Puno no olvida, pero anhela un cambio

Puno, una ciudad al borde del lado Titicaca en el sur del Perú, me recibió hace pocas semanas con la explosión de color y música que trae la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Las calles estaban inundadas por miles de personas, incluyendo a cientos de turistas atraídos por esta muestra de la cultura andina. Era un ambiente totalmente opuesto a las conversaciones llenas de indignación y sufrimiento que tuve allí durante el año pasado, después de que la policía reprimiera violentamente las masivas protestas que empezaron en los finales del 2022. La normalidad ha ido retornando a Puno lentamente en estos últimos meses, en buena parte por la necesidad de volver a actividades que traigan ingresos, incluyendo el turismo. Algunos activistas de la sociedad civil quieren aprovechar este momento para construir espacios de diálogo que encuentren respuestas a una insatisfacción que tiene hondas raíces. Es indispensable que reciban todo nuestro apoyo.

Puno, un departamento históricamente contestatario, fue el foco de las manifestaciones antigubernamentales que paralizaron a gran parte del Perú. El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó cerrar el congreso y establecer un gobierno de emergencia, lo que muchos en Perú denominaron un “autogolpe” (un término inventado décadas antes, cuando el expresidente Alberto Fujimori hizo lo mismo en 1992). El intento de Castillo de acaparar el poder duró pocas horas, y en el curso del día fue destituido por el Congreso y apresado. Dina Boluarte, su vicepresidenta, tomó posesión poco después y hasta hoy se mantiene en el cargo.

La remoción de Castillo desencadenó una fuerte ola de protestas, sobre todo en el sur del país. Muchos habitantes de Puno habían votado por este maestro y líder sindical de izquierda, de origen serrano y humilde, quien llegó al poder de manera sorpresiva en un escenario político muy fragmentado y en medio de la devastadora pandemia de la covid-19, que tuvo como trágico resultado más de 200.000 muertes, la mayor tasa de mortalidad mundial. Para ellos, a pesar de las movidas antidemocráticas de Castillo, su destitución era una prueba más de que el poder asentado en Lima estaba decidido a perpetuar la exclusión histórica de las comunidades rurales y las poblaciones indígenas de la política nacional. En estas manifestaciones, la defensa del presidente pronto dio paso a un rechazo generalizado hacia la clase política, percibida como oportunista, y a una demanda por una transformación de raíz del modelo político y económico del Perú.

La violenta reacción gubernamental a las protestas dejó un saldo de 49 muertos y miles de heridos en todo el país. De ellos, 19 personas murieron en el marco de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado en Juliaca, el centro comercial de Puno. Esto intensificó la indignación y el rechazo generalizado no solo hacia el Gobierno y el Congreso, sino contra un sistema que ha dejado de responder a los ciudadanos. Como me dijo una líder campesina: “El Estado no nos ha apoyado en nada, estamos olvidados. El voto de nosotros no sirve. No existimos para los grandes”.

Es natural preguntarse, viendo el evidente abandono, si el Estado ha respondido en algún momento a las necesidades de esta región. En Juliaca el trabajo informal es la norma, con más del 90% de la población dedicada a la agricultura familiar. La mayoría vive de su chacra (pequeños cultivos), una forma de subsistencia que se ha vuelto cada vez más difícil debido a que cambios en el clima han traído menos lluvias. En medio de la pobreza, las paredes de Juliaca dan testimonio de las confrontaciones políticas: hay kilómetros de propaganda electoral, un constante recordatorio de promesas incumplidas, pero también abundan los grafitis pidiendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

Las paredes también nos recuerdan que, a pesar de la calma, “Puno no olvida”. Su primordial demanda es justicia por las víctimas de la violencia estatal. Incluso un gesto simbólico de pedir perdón por parte de las autoridades nacionales por las vidas perdidas, dicen los puneños, podría servir para generar mayor confianza. “El hecho de que no estemos en las calles no significa que estemos pacificados. Hay una herida abierta”, me dijo un defensor de derechos humanos.

El camino para rectificar las fallas que siguen alimentando el descontento es sinuoso. Esta zona vive la misma polarización que existe en el resto de Perú: las posiciones políticas se han vuelto más antagónicas y extremas, dejando al país sin voces moderadas y pragmáticas que tengan una posibilidad de ganar en las urnas. Este antagonismo fue obvio durante una breve visita reciente de la ministra de cultura a Puno, quien fue abucheada, acusada de ser “asesina” y “corrupta”, y se vio obligada a retirarse rápidamente.

En este difícil contexto, grupos de la sociedad civil han mostrado interés por entablar un diálogo que busque soluciones tanto para las problemáticas diarias que afectan a las comunidades, como para generar consensos sobre reformas políticas y electorales de largo alcance. Para ello, examinan varias iniciativas que dan indicios prometedores. Por ejemplo, en Arequipa, otra ciudad de la sierra peruana, representantes de diversos sectores, agrupados en un “grupo impulsor” y respaldados por organismos internacionales, lograron convocar en julio del 2023 a decenas de líderes de organizaciones locales durante dos días para debatir y proponer soluciones a los problemas críticos del país. La idea es replicar este tipo de iniciativas en Puno, y eventualmente en otros departamentos, adaptándolas a las circunstancias específicas de cada lugar, y armar una agenda de reformas y exigencias de cambios consensuada y que tenga respaldo popular.

No será fácil. Por ahora, las comunidades de Puno se rehúsan a que representantes gubernamentales participen, la sociedad civil carece de mecanismos para articular consensos con otras regiones y los entes estatales que podrían coordinar tienen pocos recursos y personal. Por ello, la comunidad internacional será clave para entablar un diálogo efectivo, brindándoles apoyo financiero y técnico a las organizaciones que lideran estos procesos.

Perú necesita con urgencia superar la desconfianza que líderes y comunidades tienen de la clase política, los partidos, el Congreso y el Ejecutivo. Una agenda de posibles reformas políticas respaldadas por la mayoría de la ciudadanía es vital para evitar la detonación de interminables ciclos de conflictividad, cada uno más perjudicial que el anterior. Este es el momento de apoyar a quienes tratan de construirla desde abajo.

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