Managua, una embajada estratégica

Uno de los puntos que siguen pendientes en la política exterior del Gobierno de Gustavo Petro es la relación con Nicaragua. El cierre del capítulo amargo por las decisiones de La Haya ahora es más urgente que nunca y el tiempo empieza a jugar en contra.

El 13 de julio de 2023 la Corte Internacional de Justicia emitía el último fallo de un largo litigio entre Colombia y Nicaragua, recordado en nuestro país por la pérdida en 2012 de 76.000 km2 de mar en las inmediaciones del archipiélago de San Andrés y Providencia. Dicha sentencia, además de negar las pretensiones de Nicaragua asociadas a la plataforma continental extendida, insistió en la necesidad de que ambos países inicien un diálogo para definir los nuevos límites en el Caribe, cuidar los ecosistemas del área y salvaguardar los derechos tradicionales de pesca.

En enero de 2024, cuando todo parecía indicar que se daría un primer paso para ese diálogo, Álvaro Leyva fue suspendido de su cargo como canciller por la Procuraduría y el cronograma de conversaciones con el Gobierno de Daniel Ortega quedó, una vez más, en el limbo. Esto acompañado con cruces verbales entre los presidentes Petro y Ortega que agregaron un ruido innecesario a los esfuerzos que se estaban adelantando por los canales diplomáticos. Ni siquiera el impulso de una vicecanciller raizal como Elizabeth Taylor pudo sacar del ostracismo la agenda de conversaciones con Nicaragua, que los raizales de San Andrés y Providencia esperan con ansias hace años.

El saldo que deja Murillo en este asunto deja mucho que desear. Después de haber empeñado su palabra en una visita que hizo a la isla de San Andrés en mayo de 2024, no dejó ningún avance significativo. Los pescadores artesanales del archipiélago siguen teniendo incidentes con embarcaciones nicaragüenses y la Reserva de Biosfera Seaflower continúa acumulando daños ambientales por la indeterminación limítrofe y la falta de reglas claras en el área. El embajador saliente León Freddy Muñoz tuvo poco margen de maniobra y regresa de Managua sin mayores resultados.

Ahora, Laura Sarabia y su equipo reciben una “papa caliente” que, en todo caso, puede convertirse en la oportunidad para demostrar su capacidad diplomática. Con 18 meses por delante, el mayor legado que puede dejar el Gobierno Petro para San Andrés y Providencia es una agenda de negociaciones con Nicaragua que, además de darle protagonismo a las organizaciones raizales, acuerde nuevos límites en el área respetando la cultura marítima y la hermandad cultural de las islas con el caribe nicaragüense (Corn Island, Bluefields, Pearl Lagoon, etc.).

Para poner a andar esta agenda, deberían tener en cuenta al menos cuatro factores:

1. La urgencia de “despresidencializar” la agenda de conversaciones, para evitar que cualquier nuevo encontrón entre Petro y Ortega eche por la borda lo que se vaya logrando vía diplomática.

2. Construir con el pueblo raizal la estrategia de diálogo, evitando las viejas tentaciones de abogados bogotanos negociando que sólo van a las islas a socializar derrotas.

3. Mantener una relación fluida con el canciller nicaragüense Valdrack Jaentschke que, además de ser originario del caribe nicaragüense, tiene sangre raizal gracias a su familia materna y habla kriol perfectamente. Su cercanía con varios liderazgos del Archipiélago puede ser una ventaja más que una amenaza para la negociación.

4. Nombrar en la embajada en Managua a un raizal que, a su vez, funja como agente del Gobierno en la agenda de diálogos.

Gustavo Petro ha entregado a los raizales la diplomacia hacia el Caribe anglófono con las embajadas de Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana. Es importante que la embajada en Nicaragua esté alineada con esa estrategia, no sólo por la histórica relación de los raizales con sus hermanos centroamericanos, sino por la importancia que puede tener esa delegación en el liderazgo que espera tener Colombia en espacios multilaterales como la Asociación de Estados del Caribe (AEC) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).