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Petro se prepara para imprimir una huella más política a la nueva junta directiva de Ecopetrol

La inclusión en la plancha de dos viceministros, uno de ellos sindicalista y otra activista ‘antifracking’, genera desafección en los actuales integrantes del órgano directivo

Gustavo Petro, en octubre de 2023.
Gustavo Petro, en octubre de 2023.Ken Ishii (AP)
Camilo Sánchez

Cuando se habla de los próximos cambios en la composición de la junta directiva de Ecopetrol, la mayor compañía de Colombia, buena parte de los ejecutivos entrevistados coinciden en que están dirigidos a romper las costuras de algunos de los rasgos corporativos de la petrolera. El futuro no es lejano. La probable llegada de nueve miembros propuestos por el Gobierno, el mayor accionista de la empresa con un 88,5%, se dan por descontados. Se trata, en resumen, de un asunto delicado y controvertido durante las últimas semanas para miembros de la actual junta contrariados con los perfiles de sus sucesores.

Basta recordar que ni siquiera el reciente informe de gobernanza, que evidencia que ninguno de los aspirantes sería apto para la misión, ha sido suficiente para frenar un cambio muy criticado desde diversos sectores por privilegiar los intereses políticos del petrismo a costa de los requisitos técnicos y de pericia empresarial. Los dos nombres propuestos por el Gobierno de Gustavo Petro que más generan reticencia son, sin duda, los de los viceministros de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Lilia Tatiana Roa, y de Relaciones Laborales, Edwin Palma. Una funcionaria conocida por su activismo político, y un veterano sindicalista petrolero que alternarían de forma inusitada su función pública con las tareas de la junta.

Altos ejecutivos allegados a la compañía dan por segura la pronta aparición de impugnaciones y tutelas provenientes de los accionistas minoritarios en contra de una decisión que, a su juicio, viola los acuerdos suscritos por Colombia con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de selección y nombramiento de directivas en empresas estatales.

Para el economista y académico de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, la situación es problemática porque uno de los ejes de las políticas de buen gobierno corporativo es evitar que los funcionarios públicos tengan capacidad de decisión sobre el dinero de este tipo de empresas. Se corre el riesgo, agrega, de que esos fondos sean canalizados para cubrir huecos del presupuesto, dar subsidios o hacer y pagar favores para imponer sus condiciones frente a proveedores o asociados: “Es una situación que los pone en situación de conflicto de interés. Pongamos por ejemplo la decisión de los dividendos. ¿Se hará en función del interés de la compañía o de las necesidades de efectivo del Gobierno nacional?”.

No es de extrañar la discreción absoluta de las fuentes a la hora de hablar del asunto. El proceso es el siguiente. El Ministerio de Hacienda, quien figura como dueño de las acciones estatales en la petrolera, presenta la plancha de candidatos ante un comité de la junta actual. Si los nombres pasan la criba y cumplen con los requisitos, el viernes 22 de marzo la asamblea de accionistas, donde el Gobierno tiene mayoría, elige por votación a 9 miembros que deberían cumplir cuatro años en función. “Pensemos, por ejemplo”, continúa Jorge Restrepo, “en futuras decisiones sobre los pilotos de fracking, o los proyectos de exploración y explotación con una viceministra que se ha declarado vocal opositora al fracturamiento hidráulico y cuyas licencias requieren regulación política de su cartera”.

El ambiente ya venía caldeado desde enero. Por entonces, el Gobierno, a través de una asamblea extraordinaria, logró cambios en los estatutos, como reducir el requisito de experiencia profesional para integrar el órgano directivo de 15 a 12 años. También estableció la inclusión obligatoria de una cuota femenina del 30%. Allegados a la junta actual aseguran que esas movidas están encaminadas a instaurar una “gerencia obrera” en Ecopetrol. Otros hablan de una junta a imagen y semejanza del ideario ambiental del presidente, empecinado en acabar cuanto antes con la dependencia del petróleo, en contra del fracking, y a favor de un difuso plan de transición energética propulsado, en teoría, por la empresa.

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De esta manera el pulso al interior de la quinta compañía de Latinoamérica, fundada en 1951, gira en torno a las posiciones críticas del Gobierno de izquierdas sobre el futuro de una fuente de riqueza que en 2022 alcanzó a aportar el 72% de la inversión extranjera directa en el país. La coyuntura no es la mejor. El precio promedio del barril de crudo en 2023 se situó en 82,95 dólares, un 17% menos que en 2022. Eso afectó las utilidades de la compañía, que se desplomaron un 42%. Pero la situación ha sido relativizada desde Ecopetrol, a pesar de que la acción ha caído más del 10% en lo que va de año, y ha sido atribuida a factores exógenos que han impactado a las mayores petroleras del mundo por igual.

¿Cuál debe ser el futuro del petróleo como materia prima dentro de la economía colombiana? Una pregunta existencial con tantos puntos de vista en el sector energético y en la academia en medio de un mundo cada vez más consciente de la emergencia climática y la urgencia de apurar la transición a las energías limpias. Entre tanto, en la petrolera colombiana confluyen otros líos más terrenales que han sido enumerados por Jorge Restrepo: “La lista de candidatos a la junta no tiene conocimientos ni experiencia financiera, contable, bursátil, ni de gestión de riesgos o administración. Solo uno tiene experiencia jurídica como legislador”.

Va más allá y sugiere que se trata, en el fondo, de una estrategia para rodear al presidente de la empresa, Ricardo Roa Barragán, investigado por los cuatro costados a causa de su rol como administrador de la campaña presidencial de su amigo cercano, el presidente Gustavo Petro. Hoy los órganos de control cuentan con indicios de que habrían entrado dineros de manera irregular a la caja de la coalición progresista. En los últimos meses, también han trascendido otras indagaciones contra el ejecutivo por la compra de un lujoso apartamento a menosprecio a un petrolero venezolano con diversos intereses en la industria gasífera y conexiones comerciales con Hocol (filial de Ecopetrol). Roa Barragán afirmó en principio que no conocía al empresario Serafino Iacono, exdirectivo de la desaparecida y polémica Pacific Rubiales. Pero luego se filtraron fotografías donde se ve a los dos ejecutivos en Punta Cana (República Dominicana). “Fue un tema social y personal”, justificó Roa.

Ese es el marco crítico dentro del cual se decanta el futuro de la compañía más grande de Colombia. Restrepo concluye que ahora se abren las puertas para las impugnaciones a la asamblea y demandas que probablemente entorpecerán durante algunos meses la buena marcha de la compañía del logo de la iguana: “Yo no soy abogado, pero los accionistas minoritarios tienen herramientas para oponerse a decisiones contrarias a los estatutos del Código de Comercio, como acudir a un juez civil del circuito o a la Superintendencia de Sociedades para hacer valer sus derechos”.

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Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.
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