La CIDH instala un grupo de expertos para esclarecer el asesinato de la activista Berta Cáceres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado este viernes de que instalará en Honduras un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI) para investigar la autoría intelectual y los delitos conexos tras el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016. La creación de este grupo es resultado de un acuerdo entre la CIDH, el Estado hondureño, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Se trata de un importante avance en un país carcomido por la violencia y la impunidad. El acuerdo, además, establece que los expertos propondrán un plan de reparación integral para las comunidades afectadas por la violencia perpetrada a raíz de la instalación del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”, al que se oponía Cáceres. “Estas experiencias de grupos de expertos han sido muy efectivas en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como ocurrió en México, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”, dice Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL en Centroamérica y México.

Este es el cuarto grupos de expertos que se instala en América Latina para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. Además del de México, también hubo uno en Nicaragua para determinar la autoría de decenas de muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega en 2018. Ortega ordenó, meses después, la expulsión de los expertos de la CIDH. En el caso de Honduras, el GIEI proporcionará asistencia técnica en la investigación sobre la autoría intelectual y otros delitos relacionados con el asesinato de Cáceres. “Sabemos de que, gracias al enorme esfuerzo de la familia, de las organizaciones de derechos humanos, el caso ha avanzado. Este grupo va a sentar sin duda un precedente respecto al pleno esclarecimiento de este hecho. Entender qué intereses, sobre todo intereses económicos o políticos, estaban detrás del asesinato. Será un precedente para la región y para Latinoamérica, porque los asesinatos de personas defensoras, de mujeres defensoras, quedan en la impunidad”, afirma Paz y Paz.

La ambientalista y líder indígena fue asesinada en su casa en marzo de 2016, a pesar de que la CIDH había obligado al Gobierno en 2009 a brindarle protección policial. El asesinato de Cáceres se sumó a la lista de homicidios y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras, uno de los países más violentos del mundo para los activistas. Un informe de Naciones Unidas publicado en marzo pasado afirma que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron durante 2023, con unas 561 personas víctimas de agresión y al menos 15 defensores y dos reporteros asesinados. Un tribunal hondureño condenó en noviembre de 2018 a siete personas relacionadas con el asesinato de Cáceres. Entre los condenados están los tres sicarios que dispararon contra la ambientalista, tres exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía. Castillo fue condenado en 2021 tras ser señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato. La Fiscalía afirmó en su acusación que el entonces presidente ejecutivo de DESA pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares para cometer el crimen.

La creación del grupo de expertos, si bien celebrada por las organizaciones de derechos humanos, también crea dudas sobre si el Gobierno hondureño dará todas las condiciones para que pueda hacer su trabajo. “Es indispensable que se le facilite a este grupo todo el acceso a los expedientes, a la información, traslados con seguridad, acceso a todas las fuentes posibles para que ayuden esclarecer el caso, porque de eso depende mucho el éxito del trabajo del grupo”, recomienda Paz y Paz. “Es una situación excepcional, porque el grupo llega con la voluntad, el consentimiento, la invitación del Estado de Honduras. Por eso esperamos que cuente con toda la colaboración, por supuesto, de las autoridades del el Poder Ejecutivo, de la Fiscalía, que es con la que más de cerca van a trabajar para poder avanzar en las investigaciones, y del poder judicial, si fuera necesario”, agrega la defensora de derechos humanos.