El TSJM también considera expolio el plan urbanístico de El Cabanyal
El tribunal desmonta los argumentos del Ayuntamiento de Valencia
La orden del Ministerio de Cultura que calificó de “expolio” el plan de urbanismo diseñado por el Ayuntamiento de Valencia para el barrio de El Cabanyal es válida y cumplió la ley. Es lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una respuesta a la demanda de ejecución del Ayuntamiento que pretendía anular la orden aprobada por el ministerio en diciembre de 2009.
La sentencia desmonta los argumentos del Ayuntamiento y confirma que el ministerio podía ejercer la tutela: “La competencia es de la ministra [entonces Ángeles González Sinde]. Por tanto, todo lo alegado en su contra carece de fundamento”. Asimismo, considera que la finalidad de la orden era “velar por el patrimonio del conjunto histórico” del barrio y de la trama urbana.
Según el texto, el ministerio actuó correctamente paralizando el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, un proyecto urbanístico que pretendía abrir una ancha avenida hasta el mar a costa de 450 edificios. El tribunal indica que el ministerio emitió una resolución “motivada y contrastada por numerosos informes técnicos”, en contra de las acusaciones del Ayuntamiento.
La plataforma Salvem El Cabanyal comunicó su “satisfacción” y consideró el auto “un nuevo espaldarazo judicial”. El colectivo hizo una llamada “al consenso social” y solicitó “una reunión con todas las partes interesadas” en el desarrollo “de El Cabanyal y de la ciudad de Valencia” para “replantear de una vez por todas el futuro de nuestro barrio”. Salvem el Cabanyal urgió a la Administración a contar con “vecinos, partidos políticos y otras fuerzas sociales y sindicales” para redefinir el destino del barrio: “Nos jugamos una parte importante, muy importante, del futuro de toda la ciudad”. A modo de consejo, la asociación hizo hincapié en la rehabilitación del espacio “porque crea puestos de trabajo y movimiento económico, al contrario que la expropiación, que cuesta dinero y retrasa la solución”.
Por último, una portavoz de la plataforma insistió en que “los intereses económicos de la ciudad pueden llevarse a cabo sin necesidad de destruir” y tildó de “irrespetuosa” la actitud de la alcaldesa, que “entiende que su deseo debe ser cumplido por encima de las sentencias judiciales”. El colectivo valoró como “muy positiva” una sentencia “perfectamente documentada” y la tomó como “otro motivo para la esperanza y para mantener la lucha”, porque “es muy duro vivir amenazado”.
Una sentencia para rectificar y mirar al futuro
La decisión del tribunal ha provocado una reacción en cadena en los líderes de los grupos parlamentarios. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quitó ayer hierro a la sentencia: “Según el informe que tengo del servicio jurídico, la resolución del tribunal de Madrid no entra en el fondo”. Insistió en que el Ayuntamiento “ya está trabajando con el Gobierno central” para desbloquear el recurso y que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal-Canyamelar pueda seguir adelante: “No les oculto que estoy trabajando con el Gobierno. Lo que no puedo decir son datos ni plazos, porque son temas que se tienen que estudiar, y también son temas jurídicos”. Barberá sostuvo que El Cabanyal “tiene un plan aprobado desde hace años” que “en estos momentos está paralizado”: “El PEPRI cuenta con 12 sentencias que lo avalan”, indicó, “y vamos a seguir adelante”.
En la oposición, la sentencia fue recibida de otro modo. El portavoz socialista Joan Calabuig remarcó la “evidencia” de que el plan de Barberá “no tenía ningún fundamento” y acentuó la posibilidad de “rectificar” ya que, según dijo, “es hora de mirar al futuro” teniendo en cuenta a todas las partes involucradas “para orientar la rehabilitación y relanzar el barrio. Una esperanza que comparte la mayoría de sus vecinos”. Calabuig defendió que los vecinos del Cabanyal “tienen que estar orgullosos de vivir en el barrio”, e insistió en que es necesario “poner fin a una paralización de más de 20 años”. En ese sentido, remarcó que el auto es “una nueva oportunidad de buscar el acuerdo y relanzar el barrio”.
Amadeu Sanchis, portavoz de EU en el Ayuntamiento, mostró “satisfacción” ante la decisión que respalda la orden de Cultura: “A lo largo de estos dos años”, comentó Sanchis, “el equipo de gobierno del PP, y especialmente la alcaldesa Rita Barberá, se han empecinado en mantener una batalla legal contra una decisión que tiene como objetivo la conservación de nuestro patrimonio”. También consideró que el TSJM “deja en evidencia una política urbanística que, si nunca tuvo justificación, se ve acorralada por una crisis de gran envergadura que imposibilita invertir recursos públicos en el derribo de inmueble y que, además, sería un expolio”.
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