Los vecinos quedan en un segundo plano en la nueva Rambla de Trias

El gobierno de Xavier Trias relega a un segundo plano a las entidades vecinales del distrito de Ciutat Vella en sus planes de transformación del paseo de La Rambla de Barcelona. El llamado Pla Cor persigue poner en orden la mundialmente conocida Rambla tomando en consideración, de forma preferente, las opiniones de todos los agentes económicos, culturales y sociales que rodean el paseo. En ese primer círculo también se encuentra la Asociación de Amigos, Vecinos y Comerciantes de la Rambla. El resto de las asociaciones y entidades del distrito –muchas de ellas críticas con el gobierno municipal-. así como los consejos de barrio, no estarán integrados en ese primer círculo del proceso, que han bautizado con el nombre de Rambla Viva.

El proyecto, cuyas actuaciones y calendario están pendientes de determinar, supone una inversión de 10 millones de euros en un plazo de seis años, entre 2012 y 2018. La reducción del tráfico, la colocación de más sillas en el paseo y la eliminación de señales de tráfico y  mobiliario urbano son algunas de las ideas.

El primer elemento que se someterá a este proceso de debate son las estatuas humanas del paseo. Sin querer avanzar cuál es la intención del gobierno municipal antes de sentarse con los afectados –lo harán el próximo 12 de enero-, los técnicos del distrito apuntan que la idea es introducir una tasa por ocupación del espacio público como una forma de regular esa actividad. El alcalde ha explicado que los quioscos que sustituyeron a los pajareros –de estos quedan dos, y seis se transformaron en tiendas de recuerdos y helados, entre otros productos- “son horribles y se deben quitar”.

Cómo y cuándo se hará, y cuánto costará, no se determina: “Mientras esté el litigio judicial, no se podrá cerrar”, sostiene la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs. Y el asunto puede ir para largo. El Ayuntamiento ha planteado a los tribunales de lo contencioso la anulación del convenio que firmó con los titulares de los puestos de venta de animales de La Rambla. Ese convenio les reconocía el derecho vitalicio –ya lo tenían– para explotar los nuevos negocios. Revocar ese convenio comportará la necesaria indemnización por el cese de actividad, por lo que es más que previsible que la parte que no esté de acuerdo con la sentencia, sea el Ayuntamiento o los afectados, la recurra.