La investigación del Ministerio de Trabajo a los directivos del fútbol colombiano

Carlos González Puche (Bogotá, 58 años) avisó a los directivos de Millonarios —uno de los clubes de fútbol más grandes del país y por entonces dueño de su pase— que no quería mudarse por fuera de Bogotá porque planeaba iniciar una especialización en derecho penal. Sus últimos dos años habían sido un constante movimiento, con cesiones al América de Cali y Cúcuta Deportivo, por lo que quería estabilidad y una oportunidad para ahondar en sus conocimientos legales, luego de graduarse como abogado en la Universidad Externado de Colombia. Transcurría el año 1986 y el reconocimiento de los derechos de los deportistas era distinto. Pese a su solicitud, Millonarios le comunicó que sería transferido al Deportivo Pereira. “Nos trataban como una cosa con la que podían hacer lo que se les diera la gana”, recuerda indignado. Tras ese episodio, se retiró del fútbol y casi dos décadas más tarde, en 2004, se convirtió en uno de los fundadores de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), organización que actualmente intenta adelantar una negociación con las máximas instituciones del balompié nacional para mejorar las condiciones laborales de los futbolistas.

Acolfutpro, el 11 de septiembre de 2019 y bajo la dirección ejecutiva de González, radicó un pliego de peticiones a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). El documento consigna 12 puntos sobre los que se planteaba concertar, y contó con el respaldo de 1.117 futbolistas, hombres y mujeres, pertenecientes a los 36 equipos profesionales. Hace unos días se cumplieron cuatro años desde ese momento y los avances son casi nulos. La Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio del Trabajo, atendiendo la situación, emitió un auto este lunes, que señala “que existe mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio (...) por la negativa a negociar el pliego de peticiones presentado”. El pronunciamiento fue una advertencia para la Dimayor, así como para la Federación Colombiana de Fútbol, sobre las posibles consecuencias si no inicia los diálogos con esta asociación.

“Nos hemos reunido cuatro veces desde enero. El Ministerio ha enviado el material desde que empezó el año, pero la Dimayor no se ha sentado formalmente a llevar a cabo la negociación y por eso realiza este llamado de atención. Si no atienden, habrá pliego de cargos porque existe mérito suficiente. La FIFA y la OIT han estado siguiendo el tema”, comenta González a EL PAÍS.

Entre los aspectos sobre los que Acolfutpro quiere llegar a acuerdos están el calendario de competencias profesionales, el estatuto del jugador, los protocolos contra la discriminación y la violencia de género, los horarios de descanso entre partidos, la participación de derechos de televisión y el torneo de fútbol femenino. Este último punto es el que más ha ocupado espacio en la agenda mediática debido a las disparidades entre la liga femenina y la masculina. Mientras la segunda se juega durante todo el año, la primera solo dura cuatro meses. Esa realidad obliga a las jugadoras a buscar otras alternativas para subsistir. “Ninguna mujer puede decir que tiene condiciones para vivir de lleno de la liga. No pueden decir siquiera que desarrollan por completo su actividad profesional y les toca buscar otro tipo de actividades”, asevera González.

La liga femenina es una creación reciente. Inició en 2017 y los clubes han dado pasos tímidos para favorecer su crecimiento. Pero las circunstancias adversas no han sido impedimento para que las futbolistas colombianas obtengan grandes logros a nivel internacional. Atlético Huila se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2018 e Independiente Santa Fe fue subcampeón en 2020. La Selección Colombia femenina, además, recientemente llegó hasta los cuartos de final del Mundial que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, con una nómina en la que sobresalen varias jugadoras que se desempeñan en el rentado local.

Las peticiones elevadas por Acolfutpro no se dirigieron a los clubes sino a la Dimayor, que los agrupa, debido a que a su juicio es la institución con capacidad para implementarlas. “Aquí no estamos hablando de subir salarios. Pedimos condiciones mínimas y la Dimayor está en la capacidad de garantizarlas”, asegura González. Agrega que el problema no radica en el contenido de lo que se pide, sino en la negativa de los directivos de los distintos equipos. “Los clubes no quieren que nadie opine o hable sobre su negocio”. En su criterio, el progreso del deporte más popular entre los colombianos no avanzará como en otros países hasta que se acepte que “los jugadores opinen sobre cómo se lleva a cabo el fútbol”.

El Ministerio del Trabajo, a través de un comunicado que acompañó la noticia del auto, insiste en la necesidad de que se llegue a una pronta solución y en su apoyo a las reclamaciones de Acolfutpro. “Desde hace años el Gobierno colombiano tiene un expediente abierto en el Comité de Libertad Sindical de la OIT por este caso. Hemos querido solucionarlo por la vía del diálogo social, pero ha sido imposible. El Estado tiene obligaciones que estamos comprometidos a cumplir. Esperamos que la Federación y la Dimayor, en cualquier momento, inicien las conversaciones en beneficio del espectáculo del fútbol, la hinchada y por supuesto los intereses de los futbolistas que al final son trabajadores”, reseña el documento sobre lo dicho por Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, y por largos años líder sindical de la petrolera Ecopetrol.

Un informe de 2021, elaborado por la Superintendencia de Sociedad, reveló que los equipos de futbol profesional —33 existían en ese año— sumaron ventas por 387.000 millones pesos (alrededor 105 millones de dólares de la época). EL PAÍS contactó a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, para consultarle por la decisión del Ministerio, pero no recibió respuesta. La institución no se ha referido al anuncio.

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