Erosión de la democracia, hostigamiento a la prensa y represión de activistas: las libertades en América ante un “retroceso generalizado”

Los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, la prensa y demás miembros de la sociedad civil enfrentan un panorama hostil en prácticamente toda América. El informe Poder Ciudadano 2025 —publicado este martes por la plataforma de investigación colaborativa CIVICUS Monitor— señala que solo 10 de los 35 países del continente tienen un entorno cívico “abierto”, mientras que todos los demás se encuentran “bajo presión” en diferentes grados. Esta conclusión, según el documento, muestra un “retroceso generalizado” de las libertades en la región.

Poder Ciudadano es un informe anual que desde 2018 evalúa el estado de las libertades civiles en el mundo durante los últimos doce meses. Esta última edición, que se publica un día antes de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, presenta a una América “sometida a una dura prueba”, debido a los ataques contra periodistas, la detención y el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y el uso de fuerza excesiva durante las protestas.

El informe ubica a los espacios cívicos de los países del mundo en cinco categorías: cerrado, reprimido, obstruido, reducido y abierto (en orden de peor a mejor). Entre los 35 países americanos, el entorno cívico obtiene la calificación de “cerrado” en tres países, “reprimido” en siete, “obstruido” en seis, “reducido” en nueve y “abierto” en diez. En cuanto a la distribución poblacional, un 90% de los habitantes del continente se encuentran en países de las dos peores categorías, con un 60% en espacios cívicos obstruidos y otro 30% en espacios cerrados.

Cuba, Nicaragua y Venezuela aparecen en la peor categoría, como ya lo hicieron en informes anteriores. “En un espacio cívico cerrado, entendemos que es imposible ejercer cualquier tipo de participación ciudadana en las calles, llámese protesta, libertad de expresión, capacidad para asociarse o trabajar de forma organizada con otros colectivos u organizaciones”, explica por videollamada Ana María Palacios, investigadora para las Américas del CIVICUS Monitor.

Pero la novedad del informe es el “deterioro de democracias consolidadas”, como Estados Unidos y Argentina, que están mostrando “señales de una rápida deriva autoritaria, marcada por el debilitamiento del Estado de derecho y crecientes restricciones a la sociedad civil independiente”. Los espacios cívicos de estas dos naciones descendieron de la categoría de “reducido” a la de “obstruido”. En el caso de Argentina, es la primera vez que cae de categoría desde que se publica el informe.

Países que descienden

Para Palacios, Argentina y Estados Unidos ejemplifican el retroceso regional marcado por un “rápido deterioro”. “En menos de un año ambos países han generado deterioro suficiente en las libertades civiles como para levantar la alarma”, afirma.

La investigadora explica que el caso de Estados Unidos está marcado por una “concentración del poder en manos del Ejecutivo, órdenes ejecutivas que han restringido los fondos de cooperación internacional y el desmantelamiento de las instituciones federales”. Asimismo, Palacios destaca “la militarización de las calles” en respuesta a las protestas que han surgido contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y en defensa de las comunidades migrantes.

Otro factor relevante para la calificación de Estados Unidos fue el “recrudecimiento de la persecución y criminalización de quienes manifiestan solidaridad con el pueblo palestino”. Palacios explica que, si bien no es un tema nuevo—en el gobierno anterior de Joe Biden se comenzó a documentar “una ola claramente represiva”—, con el regreso de Donald Trump al poder en este segundo mandato se ha documentado un “uso indebido de las leyes migratorias para perseguir a quienes han denunciado los crímenes internacionales cometidos por Israel o han tenido una postura crítica”. Según Palacios, el Gobierno ha utilizado “leyes que datan de los años cincuenta” para calificar a estas personas “como terroristas y como una amenaza directa a los intereses de Estados Unidos”.

Argentina, por su parte, también vio un recrudecimiento de la represión debido a las reformas al derecho a la protesta impulsadas por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. Para la investigadora, el llamado “protocolo antipiquetes” ha generado un “uso excesivo de la fuerza”. “Estamos viendo una vuelta preocupante en Argentina, otro de los países que históricamente se ha conocido por sus instituciones democráticas consolidadas”, dice Palacios, y agrega que el “desmantelamiento de las instituciones del Estado” puede seguir “una línea muy similar a la de Estados Unidos”.

El Salvador es otro de los países que empeoraron su calificación en este nuevo informe, al pasar de “obstruido” (tercera posición) a “reprimido” (la segunda peor). De acuerdo con Palacios, este retroceso del país centroamericano “no responde a hechos concretos del 2025”, sino a “una erosión sistemática de las libertades cívicas”, que se remonta a la llegada del presidente Nayib Bukele, en 2019, y al estado de excepción decretado en 2022 que aún sigue vigente.

“Pasamos de casos en los que había detenciones arbitrarias de líderes comunitarios a detenciones de quienes han liderado procesos de anticorrupción en el país, como es el caso de la defensora y abogada de derechos humanos Ruth López, que sigue detenida”, señala la investigadora. Palacios también resalta las “represalias contra quienes han salido a manifestarse” con el objetivo de “asfixiar completamente a la sociedad civil que es independiente y crítica contra el gobierno”.

Defensores de derechos humanos en la mira

Desde CIVICUS Monitor afirman que América se mantiene como la región más mortífera del mundo para los defensores de los derechos humanos. Los datos muestran que entre las violaciones de derechos cívicos más comunes en el continente están la detención y el asesinato de este tipo de activistas (la lista la completan los ataques y la intimidación a periodistas y el uso excesivo de la fuerza en protestas).

En doce países (entre ellos Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú) se documentaron “casos de activistas asesinados por su labor”. El informe advierte sobre el aumento de “detenciones arbitrarias, criminalización y campañas de desprestigio” contra estas personas, con un impacto “especialmente devastador para quienes defienden los derechos LGBTQI, la democracia o el medio ambiente”.

En el caso de los ambientalistas, el informe destaca el Acuerdo de Escazú, un tratado regional de 2022 para ofrecer salvaguardias a estos activistas, pero que muchos Estados siguen sin ratificar. Para los investigadores, este acuerdo es “una necesidad regional urgente” porque establece obligaciones para garantizar que los defensores del medio ambiente puedan llevar a cabo su labor sin sufrir violencia.

“Aunque el Acuerdo de Escazú sigue sin aplicarse plenamente y hay escasos avances en esa línea, tenemos Estados como Chile, el cual está intentando ir más allá con el desarrollo de planes nacionales alrededor del acuerdo”, afirma Palacios, y subraya que los otros países firmantes deben “hacer más para traducir los compromisos en planes de acción prácticos”.

En algunos casos, las amenazas a defensores de los derechos humanos llegan a sobrepasar las fronteras nacionales. Desde CIVICUS Monitor señalan que los activistas exiliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua se han convertido “cada vez más en blanco de ataques”. “En cuanto a represión transnacional, el caso más representativo es Nicaragua, ya que el exilio no es un lugar seguro para muchas de las personas defensoras que han tenido que huir”, agrega Palacios.

Los investigadores han documentado incidentes como agresiones y asesinatos, y ponen el foco en el caso de Roberto Samcam, un exmilitar nicaragüense convertido en opositor del régimen de Daniel Ortega que en junio de este año fue asesinado en su casa en Costa Rica, donde vivía en condición de refugiado político desde 2018.

La persecución transnacional afecta también a los exiliados venezolanos en Colombia, especialmente tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024. Los investigadores usan como ejemplo un atentado del pasado octubre, en el que el defensor de los derechos humanos venezolano Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche fueron atacados y heridos de bala en Colombia.

“El ataque a las libertades civiles se extiende más allá de los países con las peores restricciones del espacio civil, incluso en países donde las libertades civiles están ampliamente protegidas”, sentencia el informe.