La insumisión se instala en el poder

La oposición al Gobierno se hace cada vez más desde las comunidades autónomas. Los líderes autonómicos han asumido como forma habitual de hacer política el enfrentamiento al Gobierno central. Unas veces lo hacen con la reivindicación pública de posiciones contrarias a las del Gobierno y otras extremas, como ha ocurrido con la ley del aborto, planteando la insumisión a una norma aprobada en las Cortes. Para esta última opción, obviamente, no existe la más mínima base legal.

"Algunos presidentes autonómicos quieren mantener a la vez la irresponsabilidad de estar en la oposición y la repercusión política y pública de ostentar su cargo. Se ha perdido la vieja idea del interés general", asegura Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas. La ley del aborto es el caso más claro de esa estrategia, porque varias comunidades del PP, encabezadas por Murcia, han pasado de la resistencia pasiva o el entorpecimiento de su aplicación a la oposición activa a la ley, según explica la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón. Se han declarado insumisos, aunque la ley haya sido aprobada con votos de todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP.

Jordi Sevilla: "Hay más confrontación que cooperación. No tiene sentido"

Elorriaga: "Los líderes autonómicos logran así proyección nacional"

PSOE y PP han tratado en vano de aprobar leyes de colaboración

El artículo 155 permitiría al Estado excepcionalmente etirar competencias

Viene a ser como si el Gobierno español incumpliera una directiva europea y, además, hiciera público su propósito de hacer caso omiso de su contenido. Todo porque se ha convertido en rentable política y electoralmente gobernar en las comunidades autónomas haciendo oposición al Estado. No es solo la defensa de los intereses particulares de la comunidad cuando no coinciden con los del resto, sino también el explotar esa actuación política, que se sepa que se discrepa.

No importa que quien gobierne tenga el mismo color político.Porque hay ejemplos en los dos grandes partidos y, desde luego, entre las formaciones nacionalistas. Así, José Bono, cuando era presidente autonómico de Castilla-La Mancha y gobernaba Felipe González, se opuso al campo de tiro de Cabañeros y al paso de la autovía por las Hoces del Cabriel. Y su sucesor, José María Barreda, ha seguido la misma senda con el rechazo al trasvase Tajo-Segura cada vez que se aprueba un nuevo caudal para esa obra hidráulica en el Consejo de Ministros.

Otro caso llamativo fue la insumisión de los gobiernos de Madrid y Valencia sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. En Valencia, incluso, el Gobierno autonómico llevó al extremo su decisión de poner palos a las ruedas de la norma estatal al imponer que la materia se impartiera en inglés.

Joan Lerma, senador del PSOE, ex presidente valenciano, ex poderoso barón regional de los socialistas y ex ministro de Administraciones Públicas, sostiene que para encontrar explicación "hay que remitirse a lo que fue el origen del Estado de las autonomías", cuando las comunidades "nacieron desde la reivindicación contra el Estado, especialmente desde Cataluña y el País Vasco".

Desde entonces, asegura Lerma, los presidentes autonómicos prefieren actuar desde el enfrentamiento a Madrid, y ahí encuentran un punto de apoyo para hacer política.

En su opinión, esta interpretación ya no tiene sentido, lo deseable sería dejar de actuar desde el enfrentamiento y situar en el primer plano la cooperación.

El término cooperación, curiosamente, es utilizado también por Jordi Sevilla como el que debería definir el funcionamiento del Estado autonómico. "Hay más confrontación que cooperación y eso no tiene sentido", asegura Sevilla.

"Hay que recuperar la agenda de la España plural, porque tenemos un Estado a medio hacer que alienta el 17 más uno y no la idea de trabajar juntos en la cooperación", asegura. En su mandato como ministro se puso en marcha la Conferencia de Presidentes, aunque no han terminado de cuajar como foro de cooperación entre las distintas administraciones.

Curiosamente, los gobiernos del PP y del PSOE han intentado en sus momentos la aprobación de leyes de cooperación para "ordenar" el Estado autonómico en ese sentido. Y en los dos casos, los proyectos de ley han sido depositados en cajones de los que nunca han vuelto a salir, después de airearse la intención de aprobarlos en las Cortes.

Gabriel Elorriaga, diputado del PP, fue como secretario de Estado de Organización Territorial del Estado en el último Gobierno de José María Aznar, el impulsor de la norma que no pasó ni siquiera el trámite del debate de totalidad por la resistencia de los partidos nacionalistas.

Según Elorriaga, "a los presidentes autonómicos la confrontación les permite encontrar un espacio informativo en el ámbito nacional, es decir, les proyecta a la política nacional y por eso es rentable políticamente".

Añade que eso produce un fenómeno peculiar de enfrentamiento entre dirigentes de un mismo partido". El caso más extremo y singular sería el del PSC, que formalmente es un partido distinto del PSOE, pero está presente en su Ejecutiva y en el Gobierno.

Las modalidades de insumisión legal o resistencia a la aplicación de leyes estatales tienen distintos grados y van desde la falta de diligencia para aplicar la norma estatal, la aprobación de reglamentos de rango inferior que dificultan su desarrollo y, solo en casos muy limitados, el anuncio de no aplicación de la norma, como hizo Murcia con la del aborto.

Obviamente, queda la vía legal e institucional del recurso al Tribunal Constitucional o el conflicto de competencias, pero que no lleva aparejada la suspensión de la aplicación de la ley si el recurrente es el Gobierno autonómico. Solo tiene efectos necesariamente suspensorios si es el Estado quien recurre. Por ejemplo, los parlamentos de La Rioja y Castilla y León tienen impugnada la ley que permite recurrir el concierto vasco solo ante el Tribunal Constitucional, pero la norma está plenamente en vigor.

Ejemplo de falta de diligencia en la aplicación de la norma hasta desvirtuarla es la ley de Dependencia, que fue aprobada por el Congreso y el Senado, pero que deja en manos de las comunidades su aplicación y algunas, por falta de recursos o por posición política, se resisten a ponerla en marcha. Madrid y Valencia regularon una especie de silencio negativo, según el cual si el dependiente no recibía respuesta quedaba en un limbo administrativo que le dificultaba volver a solicitar su ayuda desde cero.

En la ley del aborto anterior, la Comunidad de Madrid aplicó una norma sobre residuos sanitarios para que interviniera el Seprona, la unidad de la Guardia Civil encargada del medioambiente. Y en Navarra, el Gobierno foral logró que no hubiera abortos legales en su comunidad derivando los casos a los hospitales de Aragón, con un convenio entre ambas comunidades que, en la práctica, extendía la objeción de conciencia individual hasta hacerla aplicable a todo el colectivo sanitario.

Otra fórmula es la de sortear las decisiones del Gobierno central o las leyes estatales aprobando normas autonómicas de inferior rango para sortearlas. Por ejemplo, en 1988 el Gobierno castellanomanchego declaró Cabañeros parque natural para frenar la decisión de Defensa de convertirlo en un campo de tiro. Y Esperanza Aguirre utilizó un decreto autonómico para mitigar la aplicación de la ley antitabaco y ahora hay comunidades como Madrid y Valencia que han anunciado leyes de apoyo a la maternidad para interferir en la aplicación de la nueva ley del aborto.

En alguno de esos casos, como el de la ley antitabaco en Madrid, la Justicia terminó por anular la norma autonómica, por ser contraria a la estatal, abortando el intento de boicot autonómico. En el caso del aborto, a instancias de Nafarroa Bai se incluyó una enmienda para garantizar la atención dentro de la comunidad autónoma.

Jordi Sevilla sostiene que ese funcionamiento del Estado "fomenta el sentido de la irresponsabilidad, porque sus dirigentes no actúan en su papel institucional, sino en el de líderes políticos. Se sienten siempre en la oposición, en la que se puede ser irresponsable". En su opinión, ese es "un agujero negro de nuestro modelo autonómico" y "el diálogo institucional debería hacer que se sientan parte del Estado y abandonen la confrontación, para recuperar la vieja idea del interés general".

Ese funcionamiento del Estado ha convertido a los presidentes autonómicos en contrapoderes del Gobierno central. Y en los partidos los barones regionales han terminado por desempeñar un papel fundamental. En el PSOE la influencia interna de los barones ha sido siempre un hecho, mientras que en el PP es mucho más reciente, hasta el punto de que gran parte de la labor de oposición la desempeñan en la práctica desde los respectivos gobiernos autonómicos. Su poder y capacidad de influencia llenan de hecho el vacío en la labor de oposición del PP, hasta liderar la confrontación por la subida del IVA, las cajas de ahorros, la educación y hasta el aborto.

¿Qué se puede hacer legalmente si una comunidad incumple una ley de las Cortes o impide su aplicación? Joan Lerma asegura que el único mecanismo posible es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según el cual una comunidad puede ser requerida para que cumpla la norma y hasta le puede ser retirada la competencia. El artículo, no obstante, tiene efectos tan devastadores que nunca ha sido aplicado.

"Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", asegura este artículo.

Mariano Bacigalupo Sagesse, profesor de Derecho Administrativo de la UNED, asegura en el análisis de la Constitución de la web del Congreso, que ese artículo supone "un mecanismo de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo (y alcance incluso coercitivo), para situaciones igualmente excepcionales o extremas, consistentes en el incumplimiento por aquellas de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés general de España". Ese artículo es casi idéntico al artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución de la República Federal de Alemania. Según Bacigalupo, "el carácter altamente excepcional del mecanismo previsto en ese artículo se manifiesta en su, hasta la fecha, inexistente proyección práctica o aplicativa".