Los negociadores del Gobierno de Colombia con el ELN señalan a esa guerrilla por el secuestro y asesinato de un policía en la frontera con Venezuela

La delegación de paz del Gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el ELN ha señalado este miércoles a la última guerrilla en armas de Colombia como la responsable en días recientes del secuestro en Venezuela de un policía, que posteriormente apareció asesinado, y del reclutamiento forzado de dos menores de edad. Son hechos que violan el cese al fuego bilateral, nacional y temporal vigente, denuncian en un comunicado público los negociadores en la más avanzada de las mesas en el marco de la política de paz total, que mantiene diálogos paralelos con varios grupos armados.

El cuerpo de Anderson Alberto Hernández Villar, un subintendente de la Policía Nacional que estuvo desaparecido durante más de un mes, fue encontrado la víspera en el municipio de Arauquita, fronterizo con Venezuela y parte del departamento de Arauca, con varios impactos de bala. “El subintendente habría sido secuestrado por el ELN en el estado Apure de la República de Venezuela”, apunta la delegación del Gobierno, que expresa sus condolencias a su familia y a la policía.

El suboficial de 38 años estaba de vacaciones en Norte de Santander, otro departamento fronterizo, cuando le perdieron el rastro el pasado 18 de mayo. “Nos enteramos por la familia que visitó Venezuela y perdió contacto con él”, había explicado previamente el director de la Policía, el general William Salamanca. La madre y la hermana de Hernández ya habían señalado a la guerrilla como responsable de haberlo secuestrado, en declaraciones hechas a la prensa.

Venezuela es uno de los países garantes de los diálogos -junto a Cuba y Noruega-, y Caracas ha sido sede de varios ciclos de conversaciones. En los últimos años, el ELN se ha fortalecido militarmente, se ha expandido, y su presencia del lado venezolano de la frontera ha sido documentada por organizaciones como Human Rights Watch. La ONG ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas han sido sus cómplices, al punto de realizar “operaciones conjuntas”.

Al secuestro y asesinato del uniformado se suma que una niña de 13 años y un niño de 16, “que habían sido reclutados de manera forzada por el ELN”, quedaron este mismo miércoles en poder de las autoridades militares luego de una operación entre los departamentos de Boyacá y Casanare, ambos vecinos de Arauca. “Nuestra Delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del DIH y del cese al fuego”, y los informará al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, subraya el comunicado de la delegación que encabeza la antropóloga Vera Grabe, antiguo miembro de la extinta guerrilla del M-19.

El diálogo ya había tropezado a finales de octubre de 2023 con el secuestro, en pleno cese del fuego, del padre del futbolista Luis Díaz en La Guajira, otro departamento limítrofe. Esa acción conmocionó al país y puso el foco sobre un crimen muy repudiado por la sociedad, al que la guerrilla siempre ha sido reacia a renunciar. El ELN lo liberó después de 12 días de cautiverio. Las delegaciones anunciaron más adelante en febrero, sobre la hora límite, que habían pactado prorrogar por otros 180 días un inédito cese al fuego que incluye el secuestro. El ELN, sin embargo, dijo en mayo que se proponía retomar los secuestros de civiles con fines extorsivos.

Desde entonces, la negociación ha entrado en una crisis que la mantiene atascada. El estancamiento se ha visto agravado por los diálogos paralelos que mantiene el Gobierno con una estructura díscola que no acata las órdenes de la dirección nacional del ELN: el Frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Aún sin superar esos dos escollos, las delegaciones sellaron a finales de mayo el esperado primer punto de la agenda, el modelo para la participación de la sociedad civil en los diálogos.

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