Luis Arce reconoce que la falta de diésel en Bolivia es “patética”

Las filas delante de las estaciones de servicio que expenden diésel en Bolivia parecen no tener fin. La escasez crónica de este combustible obliga a los dueños de vehículos pesados a esperar muchas horas, a veces días, para recargar sus tanques. El 11 de junio, el presidente Luis Arce reconoció que la situación del diésel era “patética” y ordenó la militarización del sistema de provisión de combustibles, que en Bolivia están subsidiados, con el objetivo de evitar su contrabando a los países vecinos. Con esta y otras medidas, el presidente está intentando reaccionar a la crisis económica que oficialmente no existe, pero que ha comenzado a irritar a la población y a desplomar su nivel de aprobación hasta el 18%, según la encuesta de mayo de la empresa de sondeos Gallup.

Arce informó en una conferencia de prensa que Bolivia, que antes era considerada una importante productora de hidrocarburos en Sudamérica, ahora importa el 56% de la gasolina y el 86% del diésel que consume. Esta diferencia explica que no haya una carestía tan aguda de gasolina. En cambio, la situación del diésel está provocando las protestas de los transportistas, que ya cortaron las principales rutas del país por algunas horas y amenazan con hacerlo de manera indefinida si el presidente Arce no negocia con ellos y les garantiza un suministro más fluido. Piden, además, la renuncia de los directores de los servicios de Aduanas e Impuestos y un mayor acceso a los dólares que también escasean en Bolivia.

Es un círculo vicioso: la falta de dólares impide que se importe suficiente diésel y, a la vez, la necesidad de importar alrededor de 3.200 millones de dólares anuales de combustibles drena las divisas del país en un contexto de “desaparición” de las reservas del Banco Central, luego de muchos años de altas importaciones y fuga de capitales.

La militarización del sistema de suministro pretende aumentar la incautación de combustibles desviados al contrabando, que entre 2021 y 2024 ascendió a 1.265.000 litros, es decir, a apenas un millón y medio de dólares al precio internacional. Se calcula que el contrabando como tal representa una pérdida de unos 250 millones de dólares anuales. Bolivia es el décimo cuarto país del mundo con el diésel más barato: 0,539 dólares por litro, mientras que en Perú el precio es de 0,996; en Brasil, de 1,09; en Chile, de 1,113 y en Argentina, de 1,191 dólares por litro. “A estos niveles de precios, el desvío es inevitable”, explicó Arce. El presidente boliviano ha descartado que vaya a eliminar las subvenciones, ya que “nuestra principal preocupación es la billetera de la gente”.

En los círculos académicos existe cierto consenso en que el país no puede seguir “mintiéndose con los precios” y un “sinceramiento” de los mismos podría contribuir a resolver la carestía actual, porque evitaría que el consumo siguiese aumentando de una forma tan dinámica como lo ha estado haciendo, a un 5% más cada año, y eliminaría el contrabando. Por tanto, ya no se necesitaría conseguir más dólares cada año para importar combustibles y satisfacer la demanda.

Arce señaló que el problema se incubó desde 2016, cuando comenzaron a agotarse los campos de gas y petróleo del país y no se impulsó la perforación de pozos exploratorios. “Este tema correspondía al Ministerio de Hidrocarburos, no de Economía, y por supuesto a quien estaba a cargo del gobierno; hay que aclarar porque ya sabemos lo que nos dicen,”, se descargó el presidente. Arce fue ministro de Economía durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), con quien ahora se encuentra en una dura pelea por el liderazgo de la izquierda boliviana. La pasada semana, los parlamentarios que siguen a Morales y los del resto de la oposición mostraron la orfandad del presidente en la Asamblea Legislativa: tiene una bancada de 24 sobre 130 representantes. Los otros 106 asambleístas aprobaron una ley que suspendió el mandato de los magistrados del Órgano Judicial. El oficialismo la considera ilegal porque el pleno en la que fue aprobada no estaba presidido por el vicepresidente, David Choquehuanca, sino por el presidente del Senado, el opositor Andrónico Rodríguez. Tras el evento, que mostró la profundidad del conflicto institucional boliviano, el frente de oposición amenazó a Arce con salir a las calles si no promulga la ley y sigue conservando a los magistrados, que son considerados “instrumentos del Ejecutivo”.

Otro problema que preocupa a los bolivianos es el alza de los precios de productos básicos como el tomate, la cebolla y el arroz. Arce responsabilizó de la subida a la crisis climática, la especulación en los mercados y la inflación en los países vecinos. El presidente boliviano dedicó casi 30 minutos de la conferencia de prensa a explicar lo que su Gobierno está haciendo para evitar que los precios suban más. El “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” creado por él ha sufrido varios golpes, pero hasta ahora ha logrado mantener una baja inflación.

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