… Imagina qué imagen da un profesional sanitario que te atiende con mascarilla y tosiendo. Y más allá de la imagen, la posibilidad de contagiar a sus compañeros, y a los pacientes”. Carmen Alonso lleva 26 de sus 49 años trabajando como enfermera en la sanidad pública madrileña. Son ya 18 en el Gregorio Marañón, donde ahora atiende a los pacientes del hospital de día de Hematología, entre otros, trasplantados de médula. “En este hospital hay personal que no llega a ganar mil euros: limpiadoras, auxiliares de cocina… Todo el mundo tiene hipoteca o gastos que pagar. ¿Quién puede permitirse ponerse enfermo?”, se pregunta.

Ponerse enfermo siendo empleado público significa desde el 1 de enero perder sueldo. Cinco días antes de Navidad el Gobierno de Esperanza Aguirre presentó en la Asamblea de Madrid 25 enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Páginas y páginas de jerga normativa entre la que se escondían dos modificaciones de calado: la ampliación de la jornada laboral de 35 horas semanales a 37,5 y la penalización a los funcionarios enfermos con rebajas en el salario durante los días en que estén de baja. Las enmiendas se votaron el 27 de diciembre, en plenas vacaciones. Y se aprobaron gracias al rodillo parlamentario del PP, con mayoría absoluta en la Cámara. De una tacada, y eludiendo la tramitación ordinaria, se estaban cambiando decenas de leyes. La oposición puso el grito en el cielo: cuestiones de tal importancia no pueden aprobarse sin debate, de tapadillo, argumentaron. De poco sirvió la pataleta.

El 5 de enero los sanitarios ya estaban dando la batalla. Pese a lo complicado de las fechas, médicos, enfermeras, celadores, auxiliares… se concentraron frente a los principales hospitales de la región. “No a los recortes”, se leía en las pancartas. Nacía la marea blanca. Los trabajadores de la sanidad pública madrileña son 66.000, de los que 53.000 son sanitarios. Es, con diferencia, el colectivo más numeroso entre los empleados públicos. Y ya viene de años de estrecheces: de prohibición de sustituir a trabajadores de baja con eventuales salvo casos muy excepcionales, de encadenar contratos precarios a médicos y enfermeras (son mujeres alrededor del 90% del gremio), de centros de salud en los que los facultativos ven a 55 pacientes en una mañana… Pero ahora la sanidad se planta. Los recortes “suponen una seria amenaza”, dicen los médicos, que avisan de que no tolerarán que se degrade. No son los sindicatos los que protestan, que también; es el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) el que, en una decisión insólita, ha hecho públicas sus críticas a las medidas de Aguirre.

El problema no es trabajar dos horas y media más a la semana. Los sanitarios consultados para este reportaje —muchos de los cuales pidieron que no se les citara— coinciden en que, en tiempos de crisis, ellos también están dispuestos a hacer un esfuerzo. Lo que les preocupa son los puestos de trabajo que se van a perder en unos hospitales y centros de salud que ya van justos de mano de obra. Los 12 millones de horas más de trabajo que el Gobierno regional llama “aumento de productividad” equivalen a casi 8.000 contratos eventuales menos, que son los que ahora cubren esas horas. “Me preocupa como trabajadora y como usuaria del hospital”, dice la enfermera Alonso. “Como trabajadora, porque tendremos más sobrecarga y menos descansos; como usuaria, porque sé que si necesito asistencia me va a atender menos personal y más cansado”.

“Está claro que el objetivo es ahorrar dinero”, opina Fernando Pérez Iglesias, un veterano pediatra del hospital Severo Ochoa. “Si los médicos propusiéramos alargar nuestras consultas media hora cada día seguramente no aceptarían. Y eso que supondría ver a más pacientes. En lugar de eso querrán acumular las horas y que vengamos a hacer guardias los sábados, porque así dejan de contratar a un médico de guardia”. Pérez habla en condicional. Y no es porque no esté al día de lo que sucede en su sector. Es porque, pese a que los recortes se anunciaron hace más de un mes y de que llevan en vigor desde el 1 de enero, el Gobierno regional aún no ha explicado cómo los va a aplicar. “Cada día miramos el tablón para ver qué cuelgan los sindicatos, porque no sabemos a qué atenernos”, dice Carmen Ruiz, enfermera de 48 años del hospital de Santa Cristina.

La aplicación de las 2,5 horas de más está en el aire. ¿Abrirán los centros de salud el sábado por la mañana? Ya se hacía antes de 2001. ¿O sus profesionales de mañana harán una tarde a la semana, y al revés? ¿Y en los hospitales? ¿Se acumularán las horas en jornadas de guardia? ¿Se obligará a los médicos mayores de 55 años a volver a hacer guardias como antaño? La Consejería de Sanidad asegura que aún lo está estudiando. Pero que nadie piense que la improvisación del Gobierno regional beneficia a los trabajadores: esas horas ya cuentan. Los empleados públicos están debiendo horas, que la Administración se cobrará más adelante. En muchos hospitales los tradicionales contratos eventuales de seis meses han cambiado este 1 de enero: solo duran tres, hasta marzo. “Tres meses para poder aplicar esta ampliación de la jornada laboral, un ajuste de plantilla imposible porque ya están muy asfixiadas”, señala Javier Fernández, del sindicato que representa a los auxiliares de enfermería (SAE). Ahí será cuando empiece el recorte de verdad, pronostican los sindicatos. “La consejera Regina Plañiol nos dijo en una reunión que esperaban ahorrar 110 millones de euros en masa salarial. Traducido a puestos de trabajo, solo en sanidad calculamos que se perderán 3.000”, asegura Manuel Rodríguez, de CC OO.

El embrollo de las bajas

Pero si algo ha desconcertado a los sanitarios, y al resto de empleados públicos, ha sido el recorte en las bajas por enfermedad. La Comunidad de Madrid ha estado jugando al despiste, cambiando de interpretación y negándose a explicar en detalle cómo pretende “luchar contra el absentismo”, su justificación para penalizar al funcionario enfermo. El texto literal de la enmienda asegura que la Comunidad dejará de complementar la prestación por incapacidad temporal (quedan excluidas las bajas de maternidad y los accidentes de trabajo), algo que hacen las Administraciones y la mayoría de las empresas con sus trabajadores, de forma que cobren todo su sueldo aunque estén de baja. La Seguridad Social no paga los tres primeros días de baja; del cuarto al vigésimo, solo el 60%, y del vigésimo primero en adelante, el 75%. Más de 100.000 empleados públicos dependientes del régimen general de la Seguridad Social iban a verse afectados, aseguró la Comunidad. Una enfermera que no pudiera ir a su trabajo 15 días perdería 500 euros de sueldo. Un mes sin estar en su puesto, 820 euros menos. El cálculo lo hicieron desde CC OO para informar a los trabajadores de lo que se les venía encima.

La Comunidad decidió entonces precisar que sí iba a cubrir los tres primeros días. “No se consideran incapacidad temporal”, dijo la consejera Plañiol. Una cuestión de interpretación, puesto que el Gobierno vasco, que ha aprobado unos recortes similares para penalizar las bajas cortas y repetidas —donde considera que se produce el absentismo injustificado— lo trata de otra manera. Dado que la Seguridad Social no paga nada entre el primer y el tercer día, Euskadi abonará el 50% si es la primera baja del año; el 40% en la segunda y suprimirá del todo el complemento a partir de la tercera.

Unos días después llegó otra rectificación. No eran más de 100.000 los afectados por el recorte de los primeros días de baja; eran solo 30.000, los que se conocen como personal laboral. Básicamente trabajadores de Asuntos Sociales y Familia (residencias de mayores, por ejemplo), escuelas infantiles y empleados del antiguo Servicio Regional de Salud (hospitales como el Gregorio Marañón, La Fuenfría, Guadarrama…).

“Ahora dicen que los tres primeros meses no te restan nada”, comenta la enfermera Ruiz, siempre pendiente de las noticias sindicales. Una normativa que la Comunidad no había mencionado hasta hace unos días equipara al personal estatutario (mayoritario en la sanidad) con el funcionario, al que la Seguridad Social cubre el 100% del sueldo los tres primeros meses de baja; después, el 75%. “Me cuesta mucho entender que, además de estar enfermo, pierdas dinero. ¿Qué pasa si te operan de un cáncer?”, se pregunta Ruiz. “Aquí no se persigue al absentista profesional, al que se da de baja 25 veces al año, que los hay, sino que se persigue la enfermedad larga, y eso no es justo”, asegura Rodríguez, de CC OO.

Ahora que la marea verde de los profesores está calmada a la espera de ver cómo resultan las negociaciones con la Administración, la marea blanca toma el relevo. Los sanitarios se seguirán concentrando frente a los hospitales públicos todos los jueves a mediodía hasta la manifestación del 7 de febrero. Una convocatoria que se extiende a todos los empleados públicos, pero de la que ya están siendo protagonistas los que trabajan en la sanidad. La enfermera Ruiz, la de Santa Cristina, estará allí. Alonso, la del Gregorio Marañón, también: “En estos 26 años he visto cómo se va deteriorando la calidad de la sanidad pública. Cómo se derivan a centros privados las intervenciones sencillas. Ahora me tachan de absentista y, si tengo una enfermedad grave, puedo perder 3.000 euros en seis meses. Tenemos que unirnos todos, fijos y eventuales, y desde el auxiliar de enfermería hasta el médico”.