La paz total cumple dos años con una nueva mesa con el Clan del Golfo y la del ELN en el aire

“Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado”, dijo Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022, cuando se posesionaba en una ceremonia llena de símbolos de cambio. En el mismo discurso delineó el camino para lograrlo: “Convocamos, también, a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado”. Dos años más tarde, esas frases se han convertido en una política, llamada paz total, que tiene la ambiciosa meta de lograr negociar a la vez con diferentes grupos armados, desde la ya vieja guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que existe hace más de medio siglo, hasta bandas urbanas en ciudades como Medellín o Buenaventura. El anuncio, este lunes, de una nueva mesa de negociación, esta vez con el grupo narcotraficante ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, pero más conocido como Clan del Golfo, reafirma esa apuesta. Lo hace en un claro contraste con el anuncio, el mismo día, de la reactivación de acciones ofensivas del Estado contra el ELN.

La guerra en Colombia no es tanto del Estado con otros grupos, sino entre ellos, hasta el punto de que el Comité Internacional de la Cruz Roja en sus revisiones humanitarias habla no de uno sino de ocho conflictos distintos. La ausencia de los Gaitanistas en las negociaciones dejaba a la paz total coja no solo como concepto —sin ellos no es total— sino en la práctica, con varios conflictos por fuera de las negociaciones. Las “conversaciones sociojurídicas” que el Gobierno se propone poner en marcha con el Clan del Golfo, en caso de avanzar a una mesa formal, se podrían considerar la cuarta negociación nacional en el marco de la paz total, después de la del ELN, la de las disidencias del ahora fragmentado Estado Mayor Central y la de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. El Ejército Gaitanista en el pasado ha aceptado la invitación a dialogar con la condición de que sea un proceso político y no uno de sometimiento a la justicia.

Los múltiples acercamientos del Gobierno con el Clan del Golfo, un grupo involucrado en todo tipo de rentas ilegales que ha pasado por varios nombres, nunca han prosperado. Los analistas coinciden en que ese grupo tiene una posición dominante en el mundo criminal. El Clan es responsable de cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia en los últimos años, y sus tentáculos se extienden a ejercicios de control criminal asociados a la extorsión, la minería ilegal y la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También está involucrado en el tráfico de migrantes por la espesa selva del Darién que separa a Colombia y Panamá. Ha pasado de contar con unos 4.000 miembros en 2018 a más de 6.000 en la actualidad —una cifra que algunos cálculos elevan hasta 9.000 hombres—, con intentos persistentes por retratarse como una “organización político militar”. Además, mantiene guerras abiertas con distintos grupos, entre ellos el ELN en el departamento del Chocó, donde pretende controlar las salidas al mar Pacífico.

Fue justamente por cuenta del Clan que Petro volvió a poner sobre la mesa, en febrero, la posibilidad de bombardeos militares contra grupos armados en su Gobierno, siempre y cuando se confirme que no hay menores de edad, después del enésimo ataque de la banda contra militares. “Si no son capaces de desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado”, llegó a lanzarles entonces en un ultimátum. La organización armada más grande de Colombia, que parecía hace apenas un semestre haberse cerrado las puertas de la paz total, respondió entonces retratándose como un “ejército”.

Incluir al grupo encabezado por Chiquito Malo es fundamental en el propósito de apagar la violencia que todavía arde en muchos lugares de Colombia, como busca Petro. Dos informes de destacados centros de pensamiento han coincidido este año en plantear recomendaciones para ese eventual diálogo. Para negociar con la banda se necesita definir el lugar del sometimiento dentro de la estrategia de paz del Gobierno, apunta la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el informe La última negociación del Clan. “Es necesario construir y consensuar un marco jurídico. Hay que encontrar un adecuado balance entre la posibilidad de generar un nuevo marco jurídico para el sometimiento, que cuente con incentivos claros y efectivos para este grupo y, por otro lado, que respete la autonomía y lineamientos de la Fiscalía y del Gobierno Nacional frente a las posibilidades del sometimiento”, señala la FIP.

Desde su bastión en la costa caribe, donde controla algunas de las principales rutas de narcotráfico y las redes de tráfico de migrantes, el Clan ejerce un control coercitivo sobre numerosas comunidades, observa por su parte el International Crisis Group (ICG) en La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas. “Si permanecen al margen de las conversaciones de paz, podrían socavar las negociaciones con otros grupos o sacar provecho de su desmovilización”, advierte el informe. “Es probable que ningún otro grupo armado contemple la posibilidad de deponer las armas mientras los gaitanistas estén asechando para apoderarse de sus antiguos territorios y negocios”, subraya. Elizabeth Dickinson, investigadora de ICG, explica que por ello para el Gobierno es una victoria abrir esa mesa, que valora como necesaria para que se consolide la apuesta de la paz total. “Es fundamental incluirlos para lograr avances humanitarios en el Caribe, y para incentivar a los demás grupos”.

Sin embargo, el camino que sigue es difícil, como lo han demostrado dos años de diálogos con otros grupos. Para el caso del Clan, Dickinson señala que la mesa debe iniciar aclarando qué quieren lograr en la mesa, y que sus investigaciones han revelado que por lo menos a una parte de sus miembros le interesa acordar una justicia transicional en la que puedan dar verdad a cambio de penas reducidas. Pero sigue en duda tanto el marco jurídico (no hay unas reglas claras para los diálogos sociojurídicos) como qué tan de acuerdo con negociar está todo el Clan, un grupo que ha demostrado una línea de mando muy clara para sus operaciones, pero no necesariamente para este tipo de decisiones. Es, justamente, el problema con el que se ha enfrentado la paz total con el EMC e incluso con el ELN.

Justamente esa guerrilla, con la que el Gobierno primero logró instalar una mesa en 2022, sirve como espejo para los retos de la negociación. Dos años después de empezar los diálogos, y tras haber avanzado hasta donde ningún Gobierno había podido y haber pactado el cese al fuego bilateral más largo en la historia de los elenos, la negociación está en crisis. Las dos partes se acusan de falta de compromiso, lo que llevó a que se venciera el cese sin que se acordara una prórroga. El ELN exige al Gobierno que lo deje de calificar como grupo armado organizado, lo que implicaría darle un mayor estatus que a los demás participantes de la paz total. El Gobierno se niega y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “la instrucción del comandante de las Fuerzas Militares a todas las fuerzas” es que se reanuden las operaciones ofensivas contra la última guerrilla en armas.

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