El proceso de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN enfrenta su mayor crisis

El proceso de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, pasa por su peor momento. Así lo han expresado las dos partes en las últimas horas. “Hoy la paz con el ELN vive su mayor crisis. Están congeladas las mesas y el mecanismo de monitoreo y verificación”, declaró el miércoles el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Horas después, la guerrilla difundió un comunicado sobre “la grave situación de crisis” que atraviesa el proceso. Las dos partes se acusan mutuamente de incumplir los acuerdos ya alcanzados.

El último capítulo de las tensiones refiere a una propuesta confidencial que el presidente envió a la guerrilla para reanudar los diálogos. El ELN cuestionó en un comunicado, fechado el martes y difundido el miércoles, el carácter reservado del ofrecimiento. “A una propuesta pública del ELN, lo correcto es que el Gobierno lo haga de igual manera, pues a estas alturas de la crisis no podemos andar con rodeos, se requiere claridad y franqueza. Tampoco se nos puede ofrecer algo que ya está acordado y menos dilatar el cumplimiento de los acuerdos”, señaló sin dar mayores precisiones. El presidente Petro, entonces, reveló este jueves el contenido de la oferta: “Se les propuso viabilizar la reforma económica que se acordó”. “Parece que no es de su interés el tema”, cuestionó en un mensaje en X.

El ELN le exige al Gobierno que los retire de la lista de grupos armados organizados (GAO), una calificación legal que produce efectos en agravar las penas de algunos delitos que se comenten con esas organizaciones. “Lo que el ELN necesita saber es si el Gobierno va a cumplir lo que firmó, no que hablemos de otras cosas”, comenta el grupo armado en el comunicado. Esta solicitud, que puede derivar en que se restrinjan las operaciones militares en contra de la guerrilla, se suma a otros reproches que los elenos formularon en julio. Cuestionan la supuesta falta de voluntad del presidente de reconocerles un estatus político en un decreto y acusan al Ejército de “hundir” el proceso de paz con “numerosos actos de guerra”.

La delegación del Gobierno ha insistido este jueves en que ellos siempre han mostrado voluntad de seguir adelante y que es el ELN el que determinará el futuro del proceso. “Tienen la responsabilidad de decir cómo seguimos. Nosotros tenemos la disposición y en ningún momento vamos a romper los diálogos”, ha asegurado en una rueda de prensa el senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador. “No tenemos una conducta de rompimiento porque eso no le sirve a nadie (…). Al ELN ahora le toca responder y decir qué quiere”, ha añadido. Esa declaración recuerda que una ruptura tendría un costo político que el Ejecutivo, jugado por las negociaciones en el marco de su política de paz total, busca evitar.

En la rueda de prensa, Cepeda y Vera Grabe, la jefa de la delegación, señalaron que enviar un mensaje confidencial “no significa que no haya transparencia” y que la idea es que ese carácter reservado de algunas comunicaciones o iniciativas sea solo temporal. Asimismo, indicaron que tienen voluntad de revisar el tema de la lista de los GAO y que el Gobierno desea renovar el cese al fuego bilateral, vencido el 3 de agosto, pero que para ello el ELN debe descongelar la mesa de negociaciones. “Sería muy limitado y casi que inaceptable tener un cese al fuego con una mesa congelada”, ha dicho Cepeda.

Otras tensiones

Los diálogos de paz, los más avanzados en más de tres décadas de negociaciones con una guerrilla que surgió con la inspiración de la revolución cubana y ha tenido una impronta religiosa, están en crisis desde principios de este año. El ELN resintió durante meses los acercamientos del Gobierno con su frente Comuneros Sur, una facción que finalmente se escindió en mayo. Desde entonces, se han multiplicado las acusaciones cruzadas sobre presuntos incumplimientos a los puntos ya pactados. En julio, la delegación del Ejecutivo afirmó que el ELN mentía en varias acusaciones y mostraba una actitud “arrogante”. Días después, el comandante eleno Antonio García insistió en que “el balón está en manos del Gobierno”.

El ELN ha seguido secuestrando civiles para financiarse, pese a que se había comprometido a abandonar esta práctica. Asimismo, en los últimos días ha decretado un paro armado en el departamento del Chocó que mantiene confinadas a unas 50.000 personas. Ha causado el rechazo del Ejecutivo, que pide un levantamiento inmediato por las hondas afectaciones sociales y económicas que produce. “Le exigimos de cara al país a este grupo armado que demuestre una voluntad real de paz y no continúe afectado la tranquilidad de las comunidades que habitan las regiones apartadas de Colombia”, declaró el miércoles el canciller, Luis Gilberto Murillo.

El financiamiento de la guerrilla sigue siendo uno de los puntos candentes. El ELN defiende los secuestros y extorsiones —a los que llama “retenciones” e “impuestos”— con el argumento de que no tiene otras vías para conseguir recursos que le permitan subsistir. En esta petición de la guerrilla el Gobierno ha sido enfático en advertir que no se financiará ninguna acción bélica de ese grupo armado; lo que sí ha llegado a proponer es la creación de un fondo multidonante que financie acciones de paz de la mesa de negociación, como la participación de sociedad civil. Cepeda ha reiterado este jueves ante la opinión pública que no se destinarán recursos del Estado o de la cooperación internacional para ningún grupo al margen de la ley. “Hemos sido absolutamente claros y reiterativos que ni el Gobierno de Colombia, ni los garantes o acompañantes, van financiar al ELN como organización que continúa en el conflicto”, ha afirmado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.