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Funcionarios de prisiones y 'mossos' desafían los recortes de Mas

Bloqueo en el acceso a cuatro penales y encierros en dos comisarías. Tregua de fin de semana entre Gobierno y funcionarios

Un grupo de 'mossos', el viernes, durante el encierro en la comisaría de Barcelona situada en la plaza de Espanya.
Un grupo de 'mossos', el viernes, durante el encierro en la comisaría de Barcelona situada en la plaza de Espanya.

A las fuerzas del orden tampoco les gustan los recortes de la Generalitat catalana. Y ayer decidieron plantar cara al Gobierno. En tres cárceles y dos comisarías, los trabajadores públicos desafiaron al presidente Artur Mas. En los centros penitenciarios de Brians I y II (San Esteve de Sesrovires, en el Baix Llobregat), Quatre Camins (La Roca, en el Vallès Oriental) y en la cárcel de la ciudad de Tarragona, grupos de funcionarios de prisiones bloquearon el cambio de turno desde las 7.30 horas. Exigían avances en la negociación del convenio colectivo y protestaban contra los recortes. No fueron los únicos que mantuvieron el pulso todo el día: medio centenar de agentes de los Mossos d’Esquadra se encerraron en dos comisarías.

“Si ellos no quieren negociar, nosotros vamos a luchar”, justificó Toni Castejón, portavoz de CC OO en los Mossos d’Esquadra. Los policías autonómicos iniciaron por la mañana un encierro en la comisaría de la plaza de Espanya de Barcelona y en la de Manresa para protestar por los recortes. Equipados con silbatos y sacos de dormir para pasar la noche, anunciaron que no pensaban moverse hasta que el consejero de Interior, Felip Puig, se sentara a negociar con ellos. Denunciaban que la Generalitat “sí tiene dinero para uniformes nuevos, porque así se autopromociona”, pero que los chalecos antibalas se los tienen que pagar de su bolsillo y se han retirado de la circulación 380 coches patrulla. “No vamos a poder dar un buen servicio con todo lo que nos están haciendo”, lamentó Castejón. Los representantes sindicales dicen que, además, el Gobierno no ha cumplido el acuerdo que alcanzó con ellos hace tres años, según el cual el sueldo de los Mossos iba a crecer hasta igualarse con el del cuerpo de bomberos.

Como medida de presión, los sindicalistas (aunque algunos se desmarcaron de la medida) propusieron que solo se atienda a los ciudadanos en castellano, algo que creen que molestará profundamente al Departamento de Interior. Pasaron la noche encerrados, aunque aseguraron que a las once de la mañana de hoy desalojarían las comisarías, porque la Generalitat accedió a reunirse con los delegados sindicales de CC OO, UGT, SPC, SME y CAT el lunes.

El TSJC investiga si con la protesta se han vulnerado derechos de los presos

También los funcionarios de prisiones se reunirán el lunes con el Gobierno, para negociar su situación. Ayer desbloquearon los accesos a las prisiones hacia las nueve de la noche y aplazaron las movilizaciones a la próxima semana. Llevaban desde las 7.30 protestando a las puertas de los centros penitenciarios, aunque entre las cuatro y las cinco de la tarde permitieron un cambio de turno, para que sus compañeros, que llevaban 24 horas seguidas, pudieran descansar.

A las ocho de la tarde, rozando los cero grados, unos 50 funcionarios de prisiones se arremolinaban alrededor de dos hogueras a las puertas de Brians I y Brians II. "Mañana no protestaremos, porque vamos contra la Administración, no contra los internos. Mañana es día de visitas familiares y no queremos entorpecerlas", explicó uno de los trabajadores. "Pero el lunes, si no hay avances tras la reunión, endureceremos las protestas", advirtió.

El bloqueo de cárceles obligó a suspender 11 juicios y 5 ruedas de reconocimiento

El convenio laboral de los funcionarios de prisiones venció en 2011 y a los recortes que sufren todos los trabajadores públicos en su caso se suman los cambios que el Gobierno quiere efectuar en sus condiciones de trabajo. Según los sindicatos del colectivo, la Generalitat no cede ni propone avances. Aunque las reuniones se han sucedido en las últimas semanas (no era la primera protesta a las puertas de las prisiones), ayer decidieron trastocar la habitual rutina carcelaria para forzar un avance más significativo.

Hacia las tres de la tarde (poco después hubo un cambio de turno), trabajaba el 25% de la plantilla en los centros donde había protestas, lo que supone unos 400 empleados aproximadamente. En Brians I y II trabajaban 83 de los 300 trabajadores; en Quatre Camins, 30 personas de una plantilla de entre 135 y 150 personas; en la prisión de jóvenes de este mismo centro, 21 de 50, y en Tarragona, 15 de 75.

En la cárcel de Figueres (Alt Empordà) un grupo de trabajadores realizó una manifestación de apoyo a sus compañeros más movilizados, pero allí no se impidió la actividad habitual. En los centros penitenciarios donde sí hubo bloqueo, sin embargo, no hubo ni recuento de primera hora ni visitas entre los presos de distintos módulos. En muchos casos, ni salidas al patio, por ejemplo en Brians I y II, donde los casi 3.000 reclusos no abandonaron sus celdas. También se tuvieron que anular traslados a los juzgados. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las reivindicaciones han supuesto que 51 presos no hayan llegado a los juzgados de la capital catalana. Se han tenido que suspender 11 juicios, 5 ruedas de reconocimiento y 3 diligencias de instrucción. La fiscalía del TSJC ha abierto una investigación para determinar si se han vulnerado los derechos de los presos con las protestas.

El director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Ramon Parés, aseguró ayer que su voluntad es seguir negociando con los representantes sindicales de prisiones, pero advirtió de que no tiene “nada más que ofrecer” que la propuesta que el jueves puso encima de la mesa, que no convence a los trabajadores. Aseguran que llevan cuatro años con el sueldo congelado, que en 2011 se les rebajó un 5% y en total llevan perdida más del 15% de su capacidad adquisitiva. Con los ajustes que quieren imponerles en el convenio nuevo, explicaron ayer los trabajadores reunidos a las puertas de Brians (que preferían no identificarse), les recortarán los complementos y los beneficios sociales, por lo que serán mileuristas. Lo que más les preocupa, aseguraron mientras trataban de calentarse junto a una hoguera, es que la falta de nuevo empleo y la precarización de sus puestos acabe afectando a la seguridad en las prisiones.

Con este miedo a la falta de seguridad coinciden los mossos que estaban ayer encerrados en la comisaría de la plaza de Espanya. Aunque el lunes tendrán la reunión para determinar si hay alguna revisión en los recortes, fuentes sindicales aseguraron que continuarán las conversaciones con el Gobierno durante todo el fin de semana. Ambos colectivos han decidido echar el freno a las protestas hasta entonces. Si el lunes siguen en punto muerto, coinciden, seguirán las movilizaciones.

1540 empleados públicos menos

CLARA BLANCHAR

El último paquete de recortes se materializará en la ley de acompañamiento de los presupuestos que está previsto que se apruebe en el Parlament el 15 de febrero. Busca un ahorro de 625 millones de euros en personal y prevé la eliminación de pagas y beneficios sociales y la reducción forzosa de un tercio de jornada para los 7.000 interinos que trabajan en administración y servicios, según fuentes de la Generalitat. Aunque la ley no ha llegado al Parlament, los recortes ya se notan. Durante el último año la Administración catalana ha perdido 1.540 empleados (4,2 al día). Esta cifra comprende desde las jubilaciones y defunciones hasta los despidos de interinos causadas por el adelgazamiento de las estructuras de los departamentos, que han pasado de los 14 del anterior Gobierno a los 12 actuales. La reducción de personal ha afectado especialmente al área de administración y servicios (que ha perdido 1.019 empleados), al sector sanitario (652) y a servicios penitenciarios (247). Solamente los cuerpos de seguridad, con 526 empleados más (en buena parte Mossos de promoción anual), han ganado en efectivos. A todo esto se suma el retraso en la paga de Navidad y la metida de pata de la Administración, que pese a la demora, sí cargó entera en diciembre la retención del IRPF.

Los ánimos han estado relativamente apaciguados coincidiendo con las vacaciones de Navidad, pero esta semana los sindicatos han vuelto a demostrar que están en pie de guerra. El próximo miércoles 18 de enero preparan una gran manifestación de trabajadores públicos. La agrupación Prou Retallades prepara otra gran movilización para el próximo 28 de enero.