Viaje a la milla 201, epicentro de la pesca sin ley del calamar en el Atlántico Sur

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A dos horas de abandonar la costa de Buenos Aires, el avión empieza a descender en medio del mar. Es noche negra en el Atlántico Sur, pero en las ventanillas empieza a encenderse una ciudad: una luz acá, otra más adelante y, al pasar unas nubes, se expanden cientos. “¿Será que volvimos a la costa?”, pregunta una mujer que se despereza entre las últimas filas. “Debe ser Comodoro Rivadavia”, le dice su pareja, pero la ciudad más cercana está a unos 370 kilómetros.

Son barcos. Cientos de pesqueros que montan guardia en medio de esta nada que es el límite del mar argentino y las aguas internacionales. Esta zona del océano frente a la Patagonia, donde chocan la corriente cálida de Brasil y la fría de las islas Malvinas, es fértil para el calamar, que alimenta un ecosistema diverso y atrae a barcos de varios países que aprovechan la falta de regulaciones internacionales.

La milla 200, como se llama este límite jurisdiccional entre las aguas territoriales argentinas y el mar que se expande hasta África o la Antártida, se ha convertido en los últimos 20 años en epicentro de los pesqueros. Mientras las embarcaciones argentinas parten hacia la zona en enero, para respetar los ciclos del ecosistema, cientos de barcos de otras banderas migran desde el Índico y el Pacífico a partir de noviembre. Los buques tienen en su mayor parte banderas de China, Taiwán, Corea del Sur y España. Plantarse en el límite jurisdiccional del mar argentino les permite estar lo suficientemente cerca como para atraer al calamar con sus luces, pero fuera del área donde deberían pagar una tasa a Buenos Aires.

El enjambre de pesqueros en el Atlántico Sur se ha convertido en una de las obsesiones del filántropo argentino Enrique Piñeyro. El domingo pasado, este millonario de 66 años, que además de piloto es director de cine, empresario gastronómico y médico, convocó a periodistas y diplomáticos para sobrevolar la zona en su avión. “Las aguas internacionales son hoy una especie de alfombra donde se barre casi todo: desde trabajo esclavo hasta lo que se les ocurra”, denunció desde el Boeing 787 de su propiedad en el que en los últimos años también repartió ayudas en India durante la pandemia y evacuó desde Polonia a cientos de refugiados de guerra ucranios. Piñeyro está convencido de que la pesca sin ley florece en esta franja del Atlántico.

Tras cinco horas de vuelo ida y vuelta al límite de las aguas territoriales argentinas, su tesis parece irrefutable: el avión baja al límite para acercarse al enjambre y lo sobrevuela durante media hora. La frontera entre la zona económica exclusiva argentina y las aguas internacionales es imposible de detectar desde el cielo. Para Piñeyro, las embarcaciones que violan el límite apagan su geolocalización, el Sistema de Identificación Automática (AIS), para no ser detectados. “Es la zona de mayor apagado de AIS en el mundo”, afirma. Ya en tierra revela un dato: en un vuelo anterior, en abril de 2021, logró ubicar 500 embarcaciones, y solo 170 tenían encendido el AIS.

Control permanente

La temporada 2021 marcó un punto álgido de la pesca en esta zona. El vuelo anterior de Piñeyro coincidió con la última vez que Argentina detectó ingresos ilegales en su zona económica exclusiva. En enero de 2022, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército formaron el Comando Conjunto Maritimo (CCM), que desde entonces monitorea permanentemente la zona con satélites y con presencia física en el lugar. El CCM acordó con la Prefectura Naval Argentina, que depende del ministerio de Seguridad, alternarse en la vigilancia cada 15 días.

El contraalmirante Norberto Pablo Varela, encargado del CCM conjunto, niega que los barcos que inundan las pantallas de la sala de operaciones estén pescando ilegalmente. “Esa línea imaginaria”, dice mientras muestra la línea roja de la milla 200, “marca el fin de nuestra misión como representantes del Estado argentino. Si están dos metros para afuera, no están cometiendo un delito”, explica.

En el centro de control, una docena de oficiales monitorea la actividad pesquera en la zona cruzando reportes en el terreno, imágenes satelitales y geolocalizadores AIS. El enjambre de luces que se ve desde el avión es sobre la pantalla una aglomeración de triángulos rojos. El sistema muestra que los pocos que están de este lado de la milla 200 tienen bandera argentina o han pagado por los derechos de uso de agua. El contraalmirante Varela afirma que el cruce de datos permite ubicar a los pesqueros que apagan sus sistemas de identificación automática. “Más del 90% lo tienen prendido, pero que lo apaguen no significa que no sepamos dónde están”, afirma.

Los buques pesqueros no están obligados a encender su localización para no alertar a la competencia sobre su estrategia en el mar. “Antes probablemente se arriesgaban a apagarla y cruzar la línea, porque las chances de detectarlos eran menores”, afirma Varela. “Ahora es más fácil encontrarlos y se arriesgan a grandes multas”.

Milko Schvartzman, especialista en conservación marina que ha investigado la pesca ilegal en la zona en los últimos 20 años, afirma que ese esfuerzo de las autoridades navales argentinas debe ser reconocido, aunque sirve de poco si no se lo acompaña de un apoyo diplomático. “Las Fuerzas Armadas hacen lo que pueden con los recursos que tienen, pero con eso no alcanza”, afirma este experto, que trabajó durante 18 años con Greenpeace y ahora lo hace con la ONG Círculo de Políticas Ambientales. “Argentina tiene atrofiado el músculo diplomático en este tema, y nunca hizo una protesta por la infinidad de casos detectados desde que se detuvo la primera embarcación en 2001″.

Argentina ha concentrado sus reclamos en el llamado caladero Malvinas, una zona que reclama como propia y donde el Reino Unido reparte permisos de pesca. “Para nosotros, ese caso es el único de pesca ilegal que se da en el Atlántico Sur”, dice el contraalmirante Varela.

Para Schvartzman, la flota extranjera se ve beneficiada por lo que llama tres tipos de subsidios: el apoyo económico de los países desde los que llegan, la falta de regulaciones laborales a bordo, y la falta de necesidad de responder a cualquier regulación en aguas internacionales.

“Esto no es pesca ilegal, es pesca no reglamentada, no regulada y no declarada”, afirma. “Pero el impacto ambiental y económico es el mismo, estén en la milla 199 o en la 201. Los animales desconocen esos límites, y el calamar, la merluza, el delfín, los tiburones o los leones marinos que son capturados sin regulación sufren esa catástrofe ambiental más allá de que la denominemos ilegal o no regulada”.