Pobreza de país

Un país con altas tasas de pobreza y alto crecimiento de paro es un país debilitado para hacer frente a los retos económicos y sociales que plantea la crisis. Pero un país que no tiene como objetivo prioritario la lucha contra la pobreza es un país sin ambición, ni ilusión, al carecer de un proyecto aglutinador y generador de capital social. Él mismo debe ser considerado un pobre país.

La Unión Europea considera personas pobres aquellas cuya renta es inferior al 60% de la renta media. Un pobre país debe medirse por la ausencia de objetivos sociales para dirigir las políticas públicas y el crecimiento superior a la media europea de las variables del malestar social: paro, fracaso escolar, pobreza, inaccesibilidad a vivienda, malos tratos, suicidios e inseguridad.

Las ciencias sociales, y muy en especial la economía, están dejando muy claro que el desarrollo de un país depende de su grado de cohesión social. El auge y la decadencia de ciudades y naciones dependen de la capacidad de organización y acción compartida de la ciudadanía para responder a los retos que tiene planteados el territorio en el que vive y trabaja. Esta capacidad se expresa en la confianza de la ciudadanía en un proyecto de país, en su voluntad de convivir y cooperar con otros ciudadanos y con el tercer sector. Afrontar la crisis, significa disponer de una estrategia y de unas políticas capaces de movilizar y poner en valor los recursos humanos y físicos existentes en el territorio.

Un pobre país es aquel que quiere atraer o retener capitales por su bajo nivel impositivo, porque promoverá una economía débil y dependiente basada en los valores que promueven la especulación. A la vez, su Gobierno rebaja unilateralmente los servicios y prestaciones que previamente había garantizado porque genera desconfianza y opta por aliviar directamente las deudas de los bancos, generando déficit y deuda pública, mientras mira impasible los desahucios por parte de los mismos bancos. Un pobre país también es aquel que opta por someterse sin rechistar a los dictados internacionales, aun constatando que son perjudiciales para los intereses de la ciudadanía, que opta por reducir el gasto público perjudicando a las rentas mínimas y levanta una sospecha generalizada de fraude hacia los más vulnerables, porque genera, no ya pobreza, sino miseria. Estas políticas generan una quiebra del sentimiento de lo público, de lo que es de todos, y alteran la base social sobre la que debe enraizarse el futuro del país y desactivan su bien más preciado: la ciudadanía.

Vivimos un momento excesivamente delicado. Estamos delante de una gran ocasión para desplegar políticas integrales que tengan, como prioridad, la reducción y erradicación de la pobreza humana en el territorio. Se trata de levantar un proyecto compartido global y realista presidido por objetivos de cohesión y equidad social en el que los representantes políticos ejerzan su liderazgo democrático, para articular con políticas los intereses legítimos de la mayoría de actores y sectores de la ciudadanía.

Un proyecto sólido de país debe contar no solo con el respaldo de la ciudadanía, sino con su participación en el mismo. En este sentido, el tercer sector no lucrativo es esencial para que la ciudadanía se active socialmente y pueda intermediar para que las personas no se restrinjan solo al ámbito privado y desarrollen su dimensión de responsabilidad y compromiso cívico y social.

Prevenir o reducir la pobreza no es un proceso sencillo en el cual queden claramente delimitadas las actuaciones y responsabilidades de los diferentes actores. Más bien al contrario, es un proceso complejo del cual todos los agentes son responsables. La pobreza provoca discriminación, dolor, exclusión social, vulnerabilidad, pero también empuja a encontrar ideas y soluciones para mejorar esta situación. Luchemos contra la pobreza y la desigualdad y evitemos que el nuestro sea un pobre país.