“Nos matan por hacer nuestro trabajo”: la crisis de seguridad empeora para los guardias en las cárceles colombianas

Imagine ser el guardián de una prisión donde están algunos de los más temidos criminales del país. Un día llega una orden del presidente de quitarles sus celulares —con los que están extorsionando a ciudadanos, aparatos que nunca debieron entrar a la cárcel―. Y, además, le piden transferir a algunos de ellos a otros centros penitenciarios, donde estarán lejos de sus familiares y de las bandas criminales de las que siguen haciendo parte. Uno de esos prisioneros le amenaza si cumple las órdenes. Pero, con ayuda de otros oficiales, logra llevar a cabo la misión. Acaba el turno laboral. Sale en auto o bus hacia su casa, con la satisfacción de hacer bien el trabajo. El criminal decide cumplir la amenaza. Dos sicarios se acercan al auto, disparan. No es una narración de ficción, es una posibilidad que conocen bien varios guardias del INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. A principios de año varios de ellos fueron atacados, y este jueves la escena le ocurrió a uno más, más visible y de mayor rango, en la capital del país.

“La situación de las cárceles no está fuera de control”, afirmó este viernes el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuando el Gobierno parecía perder el control. Lo dijo 12 horas después de que dos sicarios asesinaran a Elmer Fernández, el director de una de las principales cárceles del país, llamada La Modelo. Razones no le faltan al ministro para llamar a la calma: no hay motines en las cárceles como en el 2020, no hay incendios como en el 2022, no hay fugas de criminales de alto perfil como aquella de Pablo Escobar en 1992. Los privados de la libertad siguen privados de la libertad. Pero el miedo de hoy lo sienten sobre todo quienes trabajan en las cárceles: este homicidio les demuestra que el control de los centros penitenciarios y de su seguridad no está del todo en sus manos.

“Al director de La Modelo lo mataron porque hizo su trabajo, y es claro que a todos nosotros nos matan por hacer nuestro trabajo”, dice por teléfono Adolfo León Penagos, presidente del sindicato de trabajadores penitenciarios de Colombia y quien labora en la cárcel Palogordo, en el departamento de Santander. Además de Fernández, en los últimos meses ha habido atentados y homicidios contra miembros del INPEC en Cartagena, Cúcuta, Medellín, La Plata (Huila) y Jamundí (Valle del Cauca). Ante la violencia, en febrero, el Gobierno decretó la emergencia carcelaria, pero Penagos no ve que haya mejorado la situación. “El Ejército y la Policía llegaron a apoyarnos en algunos establecimientos, pero lo hicieron de forma muy aleatoria, en horarios específicos, y realmente esto no aportó soluciones para disminuir el riesgo contra nosotros”, dice el dragoneante, el rango más bajo en la jerarquía de estilo militar que tienen los guardianes.

El ministro de Justicia ha dicho que ahora busca medidas especiales con la Unidad Nacional de Protección para salvar la vida de los guardianes: en los últimos dos años se han recibido 506 amenazas a funcionarios del INPEC, y 27 de los 125 directores de cárceles están amenazados. “Todos los funcionarios en la línea roja deben ser defendidos”, ordenó el presidente Gustavo Petro. Esos serían especialmente los del INPEC.

Penagos está de acuerdo con el diagnóstico que explica esta escalada de violencia: se agudizaron las amenazas después de un Plan Dominó del Gobierno para combatir la extorsión que se comete desde las cárceles. Los guardianes han aumentado su control de las comunicaciones y las visitas, el INPEC ha trasladado criminales de lugar para reducir su poder. En otras palabras, la violencia no aumentó porque el Gobierno estuviera siendo laxo con los criminales, sino porque quiere ejercer más control sobre ellos. Otros gobiernos habían creado cierto acuerdo implícito en el que, a costa de tener tranquilidad en las prisiones, se permitía entrar celulares, cigarrillos o drogas. Intentar romper ese acuerdo implícito, que fomentó la corrupción y el poder criminal, ha sido muy peligroso.

“El director de La Modelo venía haciendo lo que estamos llamados a hacer todos los funcionarios del INPEC, controlar los establecimientos. ¿Pero qué pasa si presionas más para lograrlo? Vas a tener una reacción dura. Si no hacemos nada nuevo para prevenirlo, eso solo va a seguir”, asegura Penagos. Para Libardo Ariza, profesor de Derecho en la Universidad de los Andes y experto en el sistema carcelario, el asesinato a Fernández es un paso peligroso en un problema que ya era bastante complejo. “Es un hecho sin precedentes en la que había sido hasta ahora una suerte de guerra fría por el control del mundo del encierro”, escribe en el portal 070. “Es un movimiento que ataca dos posiciones hasta ahora intocables: la dirección de una cárcel y un alto oficial de la Policía Nacional [Fernández era coronel retirado de esa institución]”, añade.

“Yo estoy muy impactada, esperaba que esto fuera una noticia falsa”, cuenta Diana Velasco, dragoneante en La Modelo, sobre el homicidio ocurrido en la noche del jueves contra su jefe. Ya había alarma entre sus compañeros por los asesinatos en otras partes del país, pero que ocurra lo mismo en Bogotá solo le demuestra que no hay seguridad para el INPEC en ninguna región. “El autocuidado es la única forma de protegerse”, dice. Velasco añade que el único trabajo de Fernández no era frenar la extorsión, sino que estaba intentando tener un enfoque más humano dentro de la cárcel.

“Él llegó con la mejor actitud para que el establecimiento funcionara, era muy responsable, buen administrador, cercano a la gente y a las causas de redención con la academia”, cuenta Velasco. Otros directores habían entorpecido los programas educativos, añade, mientras que en los apenas 40 días que estuvo, Fernández intentó impulsar que los privados de la libertad se inscribieran en programas académicos universitarios.

Carlos Medina fue viceministro de Justicia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y debió lidiar con otra crisis carcelaria, la del hacinamiento en las prisiones, que sigue vigente. Cuenta que esta situación crítica contra el personal carcelario no es del todo nueva, aunque sí es más aguda. “Las amenazas contra la guardia han sido permanentes, históricas, pero lo que no pasaba antes es que se concretaran”, dice Medina. “El riesgo es mayor si no se es capaz de debilitar el músculo criminal fuera de la cárcel: yo puedo ser el cabecilla de un patio, pero si no tengo músculo fuera, quedo como un charlatán [si hago una amenaza que no se cumple]. Pero si hay un músculo operativo afuera de la cárcel, al que el Estado no persigue, puede que el cabecilla no gobierne la cárcel pero sí se concretan sus amenazas. Entonces acá lo clave es: ¿dónde está el Ejecutivo y, sobre todo, dónde está la Fiscalía para perseguir esas estructuras criminales?”, añade Medina.

En pocas palabras: cualquier esfuerzo del Gobierno por tener control al interior de la cárcel será insuficiente si las bandas criminales se siguen fortaleciendo afuera de sus muros. Y hoy en día sí tienen músculo. Cualquier esfuerzo por proteger a los guardias del INPEC tendrá que tener en cuenta que ellos, al dejar el uniforme al final de su turno, van a dormir a sus barrios. Y en muchos de ellos hoy hacen presencia las bandas criminales más poderosas del país.

Aunque aún no está confirmado el autor intelectual, los indicios apuntan primero a un detenido en La Modelo que firmó una amenaza al director con el nombre de Pedro Pluma. “Si se vuelve a meter de requisa para el patio le mato la familia. Para que vea que yo si tengo poder y si me trasladan le mato la familia”, decía el mensaje amenazante. Si se confirma su autoría, explican Medina y Penagos en llamadas distintas, su poder fuera y dentro de la cárcel aumentaría: demuestra que sus amenazas tienen consecuencias. Pero también existe la posibilidad de que detrás del asesinato estén grupos criminales más grandes, el Tren de Aragua o La Inmaculada, que también han amenazado al INPEC desde la captura de sus líderes. Los guardias de las cárceles tienen más de un enemigo y el gran peligro, para todos los que quieren cumplir las órdenes del presidente de frenar la extorsión, es que esos enemigos tienen mucha fuerza fuera de la cárcel.

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