¿Quién democratiza a quién? La sociedad organizada y la lucha silenciosa por el cambio en Venezuela

Venezuela enfrenta un momento decisivo. ¿Seguirá Nicolás Maduro en el poder o avanzará la oposición hacia una transición? Más allá de esta encrucijada fundamental, el futuro democrático del país depende de un actor clave y frecuentemente ignorado: la sociedad organizada. Este sector diverso, profundamente conectado con las demandas ciudadanas, puede convertirse en un motor decisivo para una posible democratización.

Durante 25 años, la coalición autoritaria ha priorizado la concentración de poder y los privilegios de sus élites. El desmantelamiento del sistema público ha dejado a la ciudadanía sin garantías o servicios básicos. Este deterioro ha profundizado la desigualdad, precarizado la vida y exacerbado la desconfianza en el Estado.

En el pasado, la oposición minó su credibilidad con estrategias fallidas como boicots electorales, intentos de golpe, el “gobierno interino” y sanciones sectoriales. Aunque desde 1999 ha logrado victorias y alianzas significativas, la falta de coordinación sostenida en su estrategia ha contribuido a apuntalar al chavismo en el poder. Un punto de inflexión reciente fue el retorno al camino electoral de quienes se agrupan en la Plataforma Unitaria en 2024 así como de María Corina Machado. Su participación permitió a la oposición reconectar con la sociedad y movilizarla en torno al anhelo de cambio, demostrando que jugar bajo las “reglas del juego” en un contexto autoritario puede ser clave para avanzar políticamente.

En la última década, sin embargo, la pérdida de legitimidad del gobierno y el declive de la representatividad opositora tradicional han reconfigurado el espacio público, dando a las organizaciones sociales y humanitarias un protagonismo decisivo. En condiciones de adversidad extremas, estos actores han atendido problemas inmediatos, como la falta de alimentos y medicamentos, han articulado demandas colectivas, han conectado comunidades con redes de apoyo local e internacional y han posicionado los valores democráticos y de reivindicación de derechos como eje central de su acción.

Como sugiere el antropólogo estadounidense James C. Scott en una de sus obras más conocidas, Los dominados y el arte de la resistencia (Weapons of the Weak en el original en inglés), en contextos donde el poder despótico es demasiado cruento para enfrentarlo directamente, las comunidades desarrollan estrategias sutiles de resistencia que, aunque no siempre visibles, se acumulan en el tiempo logrando ser profundamente efectivas.

Venezuela es un buen caso para repensar el arte de la resistencia y la acción colectiva, silenciosa en contextos de arbitrariedad. A través de la defensa de derechos humanos, la creación de espacios para la deliberación comunitaria y su compromiso constante con las necesidades ciudadanas más inmediatas, las organizaciones locales se han consolidado como actores clave en el panorama sociopolítico, resistiendo y desafiando las limitaciones impuestas por el régimen autoritario. Su labor, aunque discreta y a menudo invisibilizada, ha aportado algo más profundo: ha configurado un tejido social basado en la confianza, la cooperación y la acción colectiva sistemática.

Ejemplos comunitarios y de la sociedad organizada muestran cómo, incluso bajo represión, las organizaciones locales han logrado articular formas de resistencia y solidaridad que desafían las narrativas del gobierno. Estas experiencias demuestran que la acción colectiva coordinada es esencial para restablecer el tejido social y mellar el poder autoritario. Tenemos como ejemplo, las redes de periodistas y de medios digitales de información que se han aliado y han ideado medios creativos para ejercer su labor periodística a través de personajes creados por la Inteligencia Artificial. Esta alianza ha permitido encarar de manera articulada y colectiva el poder opresor de la censura. Están las madres de los adolescentes privados de libertad, que, actuando en trama con activistas y militantes de base, han logrado erigir su denuncia y reclamo por la libertad de sus hijos, avanzando asimismo la liberación de los presos políticos. Existe una comunidad de profesores universitarios e investigadores, articulados con pares en la diáspora, comprometidos con no dejar morir la vida académica y las universidades venezolanas. El país cuenta con un vibrante, pero también amenazado movimiento de derechos humanos, colectivos de artistas y de acción cívica que ha venido documentando los reclamos de verdad, justicia y reparación para los familiares sobrevivientes de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Paradójicamente, en un contexto autoritario que inhibe la participación ciudadana, estas organizaciones han logrado construir una agencia que trasciende la respuesta a necesidades urgentes. Mediante la defensa de derechos humanos, la creación de espacios para la deliberación y su compromiso con las demandas de la población, se han convertido en actores clave del panorama sociopolítico venezolano. Su legitimidad, forjada en acciones concretas junto a las comunidades, las posiciona como referentes centrales en el imaginario colectivo y en los debates sobre el futuro político del país.

Este capital social y político, sin embargo, enfrenta el riesgo de ser instrumentalizado por las élites políticas, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición. Encara, además, el desafío de evitar caer en la trampa de la confrontación antagónica que ha tendido el gobierno, históricamente hábil en el “divide y vencerás” que tanto daño ha hecho a la oposición política venezolana. Preservar la autonomía será crucial para garantizar su capacidad transformadora y democratizadora, protegiendo su conexión directa con las demandas de la ciudadanía. Protegerse de las trampas que atizan el antagonismo interno, resulta decisivo para resistir la bota militar y avanzar en las tramas que permiten mantener y recuperar los espacios cívicos que se han reducido.

Replantear el futuro político bajo una democracia tutelada por partidos o un modelo personalista centralizado ignora el creciente anhelo de participación activa de la sociedad. El desafío de construir una sociedad democrática y abierta tras años de autoritarismo no se limita a desplazar al oficialismo del Estado. Implica también un replanteamiento de las prácticas democráticas liberales dentro de las propias élites anti-chavistas. Exige igualmente en el seno de la heterogeneidad de la sociedad organizada profundizar las subjetividades democráticas y no caer en la tentación del antagonismo aupada desde el poder autoritario.

En este sentido, el pluralismo, el respeto a las minorías y la promoción de una sociedad abierta deben ser principios innegociables para cualquier proyecto político que aspire a liderar una transición.

En tiempos de iliberalismo transnacional, sectores de la oposición venezolana han establecido vínculos con figuras y movimientos internacionales como Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast y Keiko Fujimori, Vox, entre otros, cuyos liderazgos personalistas y propuestas autoritarias representan un riesgo para la democracia a nivel global. Esta proximidad pudiera alimentar la tentación de recurrir al autoritarismo y sus prácticas de “mano dura” como sinónimo de eficiencia, un mito peligroso que no solo contradice los principios democráticos, sino que también puede ser utilizado como justificación para concentrar poder bajo la premisa de resolver problemas de manera más expedita.

La apuesta por un enfoque personalista, promovido por sectores políticos y conservadores, perpetúa una visión reduccionista que limita la capacidad transformadora de una sociedad organizada y plural. Estudios muestran que un mayor personalismo está asociado con efectos negativos, como un aumento del populismo, un mayor riesgo de erosión democrática y de las libertades civiles, una mayor polarización política. Análisis avisados de los procesos sociales y políticos en pleno desenvolvimiento en países bajo regímenes de presidentes personalistas (El Salvador, Argentina) revela la desconfianza prevaleciente entre la población, la amenaza contra los medios, la regresión de derechos sociales y el incremento de la pobreza. El enfoque personalista pondría en riesgo la construcción de instituciones sólidas y perpetuaría dinámicas autoritarias y de desprecio a la diferencia que ya están enraizadas en el país.

Las democracias, aunque imperfectas, tienen la capacidad de enfrentar retos socio-económicos, como reducción de la pobreza, crecimiento económico, respetando las reglas del juego, la alternabilidad, la independencia de poderes y los mecanismos de rendición de cuentas. Resistir la tentación autoritaria implica aceptar que las sociedades democráticas giran en torno a las diferencias, reconociéndolas sin buscar aniquilarlas.

El camino hacia una sociedad plural y democrática será largo y complejo en Venezuela, pero las bases para esa transformación ya existen, gracias al trabajo constante de quienes han sostenido espacios de resistencia en medio de la adversidad. Reconocer la articulación autónoma y la acción colectiva desde la base y fortalecer estos esfuerzos son claves para evitar los errores del pasado y para avanzar hacia una democracia inclusiva.