De luchar en la primera línea a terminar reclutado a la fuerza y asesinado por las disidencias
EL PAÍS tuvo acceso a un documento que prueba que la oficina del Alto Comisionado para la Paz tenía información del posible fusilamiento de David Estiven Fernández, desparecido desde 2022, y no la compartió con la familia del joven
David Estiven Fernández Soler pasó los últimos años de su vida escapando. Primero, escapando de la persecución luego del estallido social en 2021, cuando integró la Primera Línea en Kennedy, un punto neurálgico en las protestas, al sur de Bogotá; después, fue asesinado mientras buscaba huir de las disidencias del Estado Mayor Central, según su mamá, tras rechazar un reclutamiento forzado. Esta semana Iván Mordisco, el comandante de una de las dos facciones de ese grupo, acusó alias Calarcá, el líder de la otra, de ser el responsable del asesinato de Coco, como era conocido el joven en su barrio. Durante diez meses, Angélica Soler, la madre de Coco, buscó a su hijo. La oficina del alto comisionado de paz tenía información de que podría haber sido asesinado por el grupo con el que negocia y, aunque fue contactada por la víctima, que pedía todos los datos sobre su hijo, nunca le reveló nada.
Angélica es de pocas palabras. Para ella, ninguna es suficiente para describir a su hijo. “Él siempre se preocupaba por nuestro bienestar”, señala a EL PAÍS. El joven trabajaba doce horas al día para pagar la licenciatura en Ciencias Sociales que estudiaba y que no alcanzó a culminar, pues se involucró de cabeza en las manifestaciones que conmocionaron a Colombia tras la pandemia. Ingresó a la primera línea, el grupo de jóvenes que se unía para hacerle frente a la represión policial. Para él, era la forma de luchar por más oportunidades para sus vecinos de El Amparo, el barrio popular donde creció. Tras el estallido, se convirtió en consejero de juventud en su localidad.
Poco tiempo después denunció haber recibido amenazas. Angélica rememora la última fecha en la que vio a su hijo: fue el 26 de noviembre de 2022. Era sábado. Él la llamó para avisarle que le había hecho una transferencia bancaria. Luego desapareció. Por varios días nadie supo de su paradero, o por qué se había ido, hasta que Angélica recibió una llamada anónima de una mujer que le aseguraba que él estaba bien y que le pedía no buscarlo. Desde entonces no ha parado de sufrir, en un viacrucis que quedó documentado en una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en julio de 2023, otorgó medidas cautelares en favor de David.
Tras la llamada de la mujer, Angélica se dio a la tarea de buscar respuestas. Llegó a la Fundación Nydia Erika Bautista y, con su apoyo, denunció ante la Fiscalía que Coco era víctima de desaparición forzada y de reclutamiento ilícito. Tocaron numerosas puertas más, como las de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Me cansé de pedir ayuda, me cansé de enviar cartas”, cuenta Angélica. Encontró lo que califica como desidia. Recuerda especialmente cuando la fiscal del caso, en un tono que describe como “de burla”, le dijo que ella era la única que tenía fe de que el joven iba a regresar con vida.
Tres semanas después de la desaparición, en redes sociales se hizo viral un vídeo en el que David aparecía con un fusil, vestido de camuflado y con una insignia en su brazo derecho: “FARC”. Era la prueba de que se había unido a alguna de las disidencias de esa extinta guerrilla. En la grabación, Coco aseguraba que se había enlistado por “amenazas por parte de grupos paramilitares dirigidos desde la Brigada No. 3 en Bogotá y la Policía Nacional, persecución y perfilamiento por parte de estos mismos, atentados contra mi vida”.
Cuatro meses después, en abril de 2023, apareció otro vídeo. En él, Coco aparece dando un discurso en las sabanas del Yari, en Caquetá. Está en el evento en el que el Gobierno de Gustavo Petro anunció el inicio de una negociación de paz con los grupos disidentes agrupados bajo el nombre de Estado Mayor Central (EMC).
La llamada
La fiscal no se equivocó. Angélica tenía fe y no se iba a rendir. Pero su esperanza de encontrar a su hijo con vida empezó a derrumbarse el 7 de junio de 2023, otra fecha que no olvida. A las 5:40 de la mañana recibió una llamada. Al otro lado de la línea, su hijo asustado clamaba ayuda. “Me les volé anoche”, le avisó. Le detalló que había estado caminando toda la noche, alejándose de un campamento, en el departamento de Caquetá. Con afán le indicó que pidiera ayuda a oenegés. Le aclaró que había llegado allí obligado y que lo habían forzado a hacer cosas que no quería.
Angélica se puso en contacto con la Fundación, que, a su vez, se comunicó con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Integrantes de esa organización consiguieron hablar con David y le indicaron a dónde dirigirse. La Comisión Interamericana recoge lo que pasó a continuación: “Al volverse a comunicar al celular contestó un sujeto que se identificó como miembro de la guerrilla de las FARC y colgó”. Dos semanas después, la Comisión le otorgó medidas de protección al joven y le solicitó al Gobierno colombiano “adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de señor David Estiven Fernández Soler, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.
Angélica insistió en comunicarse con la oficina del Alto Comisionado para la Paz y exigir que, en el marco de las conversaciones con el EMC, se liberara a su hijo. Una fuente muy cercana a esa mesa, que pidió reserva de su identidad, cuenta a EL PAÍS que un par de meses después la delegación tuvo información del posible fusilamiento de Coco. Así lo revela un documento que enviaron a los delegados del EMC, y que EL PAÍS conoce en primicia. “El 29 de agosto de 2023, recibimos información que da cuenta del presunto fusilamiento del que habría sido víctima David Estiven por parte de su organización”, se lee en el oficio del 4 de septiembre de 2023, que lleva como asunto: “Alcance a solicitud de acción urgente para preservar la vida de David Estiven Fernández Soler”.
De acuerdo con la fuente, el EMC no respondió a ese oficio, pero sí le había anunciado informalmente a la mesa que al joven “se le estaban aplicando los estatutos internos”: en muchos grupos ilegales la deserción es entendida como un delito y en la mayoría de ocasiones, se castiga con la muerte. De esa decisión del EMC estuvo al tanto Danilo Rueda, entonces comisionado de Paz y quien firma el oficio conocido por este periódico. Según la fuente, y dado el contenido de los documentos, también supieron Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en esas negociaciones, y sus asesores. Pese a la insistencia de Angélica y sus abogadas en saber qué había sucedido con el joven, la oficina nunca les reveló esa información relevante. Solo apuntaba a decirles que “Calarcá estaba averiguando”. EL PAÍS preguntó por lo ocurrido a la oficina del alto comisionado, hoy en cabeza de Otty Patiño, y hasta el momento de publicar esta nota no ha recibido respuesta.
La familia del joven se enteró de la muerte de Coco el pasado miércoles a través de un video de Iván Mordisco, quien encabeza el sector del EMC que ya no está en las conversaciones de paz. En él, critica al otro sector disidente, que sigue en los diálogos. “Un hecho aberrante que nos lleva a calificar como fraccionalista y traidores a este grupo descompuesto, son las acciones sin autorizaciones del Estado Mayor Central (...) Así como el homicidio ordenado por ‘Calarcá’ de David Estiven Fernández Soler, integrante de la primera línea que buscó a la organización para refugiarse de la represión paramilitar y que hicieron pasar como desertor para asesinarlo”, lee Mordisco. Se refiere a Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá y cabeza del llamado Bloque Jorge Briceño que opera entre los departamentos de Huila, Caquetá y Meta, al sur del país, y quien ha sido acusado de causar un desplazamiento masivo de firmantes de paz en Miravalle, también en Caquetá.
Con el video se confirmó el mayor temor de Angélica, quien ahora solo tiene una misión: que le regresen el cuerpo de David. “No quiero pelear con nadie, solo quiero que me lo entreguen lo más pronto posible”, afirma con vehemencia. Mientras tanto, sigue vigente la mesa de negociación con Calarcá y la Fundación Nydia Erika Bautista alerta de un caso similar, el de Brayan Andrés Méndez. El PAÍS conoció que Méndez también habría sido fusilado y que la oficina del alto comisionado está al tanto de ello.
Los amigos y familia de Coco planean un plantón este domingo. Con una intención simbólica, inicialmente la idea fue hacerlo en lo que durante el paro los manifestantes nombraron el Portal Resistencia, en Kennedy, pero Angélica quiere que sea en la Plaza de Bolívar, próxima a la Casa de Nariño. “Así le queda más cerca al presidente Petro. Quizá así nos escucha. Aunque cuando necesitó de nuestros hijos no le quedó lejos”, concluye.
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