La sentencia de la JEP por ‘falsos positivos’ en el Caribe abre paso a una cadena de sanciones

Los falsos positivos, el nombre con el que los colombianos conocen el horror de los asesinatos cometidos por militares para maquillar sus cifras operacionales, han iniciado su camino de cierre en la justicia transicional. Tras ocho años de investigación por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal ha emitido este jueves su primera sentencia, en la que sanciona a 12 mandos medios. Sin embargo, siguen en proceso tres oficiales de mayor rango, los que representan el nivel más alto de mando en el Batallón de Infantería La Popa de Valledupar, donde se cometieron los asesinatos de la sentencia de esta semana. Eso porque los tres coroneles retirados no reconocieron su responsabilidad, a diferencia de los 12 sancionados estaban que bajo sus órdenes cuando mataron a 127 civiles para hacerlos pasar como bajas en combate.

Varios testimonios indican que, además de condecoraciones, el batallón entregaba permisos, dinero en efectivo y comida especial “en felicitación a sus resultados”. Los tres oficiales enfrentan un juicio estándar, con defensa y acusación, que puede concluir con penas de hasta 20 años de cárcel. Todo ello es apenas lo que ocurre con el primero de los varios subcasos en los que los magistrados dividieron el proceso por estas ejecuciones, y que en total engloban 50 veces más víctimas de militares asesinos, para un total de 6.402.

Publio Hernán Mejía, el comandante condenado

Uno de los nombres más sonados por los falsos positivos del batallón La Popa es el de Publio Hernán Mejía, un coronel retirado que ya en 2013 fue condenado por la Fiscalía a 19 años de prisión por vínculos con paramilitares cuando comandaba esa unidad militar, entre 2002 y 2003. Cuando la JEP entró en funcionamiento en 2017, acogió todos los expedientes activos o pasados de militares y exguerrilleros y anuló las sentencias para comenzar una investigación autónoma.

Ese año, mientras Mejía entraba al Tribunal de Paz, en la justicia ordinaria recibió una segunda condena de 39 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir por permitir, durante su tiempo en el batallón, los falsos positivos. Cuando logró acogerse a la JEP, recibió el beneficio de libertad condicional. Fuera de la cárcel, fue precandidato presidencial en 2022, donde lanzó un movimiento de militares en retiro abiertamente uribista, llamado Primero la Patria. Promocionó su libro Me niego a arrodillarme, marchó en contra de la aspiración del hoy presidente Gustavo Petro y abrió un canal de Youtube en el que invitaba a votar por la senadora María Fernanda Cabal, hoy aspirante a la Casa de Nariño con las banderas de la extrema derecha.

En 2023, la JEP revocó el beneficio de libertad que le había otorgado por considerar que, aunque entró a este tribunal prometiendo contar verdades y asumir culpas, seguía legitimando sus crímenes y negando verdades probadas. Desde entonces, volvió a una prisión militar. Esta justicia ha documentado que, bajo su comandancia, se cometieron al menos 73 ejecuciones extrajudiciales en un año. Y sus subalternos han confesado, incluso, que les decía que inventaran combates.

El excoronel Heber Hernán Gómez ha repetido en varias declaraciones la respuesta que le daba Mejía, según él, cuando algún soldado advertía que las bajas no eran legales. “Hermano: eran bandidos y tenían que morirse, ¿listo?“. Su caso, hasta ahora, es el más avanzado en la Fiscalía de la JEP. El juicio adversarial terminó el pasado 5 de agosto y ahora solo queda la sentencia del tribunal que, de probar su responsabilidad, podría sentenciarlo a 20 años de prisión.

Los otros coroneles en negación

Los casos de Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha son menos mediáticos, pero similares en sus expedientes. Figueroa reemplazó a Mejía en el comando del Batallón de La Popa, que lideró entre 2004 y 2005. Aunque no tiene ninguna condena en la justicia ordinaria, cuando se sometió a la JEP tenía al menos tres investigaciones preliminares en la Fiscalía por el delito de homicidio en persona protegida, la categoría técnica de los falsos positivos y una que puede llevar a condenas de hasta 60 años de cárcel. Antes de que se emitieran las sentencias, la Jurisdicción lo acogió porque se comprometió a aportar verdad y reconocer sus delitos.

Sin embargo, igual que su antecesor, ha negado su responsabilidad en los crímenes que pudieron cometerse bajo su comandancia. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en su mandato se cometieron 52 falsos positivos, casi todos de integrantes indígenas de los pueblos Wiwa y Kankuamo. Como no tiene ninguna privación de la libertad en su contra, hasta finales del 2024 Figueroa fue ubicado por la JEP en Emiratos Árabes Unidos y, desde allí, ha enviado varios recursos para intentar impedir el juicio adversarial y que su caso termine en una sentencia de 20 años de cárcel.

Un panorama distinto enfrenta José Pastor Ruiz Mahecha, quien fue jefe de la sección de Inteligencia y después jefe de Operaciones de los pelotones Trueno y Zarpazo, dos unidades que se hicieron famosas en el batallón por sus éxitos operacionales y sus numerosas bajas en combate. Según la JEP, miembros de esos subgrupos cometieron la mayoría de los falsos positivos de la unidad. Bajo liderazgo de Ruiz, reportaron al menos 54 bajas en combate, que correspondían a asesinatos de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos.

En la justicia ordinaria, ha sido sentenciado en dos casos. En 2013, la Fiscalía lo encontró culpable y lo sentenció a 39 años por el delito de homicidio en persona protegida, justamente por los asesinatos a civiles que se cometieron bajo su mando. Seis años más tarde, otro juzgado falló en su contra por concierto para delinquir, en las mismas irregularidades de su comandancia. Como sus procesos estaban relacionados con el conflicto colombiano, la JEP tomó los expedientes e intentó que el coronel contribuyera a reconocer sus crímenes y a decir la verdad, pero desde el principio se ha negado a comparecer ante este tribunal, por lo que permanece en una prisión desde 2019.

Incluso, ha interpuesto varias acciones legales para intentar retornar su caso a la Fiscalía y sacarlos del Tribunal de Paz, pero desde el Acuerdo de Paz, la JEP es el juez natural de los responsables condenados por haber cometido delitos en el marco del conflicto armado. A pesar de su renuencia en participar de su juicio, otros testimonios de soldados lo han involucrado en el delito. Uno de ellos contó en 2022 que en un enfrentamiento del batallón, un guerrillero del ELN cayó herido en un combate y buscó prestarle los primeros auxilios, como dicta el Derecho Internacional Humanitario. Según su relato, Ruiz le impidió cumplir los protocolos y le ordenó asesinarlo a quemarropa.

Los procesos, por ahora, avanzan en la fase de juicio al lado de otros expedientes como el del general (r) Mario Montoya Uribe, el excomandante general del Ejército hasta el 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el más alto nivel investigado por la JEP en responsabilidad de mando. De hecho, su salida de las Fuerzas Militares se dio, justamente, por el escándalo de falsos positivos. Su verdad y su sentencia son, por ahora, la pieza que falta en el extenso rompecabezas de la historia de las ejecuciones extrajudiciales.