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Un ataque de nueve horas a Buenos Aires revive los peores años de la guerra en el Cauca

Un grupo de disidentes de las extintas FARC dejan incomunicado y confinado al pueblo, ubicado cerca a la ciudad de Cali

En los años más cruentos del conflicto armado en Colombia, la guerrilla de las FARC se tomaba a sangre y fuego los municipios del norte del departamento del Cauca para imponer el terror y el silencio. La escena, repetida al menos 25 veces durante los años 90 y 2000 en esa zona del suroccidente del país, ha vuelto a registrarse con el ataque que hizo un grupo afiliado a las llamadas disidencias de esa extinta guerrilla al montañoso municipio de Buenos Aires. Este martes, durante más de nueve horas, hombres armados atacaron el puesto de Policía, la Alcaldía, una sede del Banco Agrario y dejaron a más de treinta mil personas confinadas. Sin ninguna posibilidad de salir sin arriesgar la vida, Buenos Aires se convirtió en un pueblo fantasma a merced de los violentos.

Eran las seis de la mañana del martes 16 de diciembre cuando sonaron las primeras detonaciones. El frente Jaime Martínez, uno de los grupos más violentos y notorios de las disidencias al mando de Iván Mordisco, lanzó varios cilindros de gas rellenos de explosivos. Estas armas hechizas cayeron sobre el parque principal del pueblo y, minutos después, las ráfagas de fusil comenzaron a golpear la estación de Policía. Mientras las calles se vaciaban y los habitantes buscaban refugio, cerca de un centenar de hombres armados avanzaba sobre el casco urbano para enfrentar a los 17 policías que custodiaban el pequeño casco urbano. El párroco del pueblo, a través de un megáfono, elevó una súplica. “Ellos [las disidencias] dan garantías de que respetan la vida. A ustedes, querida Policía, para que por favor se entreguen”, dijo mientras sonaban los disparos.

El combate dejó dos policías muertos y ocho heridos. Buenos Aires quedó incomunicado, sin energía ni agua, con escasez de víveres y las vías de acceso atravesadas por artefactos explosivos sin detonar. Pablo César Peña, su alcalde, ha denunciado que el Ejército tardó más de cinco horas en llegar, pese a que por la carretera hasta Cali, la tercera ciudad de Colombia, toma alrededor de una hora. Aun con el despliegue militar, los combates y hostigamientos continúan. En la mañana de este miércoles, el pueblo amaneció rodeado de 15 cilindros bomba, que han sido detonados de forma controlada por las autoridades. Varios de ellos estaban ubicados sobre la vía que conduce hacia Suárez, el pueblo hermano del que es oriunda Francia Márquez. “Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, escribió la vicepresidenta en sus redes sociales.

Para los grupos ilegales, Buenos Aires funciona como un punto de control sobre una red de caminos rurales que comunican el norte del departamento del Cauca y su vecino Valle del Cauca con varias rutas de salida hacia el océano Pacífico. En sus veredas es posible mover hombres armados, ocultar campamentos, transportar insumos y regular el paso por vías secundarias que no cuentan con presencia permanente de la Fuerza Pública. En este municipio, en el que hay explotación ilegal de oro y otros minerales, hay también 1.203 hectáreas sembradas de hoja de coca. La toma del casco urbano les permite no solo cortar el ingreso de refuerzos y aislar al municipio, sino enviar un contundente mensaje de su poder armado en la zona, y así reafirmar su dominio sobre el territorio frente a comunidades y autoridades locales.

La incursión armada no es un episodio aislado. En lo que va del último año, las disidencias bajo el mando de Mordisco han intensificado hostigamientos y ataques contra estaciones de Policía y bases militares en el sur del país. Este mismo martes, mientras sembraban el terror en Buenos Aires, ocurrieron dos ataques con explosivos en el oriente de Cali que las autoridades atribuyen a la guerrilla del ELN, rival de la disidencia de Mordisco en distintos territorios. Tres meses atrás, un atentado con explosivos cometido por el mismo frente Jaime Martínez levantó dos barrios residenciales frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de la capital del Valle del Cauca. Y en los últimos meses, las alertas de reclutamiento de menores y los hostigamientos en otros municipios como Jamundí, Santander de Quilichao, Suárez y Corinto no han cesado.

El presidente Gustavo Petro, que no ha emitido ningún comunicado de condolencia por la grave crisis en Buenos Aires, ha liderado una confrontación abierta con Mordisco. En marzo de 2024, rompió los diálogos de paz con esta disidencia y afirmó que su jefe es un “narcotraficante vestido de revolucionario”. Desde entonces, el Ejecutivo elevó la recompensa por información que conduzca a su captura hasta 5.000 millones de pesos (alrededor de 1,3 millones de dólares), mientras ataques como el de este martes evidencian que las disputas por el control de diversas zonas del país siguen lejos de resolverse.

El único pronunciamiento público de Petro, indirecto, fue su respuesta a la denuncia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que aseguró que la seguridad en las regiones la están asumiendo solos los mandatarios locales. “Tenemos miles de hombres del Ejército en el Cauca para defender el Cauca y el Valle del Cauca de las narcotraficantes armados. Decenas de nuestros hombres enviados bajo mis órdenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido asesinados al servicio del pueblo”, escribió el jefe de Estado, quien no dedicó ni una palabra para rechazar el atentado o anunciar medidas de seguridad.

Este miércoles, mientras la guardia cimarrona del Consejo Comunitario afro de Cerro Teta se organizaba para una jornada de limpieza de escombros de las calles destruidas, una nueva alerta de hostigamientos frenó su intención. Las calles fueron nuevamente desalojadas y los pobladores huyeron a la zona rural para evitar los combates. Una lideresa de la región, que pide guardar su identidad por seguridad, explica que en veredas como Santa Catalina, a donde acudió la gente para refugiarse, “la Fuerza Pública ha llegado a las casas a maltratar a la gente desplazada para intentar buscar infiltrados de las disidencias”.

En redes sociales circulan imágenes y videos de personas abandonando sus casas con bebés en brazos y animales al hombro. “Mamá, nos sacaron de la casa. Nos dijeron que teníamos que irnos porque van a volver a atacar”, se escucha en uno de ellos. Las alarmas por otra toma se han mantenido mientras personas de las disidencias, que imponen su fuerza, golpean en las puertas para ordenar a la gente el desalojo. El miedo sigue rondando las calles vacías.

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Sobre la firma

Valentina Parada Lugo
Periodista de EL PAÍS en Colombia y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Trabajó en El Espectador en la Unidad Investigativa y en las secciones de paz y política. Ganadora del Premio Simón Bolívar en 2019 y 2022.
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