Apatía y críticas al árbitro electoral: las municipales elevan la preocupación en Costa Rica

Una bolsa de preocupaciones para el ejemplar sistema democrático de Costa Rica depararon las elecciones municipales que el país centroamericano celebró el domingo en un ambiente de apatía popular: hubo cuestionamientos inéditos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y por el deficiente financiamiento de la campaña de los 75 partidos participantes, sobre la que además sobrevolaron las sospechas de influencia del dinero del narcotráfico, que elevó a máximos la cifra de homicidios en 2023.

En las primeras elecciones después de la “revolución pacífica” que Rodrigo Chaves se atribuyó con su ascenso al poder en 2022 en contra de la política tradicional, las autoridades de los 84 Ayuntamientos del país quedaron electas con el voto de una minoría de costarricenses, pues el abstencionismo nacional se elevó a 68%, una cifra peor de la prevista y contraria a la tendencia que traían los últimos procesos electorales municipales.

El desinterés popular por las elecciones no es del todo una sorpresa, pero en esta ocasión pudo haber factores adicionales. A la creciente devaluación de la figura de los partidos políticos y la confusión causada por el transfuguismo y por la multiplicidad de banderas se suma la incierta participación del movimiento político afín al presidente Rodrigo Chaves, cuya popularidad superior al 50% del electorado no pudo encauzarse hacia un partido político claro. En Costa Rica el voto es obligatorio, pero no hay ninguna consecuencia para quien se ausente.

La ley costarricense prohíbe a los presidentes y ministros entrar en asuntos electorales, pero en el juego de poderes hubo un factor que acabó con la expectativa para estas elecciones. Tras la ruptura de Chaves con dirigentes del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que lo llevó al poder, las figuras del círculo del Presidente no pudieron cumplir con los requisitos legales para competir mediante dos agrupaciones creadas para intentar llevar a los gobiernos locales la “revolución pacífica” que el mandatario outsider se atribuyó cuando triunfó en 2022 con un discurso rupturista ante la política tradicional en la única “democracia plena” de Centroamérica, según la clasificación de The Economist. No hubo posibilidad de medir la fuerza electoral vigente de Chaves y de su estilo de choque contra instituciones ajenas al Ejecutivo, aunque él deberá dejar el poder en 2026 al no poder optar por reelección inmediata.

El incumplimiento de requisitos de las agrupaciones afines a Chaves hizo que algunos cuestionaran la probidad del TSE y llevaran su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras de su entorno salieron versiones sobre una falsa orden internacional para aceptar las candidaturas de esas agrupaciones e incluso sobre la suspensión de las elecciones. La confusión fue mayor para un sector del electorado, como ilustraba el domingo Steven Garro, un joven mecánico de autos que fue a votar en una escuela en San José: “No iba a venir porque en el WhatsApp me dijeron que no había elecciones, pero unos amigos me dijeron que sí y vine porque, diay, supuestamente hay que hacerlo, pero voté con dudas por esa gente de Progreso (PPSD)”. Él creyó que había votado por “el partido del presidente”, pero esa es su antigua bandera. Otros, la mayoría, evitaron someterse a esa confusión y directamente no fueron. La incierta participación del sector de Chaves pudo ser un factor, pero los analistas advierten de que los elementos son más abundantes y variados que eso para justificar el tamaño del problema.

El grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió el martes un informe en el que llama la atención por el ausentismo. “La Misión ve con preocupación que la participación en el proceso electoral haya disminuido aún más, dado que sólo alrededor del 31% de la población acudió a las urnas. El índice de abstencionismo sigue siendo un desafío para las elecciones municipales y para la democracia en Costa Rica”, reportó la delegación.

Aunque señaló lo usual para Costa Rica (“una jornada democrática y pacífica”) y la novedad de leyes que aumentaron la presencia de mujeres en las alcaldías y pusieron fin a la posibilidad de reelección perpetua de los alcaldes, el informe de los observadores electorales registró “que la campaña electoral estuvo marcada por desinformación y noticias falsas” y tomó nota de los señalamientos inéditos de la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora, en su discurso del domingo por la noche.

“Nunca antes de una elección habíamos sido objeto de una ofensiva digital de desinformación tan agresiva, llena de calumnias y discursos de odio contra magistradas y magistrados de este Tribunal (...) Nunca antes se habían formulado tantas gestiones expresamente dirigidas a impedir la celebración de estas elecciones”, dijo la magistrada antes de revelar los primeros resultados, con los que se confirmó el dominio remanente de partidos tradicionales y el crecimiento de divisas nuevas de base local, como la que saltó a la alcaldía de San José y acabó con 33 años de poder de Johnny Araya, figura del Partido Liberación Nacional (PLN), del cual fue candidato presidencial en la segunda ronda de 2014.

Las preocupaciones recogidas por la misión de la OEA, sin embargo, tocan también asuntos de criminalidad relacionados con el aumento del poder de organizaciones de narcotraficantes y la ola de inseguridad que se coloca como principal problema de escala nacional y cantonal, según encuestas. “La Misión tomó nota de una preocupación creciente de varios actores con los que se reunió por el riesgo del ingreso del crimen organizado y, con ello, de fondos ilícitos (especialmente provenientes del narcotráfico) en la competencia política”, dice el reporte sobre un asunto del que se ha alertado desde el 2015, cuando la expansión de las bandas criminales estaban aún lejos de alcanzar niveles actuales de violencia homicida y delitos de lavado de dinero.

Millones de dólares sucios circulan en Costa Rica en paralelo a las necesidades de financiamiento de los partidos políticos, que compiten regidos por reglas que obligan a las agrupaciones a buscar créditos bancarios según sus posibilidades de triunfo y a justificar después los gastos ante el TSE para procurar un reintegro, pero sólo si alcanzan una cierta cuota de votos. Es una lotería en el cambiante terreno político actual, salvo para las dos fuerzas tradicionales del extinto bipartidismo del siglo XX (PLN y Partido Unidad Social Cristiana, PUSC), que juntas lograron más del 40% de la votación del domingo. Ni siquiera ha podido lograr estabilidad el Partido Acción Ciudadana (PAC), que gobernó entre 2014 y 2022 y ahora carece de cargos de diputados, alcaldes o concejales. Pese a mayores controles del TSE, nadie puede dar certeza de cómo se financian las candidaturas dentro de agrupaciones establecidas o de dónde viene el dinero de numerosos nuevos partidos. “Esta situación conlleva riesgos financieros significativos para los candidatos, además de una dependencia excesiva en el financiamiento privado”, advierte el informe.

Los análisis y propuestas de reformas legales son parte de la sobremesa para especialistas, autoridades o entendidos, pero la población no deberá acudir a las urnas hasta 2026 cuando vote por nuevo presidente y nuevos diputados, unos comicios que empiezan a calcularse desde la incertidumbre aunque suelen ofrecer condiciones distintas a los municipales, en los cuales las realidades varían entre cada uno de los 84 cantones. “No podremos terminar de entender estas elecciones, por la ausencia de este gran actor en contienda”, dijo Eugenia Aguirre, politóloga del Observatorio de la Política Nacional en la Universidad de Costa Rica (UCR) en alusión a un movimiento articulado alrededor de Chaves y su oportunidad desperdiciada de construir una estructura territorial. El mandatario, que meses atrás señalaba la oportunidad de estas elecciones para continuar el cambio político del país, acabó haciendo un llamado general al voto para fortalecer la democracia. “Porque lo que no se usa se atrofia”, dijo sin saber que el abstencionismo sería el más alto desde el 2010.

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