Solidaritat lleva a la fiscalía los sobresueldos de la Diputación

Solidaritat Catalana per la Independència (SI) ha presentado esta mañana una denuncia ante la fiscalía contra los cuatro últimos expresidentes de la Diputación de Barcelona (Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho y Antoni Fogué), a los que acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos por los sobresueldos pagados a los trabajadores públicos del ente provincial que habían sido destituidos de categoría.

El conocido como caso de la mochilas de la Diputación, se reveló en septiembre, cuando el nuevo Gobierno de la institución (CiU) abrió una investigación sobre la dudosa legalidad de estos sobresueldos. Concretamente, se trata de unos complementos salariales que estableció en el año 2000 Manuel Royes como compensación a aquellos funcionarios que habían sido relegados a una categoría inferior. En las Administraciones es habitual que los funcionarios puedan, eventualmente, disfrutar de una promoción interna y subir de categoría para ocupar puestos próximos a altos cargos políticos y con un sueldo superior. Pero cuando estos eventuales cambian, los funcionarios acostumbran a ser destituidos y vuelven a ocupar su plaza original. Para compensar la diferencia de nóminas entre ambos puestos, se creó estos complementos salariales que desaparecían progresivamente durante cuatro años (periodo que se amplió a 10 años en 2004).

La actual presidencia de la Diputación, en manos de Salvador Esteve, encargó un informe a la Secretaría General de la institución y detectó varias irregularidades en la adjudicación de estos complementos. Entre ellas, el informe asegura que estos sobresueldos, aprobados a través de diferentes decretos de Presidencia, “establecen unas garantías retributivas para los casos de remoción o cese superiores a las legalmente establecidas”. Además, la Secretaría General alega que la Presidencia es un “órgano incompetente” para legislar sobre esta materia. A raíz de este informe, la Diputación suspendió en septiembre, de forma cautelar, la adjudicación de estos complementos a nuevos beneficiarios y encargó un informe a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat.

Solidaritat, que ha hecho de este caso su caballo de batalla particular, pidió, sin éxito, a la Diputación toda la información relacionada con el caso, pero el ente se negó, amparándose en la ley de protección de datos, a facilitar datos como el número total de trabajadores públicos que se han beneficiado de estos sobresueldos, así como el monto destinado a ellos. Ante esta negativa, SI ha decidido llevar el caso hasta el final y ha presentado una denuncia ante la fiscalía para que investigue el caso.

La Diputación se reserva

El líder de SI, Alfons López-Tena, ha acusado a la Diputación de “opacidad” por “bloquear” el acceso a la información de los parlamentarios y ha espetado al actual presidente de la institución que se escudara en el argumento de que era un “secreto oficial”. “Esto es imposible, el presidente de una Diputación no tiene potestad para declarar un tema como secreto”. De hecho, fuentes del ente provincial han reconocido que Esteve “se equivocó” y tuvo un “problema con la terminología”, así que no pesa ninguna protección de este tipo sobre el caso.

Hoy han salido al paso de las acusaciones dos de los exdirigentes del ente. El anterior presidente, Antoni Fogué, ha asegurado que se acordó con luz y taquígrafos pagar a los funcionarios un "complemento personal transitorio" y ha acusado a SI de buscar “petróleo donde no lo hay". Por su parte, Celestino Corbacho, ha calificado de “broma” acusar a los cuatro dirigentes de prevaricación y malversación. Corbacho ha abundado a la emisora COM Ràdio que la Diputación implantó estas remuneraciones en un momento en que el ente provincial estaba traspasando muchos servicios a la Generalitat y ello comportaba que algunos trabajadores perdieran parte de su sueldo, lo que requería una compensación.