El Gobierno de Petro termina el cese al fuego con la mayoría de bloques del Estado Mayor Central

El 16 de julio era un día clave para la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Era el día para decidir si terminaba o no el cese al fuego bilateral que el presidente había pactado con el mayor grupo de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), y que entró en vigencia el 16 de octubre de 2023. Este martes, por tanto, se esperaban anuncios, en medio de unas negociaciones marcadas por la tensión y los desacuerdos. La decisión del Gobierno colombiano es la de declarar como terminado el cese al fuego con todos los bloques y frentes que integran el Estado Mayor Central, excepto con el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, y el frente Raúl Reyes.

“Esto significa que respecto de todas las otras organizaciones que se integraban al Estado Mayor Central, la orden impartida a todas las fuerzas militares es la de, con todas sus capacidades, adelantar operaciones ofensivas contra esas organizaciones, esos bloques y frentes que se apartaron de la oferta generosa que continuaba manteniendo el Gobierno nacional en la búsqueda de la paz”, dijo Velásquez en una rueda de prensa.

El Gobierno ya había suspendido el cese al fuego en tres departamentos del suroeste del país —Cauca, Nariño y Valle del Cauca—, tras acciones de los disidentes que incluyeron atentados contra objetivos militares y comunidades indígenas. El cese, sin embargo, continuaba con los bloques de este grupo que operaban en otras regiones como el Catatumbo y el Magdalena Medio, y en departamentos como Meta, Caquetá y Putumayo.

El camino para dialogar con el autoproclamado Estado Mayor Central ha sido atropellado, entre otras cosas porque las mismas disidencias están fragmentadas. A lo largo de las conversaciones algunos frentes se han mantenido en la mesa, otros se han apartado y algunos más mantienen discusiones internas sobre el camino a seguir. Una de las grandes dificultades ha sido la de lograr puntos de encuentro con el jefe de la agrupación: Iván Mordisco, quien es conocido por ser dogmático y estar en desacuerdo con la negociación política. Desde el 24 de abril de este año, el Gobierno anunció que ya no negocia con él.

Aunque con este grupo de disidencias se habían logrado avances—como su compromiso a acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no generar desplazamiento forzado ni confinamiento de la población civil, así como su renuncia a la práctica del secuestro extorsivo—, no se han alcanzado acuerdos recientes en temas relacionados con los cultivos ilícitos o con la situación socioambiental de la Amazonía; el EMC es el actor dominante en el llamado arco de la deforestación amazónica.

Los diálogos con las disidencias de las FARC hacen parte de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, a través de la cual busca mantener conversaciones simultáneas —cada una a la cabeza de un negociador diferente, aunque todas bajo la guía del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño—, con distintos grupos armados, con el objetivo de lograr una definitiva finalización del conflicto.

La apuesta de Petro tiene varios frentes abiertos. El Gobierno también sostiene una mesa de diálogo con otro grupo de disidencias conocido como la Segunda Marquetalia, encabezado por Iván Márquez, quien fue jefe negociador en los diálogos de La Habana y decidió volver a las armas. El 29 de junio, en Caracas, este grupo acordó un cese unilateral al fuego. En la otra esquina está el ELN, la última guerrilla en armas de Colombia, con la que en enero se extendió por otros seis meses el cese al fuego vigente, pacto que se vence este 3 de agosto. “Se agota el tiempo” para renovar este cese, ha dicho el Gobierno, que ha pedido a la guerrilla retomar la mesa de negociación, que se encuentra suspendida.

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