Antifraude investiga los concursos que ganó un vocal del Consorcio de Salud

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto una investigación sobre los concursos públicos adjudicados en los últimos años a la empresa de Ramon Bagó, expresidente y consejero del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC). Según publicó ayer EL PAÍS, el Grupo Serhs, que fundó y preside Bagó, y que está dedicado al sector turístico y de restauración, ingresó 3,3 millones de euros desde 2005. Ese mismo año, a través de una filial que agrupa las compañías públicas del consorcio sanitario, Bagó ingresó otros 1,3 millones de euros al adjudicársele la restauración de los centros sanitarios públicos de las comarcas del Maresme y la Selva.

La OAC, que dirige el magistrado en excedencia Daniel de Alfonso, también ha abierto una investigación sobre la duplicidad de cargos en la sanidad catalana por la posible infracción del régimen de incompatibilidades. Esas pesquisas afectan a Bagó, que había sido presidente del Consorcio Hospitalario de Cataluña.

También está en el punto de mira el presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, que el pasado miércoles dimitió del cargo de vicepresidente de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. Ese mismo día, Prat renunció también al cargo de director de Innova, un conglomerado de empresas municipales de Reus, tras la denuncia presentada por la CUP ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un supuesto delito continuado de prevaricación. Pese a la dimisión de Prat, el consejero de Salud, Boi Ruiz, defendió la duplicidad de cargos y la compatibilidad de su actividad privada con la pública argumentando de que no percibía ningún ingreso del ICS, excepto dietas.

Las subvenciones públicas al Grupo Serhs datan de hace más de 20 años. Ya en su época de alcalde de Calella por CiU, obtuvo para Serhs contratas por importe de 39 millones de pesetas entre 1992 y 1995 procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña. Ese organismo dependiente de la Generalitat, que dirigió Joan Cogul, fue sometido en su día a una investigación judicial que acabó con varias condenas de cárcel. De aquella fecha data también la subvención de 36 millones de pesetas que recibió la Asociación Catalana de Parques Acuáticos, dirigida por un cuñado suyo.

Los mecanismos para financiar la sanidad pública a través de hospitales privados contratados por la Generalitat generan situaciones de ética dudosa en casos como el del CSC. El organismo público asesora y representa ante la Administración a 44 hospitales y 76 ambulatorios concertados por el Gobierno catalán, y estos centros pueden incluso externalizar su gestión. Es el caso, por ejemplo, de la Corporación de Salud Maresme y la Selva (CSMS), que agrupa los centros sanitarios de Blanes y Calella, y que adjudicó en 2005 un contrato de 1,3 millones de euros anuales a Serhs.

El Consorcio de Salud dispone de “poderes legales suficientes para gestionar y administrar” los cerca de 90 millones de euros que la CSMS recibe anualmente del Gobierno catalán y solo debe responder ante su consejo rector, integrado por un representante del Departamento de Salud y otros de los Ayuntamientos de Calella, Blanes y Lloret de Mar. Esos consistorios, sin embargo, son los mismos que piden asesoramiento al consorcio, lo que deja al CSC amplio margen de maniobra.

Así lo retratan casos como el de Xavier Crespo, alcalde de Lloret entre 2003 y 2011, y responsable de la comisión de Salud en el Parlament, que en 2007 fue investigado por la Sindicatura de Cuentas sobre la compatibilidad de su cargo con supuestos pagos procedentes de una empresa de la CSMS. El caso se cerró a favor de Crespo, pero con el voto discrepante del síndico Agustí Colom. Este lamentó que la sindicatura obviara “diversas operaciones efectuadas por Centres Mèdics Selva Maresme [centro integrado en la CSMS] entre 2000 y 2005 por un importe superior a los 350.000 euros y que podían derivar responsabilidades sobre Crespo”.

La CSC, por su parte, envió ayer a este diario una nota de protesta en la que detalla que no se financia directamente de la Generalitat —cobra una cuota a sus asociados, quienes reciben dinero del Gobierno catalán—. También detalló que asesora los concursos y adjudicaciones de estos centros sin realizarlos directamente, por lo que se reserva el derecho a ejercer acciones legales.