Morir por una chapuza

María Castellet abandonó la oficina de Correos, se encontró a Concepción y empezó a charlar con ella. Sobre sus cabezas, a siete metros de altura, un operario trabajaba en la terraza de un edificio con un martillo eléctrico. De repente, la cornisa se desprendió. Concepción se llevó un susto tremendo y tuvo que ser atendida por ansiedad. María se llevó la peor parte. Dos bloques de hormigón de grandes dimensiones le aplastaron el tórax y las piernas. Murió.

Casi cuatro años después, la investigación de aquel accidente mortal ha llegado a su fin. Y ha puesto de relieve que era una tragedia más que anunciada por la absoluta falta de medidas de seguridad en aquella vivienda en obras de Sentmenat (Vallès Occidental). Un constructor, Josep A. C., y dos arquitectos técnicos, Albert M. B. y Pablo M. T., irán a juicio acusados de un delito de homicidio por imprudencia grave. La fiscalía pide para ellos tres años y medio de prisión e inhabilitación por el mismo periodo.

Los operarios debían retirar el muro que rodeaba la terraza. Pero ni los aparejadores -que ejercían como coordinadores de seguridad- ni el constructor -encargado de la obra- tomaron medidas para evitar que los escombros cayeran sobre los viandantes. La fiscalía recuerda que debieron instalar una red tupida o una valla anclada a la fachada. Pero no lo hicieron, pese a que sabían que los trabajos ya estaban en marcha.

El constructor se limitó a decir a sus empleados que colocasen unas vallas metálicas, en la acera, para alejar a los transeúntes de la zona. Pero sabía que la medida era "inviable", según el fiscal, porque en los bajos del edificio hay un garaje y una oficina de Correos y no se habían solicitado los permisos para bloquear, aunque fuese de forma temporal, los accesos. El riesgo estuvo ahí, latente, durante varios días, hasta que el 6 de febrero de 2007 la cornisa cedió y acabó con la vida de María, una mujer de 66 años y madre de tres hijos. Otro ciudadano también resultó herido por la caída de cascotes de hormigón.

La acusación particular, que ejerce la abogada Judit Gené en nombre de los hijos, señala que "no se había realizado ninguna visita oficial" a la obra antes del siniestro. Albert M. B. admitió, en su declaración como imputado, que pasó por allí "de forma casual", y el otro aparejador, Pablo M. T., dijo que acudió una vez y que fue incapaz de comunicarse con el trabajador. Las medidas de seguridad, sigue el relato de la abogada, "resultaron ser a toda luz insuficientes e inútiles", ya que las vallas de la calle no cubrían todo el perímetro de la fachada, sino que dejaban desprotegido un espacio de seis metros, donde ocurrió el accidente.

El peligro era "totalmente previsible". Y más si se tiene en cuenta que una oficina de Correos es un lugar transitado. La falta de protección se agravaba por el método que emplearon los trabajadores para verter los escombros. Según admitió el operario, habían recibido quejas de los vecinos porque los tiraban directamente desde el segundo piso a un contenedor, "sin usar ningún tubo de seguridad ni otro método", según la acusación, que pide cuatro años para los tres acusados, así como para la arquitecta y directora facultativa de la obra, María Cristina S. M. Además, el plan de seguridad está fechado el mismo día que ocurrió el accidente, horas después.