El Congreso de Colombia aprueba la ley contra el ruido

La plenaria del Senado, que alcanza niveles sonoros de hasta 90 decibelios, un ambiente ruidoso según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, ha aprobado este martes la ley contra el ruido en su cuarto y último debate. El proyecto, liderado por el representante a la Cámara antioqueño Daniel Carvalho, ordena armonizar las 17 normas nacionales que existen para enfrentar las distintas formas de contaminación acústica y bajar un poco el volumen en un país culturalmente bullicioso. “Tomamos la normativa que había alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y confusa. Y aclaramos las responsabilidades de las autoridades y la ruta de atención al ciudadano, porque hoy las autoridades se chutan [pasan] la pelota entre ellas”, aseguró a los medios a la salida del hemiciclo. El congresista por el partido Verde Oxígeno, independiente del Gobierno y de línea progresista, trabajó durante más de dos años en el proyecto de la mano de ciudadanos, expertos e instituciones.

Colombia definió, en 2006, los niveles máximos de emisión de ruido que puede haber en distintos sectores –residenciales, industriales, comerciales, entre otros–, dependiendo si es de día o de noche. En un sector residencial, por ejemplo, no se pueden superar los 65 dbA (decibelios ponderados A, la medida estándar de ruido) en el día ni los 55 en la noche. Sin embargo, el 25% de quienes viven en las zonas urbanas de Cali, Medellín o Bogotá están expuestos a niveles superiores a esos límites, según el argumenta el proyecto de ley. Por ejemplo, una persona puede estar expuesta a 80 decibelios por el tráfico, a 100 por las motos con escapes modificados y a otros niveles superiores a la norma por las fiestas vecinales u otras festividades. En particular, la alborada de Medellín del 1 de diciembre produjo más de 70 decibelios en algunos sectores por cuenta de la pólvora.

Uno de los problemas ambientales que más preocupan a los colombianos es la contaminación auditiva, según informes Red de Ciudades Cómo Vamos, una alianza de programas similares que estudian la calidad de vida en las principales urbes. En Bogotá, el 62% de los habitantes están insatisfechos con el ruido, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana, cifra que es del 61% en Cartagena, del 52% en Medellín, y del 49% tanto en Cali como en Barranquilla. El ruido es el segundo problema que más desencadena violencia en los barrios, según un informe de percepción de seguridad del Ministerio del Interior. Peleas vecinales que, en ocasiones, son letales. De nuevo, en la alborada de Medellín un hombre fue asesinado por su hermano luego de pedir a otro que bajara el volumen a la música.

Pese a la agudeza del problema, las autoridades no cuentan con suficientes herramientas para controlar el ruido, explica el abogado Camilo Quintero, parte del equipo de trabajo del representante Carvalho y uno de los técnicos detrás del proyecto. “Los ciudadanos afectados afirman que enfrentan una especie de ‘ruta de la muerte’ a la hora de denunciar, porque envían las quejas a distintas dependencias y nadie responde”, explica vía telefónica, en medio de una de las semanas más agitadas en el Congreso. Para solucionarlo, la nueva ley prevé que en el plazo de un año el Gobierno Nacional –a través del Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, y el IDEAM–expida una política de calidad acústica que armonice las distintas normas que están dispersas en resoluciones, decretos y leyes.

Además, el Ministerio de Ambiente tendrá año y medio para revisar los niveles máximos de ruido definidos en 2006 y actualizar la reglamentación. Las nuevas normas deben incluir indicadores que sirvan para evaluar si en una zona hay o no contaminación acústica, mapas estratégicos de ruido y la creación y definición de las zonas acústicamente saturadas, que exigirán medidas especiales.

La Ley contra el ruido también involucra a las alcaldías de poblaciones de más de 100.000 habitantes, que tendrán un año y medio para redactar un plan de acción para gestionar el ruido en su territorio. Quintero asegura que delega esa labor a lo local porque sería “incoherente” desconocer la situación financiera, política y técnica de cada lugar. El articulado, además, obliga al Estado a prever medidas especiales para personas que están en el espectro autista y que son especialmente sensibles al sonido. También vincula al Ministerio del Transporte a la reducción del ruido del tráfico y a las alcaldías a la de los grandes espectáculos. El abogado asegura que se trata de un punto de partida para bajarle el volumen al estruendo en Colombia, y que implementar todo tomará unos dos años.

Para garantizar que las intenciones no se queden en el papel, la ley prevé la creación de un subsistema de vigilancia de calidad acústica, que proyectará en una plataforma, en tiempo real, datos sobre los niveles de ruido, similar al mapa de ruido del área metropolitana del Valle de Aburrá. “También haremos seguimiento para que la ley se cumpla y, sobre todo, estaremos enfocados en campañas de sensibilización ciudadana, porque esto es un problema cultural”, añade Quintero.

Mientras todo eso llega, las multas se endurecerán tan pronto como el presidente Gustavo Petro sancione la ley. El comparendo por alterar “la tranquilidad” de un barrio subirá de 8 a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. La sanción no se limitará a propiedades horizontales, como establece el Código de Seguridad y Convivencia, sino que se extenderá a otros sectores residenciales, urbanos o rurales. Además, explica Quintero, los agentes ya no estarán limitados a las mediciones de un sonómetro para imponer una sanción, pues podrán utilizar otras pruebas.