¿Ultimátum?

Se entiende que, en los diálogos con los criminales que participan en procesos de paz o de sometimiento a la justicia, los ultimátum los ponga el Estado y no los insubordinados. Ahora todo ha cambiado y estamos viviendo el fenómeno contrario en el cual los pájaros le tiran a las escopetas: guerrilleros y narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas, ponen las condiciones en las mesas de negociación. Los medios de comunicación han informado que, vencido el término del cese bilateral con el ELN, la negociación llega a una fecha determinante del inmediato futuro. El plazo que la guerrilla le dio (sic) al presidente Gustavo Petro para que emita un decreto que los retire de la lista de grupos armados organizados ya venció y no se sabe qué viene ahora en la mesa de negociación, aunque lo obvio es que el Gobierno los mande al carajo. Bastante fue que les haya dado, en la resolución 194 de 2023, el carácter de organización armada rebelde con la cual el diálogo sostenido hasta ahora a punta de coñazos haya sido posible. Eso es lo que hace viable que, si la fuerza pública lo considera necesario, tal y como lo advirtió el comandante de las Fuerzas Militares, proceda a bombardearlos.

El otro frente de batalla es el que se deriva del enfrentamiento bélico entre Iván Mordisco y Calarcá, que no es una lucha libre en un coliseo deportivo, sino una guerra protagonizada entre las disidencias de las FARC que se hacen llamar Estado Mayor Central (EMC) “visto por la fuerza pública como la mayor organización disidente del país que suma 30 estructuras a nivel nacional y está presente en 160 municipios de 16 departamentos y tiene entre sus filas a unas 4.500 personas armadas”, explica El Tiempo.

Mordisco acusa a Calarcá de haber dividido al EMC para aliarse con el ELN, los Márquez, los paramilitares, las bandas de narcotraficantes y las Fuerzas Militares y de Policía. De ahí surge la guerra entre esos dos grupos, ambos narcotraficantes y extorsionistas, que luchan por el territorio y el lavado de activos. Esta guerra afecta a los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y parte de Antioquia. Los expertos consideran que ninguno de los dos grupos está interesado en un proceso de verdad. La verdadera película que divide a los criminales es que movimientos disidentes tanto del ELN como del EMC tengan asiento en las mesas de negociación de la paz total.

Lo exótico de la situación de crisis internas de las bandas criminales de Colombia es que el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con el EMC, el exministro Camilo González, sea el amable componedor entre las fracciones de la división de Mordisco y Calarcá para pedir una tregua a los grupos en pugna armada y hacerles saber que los paganinis de esa guerra son las comunidades, como si a ellos les preocupara la suerte del pueblo. González les pidió una tregua a través de un cese de hostilidades. ¿No será, más bien, que el Estado es incapaz de enfrentar la guerra de los criminales?

Venezuela es el otro factor desestabilizador del orden público en Colombia. Cualquiera que sea el desarrollo de la crisis en el vecino país, afectará de manera grave a la situación migratoria y de seguridad en nuestro país. El nuevo ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Diosdado Cabello, es una muestra clara de una política más dura de represión.

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