De acusadores a acusados: una jueza, dos fiscales, cinco policías, y el robo de 10 lingotes de oro y 69 relojes incautados

La Fiscalía ha decidido investigar a fondo el robo de 10 lingotes de oro y 69 relojes de lujo que estaban en custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Bogotá. La vicefiscal general Martha Mancera firmó una resolución, revelada este martes por Caracol Radio, en la que señala que se trata de “un caso de connotación nacional el cual requiere especial atención”. Por ello, el pasado 27 de octubre asignó especialmente esa investigación a Pedro Iván Bonilla, el fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Bonilla recibe un caso complicado y plagado de acusaciones de corrupción a una juez, dos fiscales, y cinco policías que trabajaban con la SAE, la entidad encargada de manejar y custodiar los bienes que confisca el Estado colombiano.

Los objetos fueron incautados al exnarco y otrora jefe del cartel del Norte del Valle, Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya, y a su esposa, María Fernanda Ángel Muñoz, arrestados en 2019 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, para la misma Fiscalía los esposos no eran criminales sino víctimas de una corruptela. Por ella, al menos diez personas están en la mira del ente acusador, según la resolución revelada este martes. El documento explica que el intendente de la policía Sergio Sánchez fue el funcionario que decomisó los bienes a la pareja, y aparentemente los tuvo varios meses en su poder.

De acuerdo con la Fiscalía, Toro y Muñoz fueron capturados en 2019 después de que se negaron a pagar una extorsión a funcionarios judiciales. La decisión de detener a la pareja en un allanamiento, en el que se incautaron los bienes, han sido desde entonces señalados de ilegales por la misma Fiscalía. Además, una analista de comunicaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía, la subteniente Mónica Alejandra Vanegas, reveló al ente en abril de este año que policías habían falsificado su firma en documentos de la investigación para hacerle creer a un juez que era necesario interceptar las líneas celulares de Toro y Ángel.

En el documento del ente, Vanegas es citada diciendo: “El contenido lo realizamos con el investigador Francisco Morales, él me indicó por teléfono qué ir escribiendo en el informe. Con relación a la firma del informe, esa no es mi firma”. Sobre otro informe afirma: “Sí recuerdo que lo elaboré yo, pero esa firma que está ahí no es mi firma o no fui yo quien la realizó”. Por ello, la resolución revelada este martes concluye “su firma fue falsificada al parecer por los mismos funcionarios de la Dijin”.

En paralelo, desaparecieron los 10 lingotes de oro y la colección de 69 relojes. Entregados a la SAE, esta se los pasó a su vez a dos depositarios, ya que la entidad no administra directamente los bienes a su cargo, sino que les cede el manejo a terceros. Según la resolución, los objetos nunca fueron registrados como exige la ley ni se hizo un dictamen para que algún perito evaluara si eran originales o no. Tras un cambio de fiscal del caso, la nueva funcionaria ordenó la revisión y resultó que lo que la SAE tenía en su custodia en ese momento eran barras pintadas color oro y relojes falsificados. Por ello es que ahora el fiscal Bonilla también investigará si hubo cambio de los bienes valiosos por imitaciones.

Casi una década preso en EE UU

El arresto de Pipe Montoya ocurrió en diciembre de 2019. La Policía lo encontró junto con su esposa en el condominio Villas de Pueblo Viejo, conformado por casas de 350 a 600 metros cuadrados. Está ubicado en Cota (Cundinamarca), al borde de Bogotá y a cientos de kilómetros de Cali, la ciudad en la que durante años construyó su imperio criminal con su primo Diego León Montoya, alias Don Diego, como los jefes del cartel Norte del Valle.

No era su primera detención. En 2003, había sido capturado y extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Recibió entonces una sentencia de 19 años, pero en 2012 fue liberado y regresó a Colombia, donde quedó libre porque no había procesos en su contra.

El robo a la SAE ocurrió tres años después de la detención del exnarco. Según documentos de la Fiscalía, para 2022 los lingotes y la colección de relojes estaban bajo custodia de la SAE, a cargo de los depositarios María del Pilar Toro y Juan Carlos Vargas. El paradero de los bienes hurtados aún se desconoce.

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