El Gobierno de Petro termina el cese al fuego con la mayoría de bloques del Estado Mayor Central

El 16 de julio era un día clave para la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Era el día para decidir si terminaba o no el cese al fuego bilateral que el presidente había pactado con el mayor grupo de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), y que entró en vigencia el 16 de octubre de 2023. Este martes, por tanto, se esperaban anuncios, en medio de unas negociaciones marcadas por la tensión y los desacuerdos. La decisión del Gobierno colombiano es la de declarar como terminado el cese al fuego con las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco y mantenerlo con las alineadas bajo el mando de alias Calarcá.

“La orden impartida a todas las fuerzas militares es la de, con todas sus capacidades, adelantar operaciones ofensivas contra esas organizaciones, esos bloques y frentes que se apartaron de la oferta generosa que continuaba manteniendo el Gobierno nacional en la búsqueda de la paz”, dijo Velásquez en una rueda de prensa. Las fuerzas armadas se enfocarán en combatir las 24 estructuras del Estado Mayor Central comandadas por Mordisco, que están ubicadas en la zona amazónica, en el oriente, el centro y el suroccidente del país, región donde ya se había suspendido el cese al fuego tras acciones de los disidentes que incluyeron atentados contra objetivos militares y comunidades indígenas.

Por el otro lado, los bloques y frentes del Estado Mayor Central con los que se mantendrá el cese al fuego por otros tres meses son el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, y el Frente Raúl Reyes, que en total están compuestos por 16 estructuras, también repartidas por toda la geografía nacional: desde Bolívar hasta Putumayo, pasando por Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila y Caquetá.

El camino para dialogar con el autoproclamado Estado Mayor Central ha sido atropellado, entre otras cosas porque las mismas disidencias están fragmentadas. A lo largo de las conversaciones algunos frentes se han mantenido en la mesa, otros se han apartado y algunos más han sostenido discusiones internas sobre el camino a seguir. Una de las grandes dificultades ha sido la de lograr puntos de encuentro con el jefe de la agrupación: Iván Mordisco, quien es conocido por ser dogmático y estar en desacuerdo con la negociación política. Desde el 24 de abril de este año, el Gobierno anunció que ya no negocia con él.

Aunque con el Estado Mayor Central se habían logrado avances—como su compromiso a acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no generar desplazamiento forzado ni confinamiento de la población civil, así como su renuncia a la práctica del secuestro extorsivo—, no se habían alcanzado acuerdos en temas relacionados con los cultivos ilícitos o con la situación socioambiental de la Amazonía, teniendo en cuenta que el EMC es el actor dominante en el llamado arco de la deforestación amazónica.

Otro de los puntos clave es el tema de la extorsión, una práctica también extendida entre los bloques con los que el Gobierno ha decidido mantener el cese al fuego. En ese sentido, Velásquez fue enfático y dijo que el cese “no significa la suspensión del cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tiene la Fuerza Pública, pues delitos como el de la extorsión se siguen discutiendo sobre la mesa”. El ministro añadió que se prevé hacer evaluaciones mensuales para analizar si se mantiene el cese.

El mapa de las disidencias, en constante movimiento, es sumamente complejo. No solo porque el Estado Mayor Central no es el único grupo que surgió tras la firma de los Acuerdos de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. También está la Segunda Marquetalia, encabezado por Iván Márquez, quien fue jefe negociador en los diálogos de La Habana y decidió volver a las armas. Ahora bien, dentro del EMC han surgido divisiones, y se ha expandido, en búsqueda de un mayor control territorial. Por eso, dentro del decreto del cese al fuego se incluye un punto sobre la creación de un comité técnico que elaborará un protocolo para la georreferenciación de los frentes, delimitando sus áreas de presencia.

Los diálogos con las disidencias de las FARC hacen parte de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, a través de la cual busca mantener conversaciones simultáneas —cada una a la cabeza de un negociador diferente, aunque todas bajo la guía del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño—, con distintos grupos armados, con el objetivo de lograr una definitiva finalización del conflicto.

La apuesta de Petro tiene varios frentes abiertos. El Gobierno también sostiene una mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia. El 29 de junio, en Caracas, este grupo acordó un cese unilateral al fuego. En la otra esquina está el ELN, la última guerrilla en armas de Colombia, con la que en enero se extendió por otros seis meses el cese al fuego vigente, pacto que se vence este 3 de agosto. “Se agota el tiempo” para renovar este cese, ha dicho el Gobierno, que ha pedido a la guerrilla retomar la suspendida mesa de negociación.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.