Siete preguntas abiertas que deja el choque político entre Benedetti y Sarabia

El escándalo que ha acaparado la atención de Colombia parece no ser uno, sino muchos: empezó como una denuncia de presunto abuso de poder, pasó a ser intriga palaciega, tiene un aspecto de un escándalo de chuzadas y va un debate sobre posible financiación irregular de campañas. Además de ese carácter mutante y complejo, tiene muchos filones abiertos. Estas son siete de las principales preguntas que siguen sin respuesta:

1. ¿Marelbys Meza fue forzada a someterse al polígrafo?

Todo este escándalo comienza cuando Laura Sarabia, para entonces jefe de gabinete, denuncia ante la Fiscalía el robo en su hogar de un maletín con alrededor de 7.000 dólares a principios del año. Su equipo de seguridad decide someter a su entorno a un polígrafo en un edifico de la Presidencia. La denuncia original, hecha en la revista Semana, apuntaba a supuestas presiones para que la niñera de Sarabia, Marelbys Meza, se sometiera al polígrafo. La niñera —que falló la prueba—dice que se sintió secuestrada y maltratada.

“Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de los recursos públicos y maltrato a personas indefensas”, dice un comunicado de Presidencia argumentando que el hurto fue atendido por las autoridades bajo las reglas establece la ley para la seguridad de los funcionarios cercanos al presidente. Sarabia aclaró a Semana que Meza no fue forzada. “La señora, en ningún momento, estuvo secuestrada en Palacio. Ella vino consciente. Ella firmó un consentimiento”, dijo, y compartió con el medio una copia de dicho documento. El fiscal Francisco Barbosa, sin embargo, dijo que investigaría si hubo un abuso de poder. “¿Cuál fue el rol que tuvo Laura Sarabia en este tema? ¿Cuál fue el rol que tuvieron las autoridades en ese procedimiento?”, dijo a Blu Radio.

2. ¿Por qué Sarabia contrató a Marelbys Meza?

Tres días después de que Semana publicara la denuncia de Meza contra Sarabia, el periodista Daniel Coronell reveló en su reporte para W Radio que a la historia le faltaba una pata: el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, un antiguo jefe de Sarabia y a quien la denuncia original de Semana no había mencionado, estaba molesto con ella. Él se había reunido con la directora de Semana, Vicky Dávila, el mismo día en que Dávila entrevistó a Meza, lo que generó la sospecha de que la publicación le serviría como ataque a Sarabia. Coronell explicó algo adicional: antes de trabajar para Sarabia, Meza había trabajado en el apartamento de Benedetti, donde también fue acusada de robar dinero (5 millones de pesos). También pasó entonces por un poligrafista, esta vez privado, falló la prueba, y fue despedida. Y luego, de forma aún más extraña, Benedetti la contrató y le llevó a Venezuela“ ¿Por qué recomendar y por qué contratar una empleada doméstica que tenía semejante antecedente acreditado con detector de mentiras?”, se pregunta Coronell. “¿Por qué, a pesar de eso, Marelbys conservaba el vínculo con Armando Benedetti?”, añade.

La primera pregunta aún no tiene respuesta clara. A la segunda, el exembajador respondió a Semana que volvió a contratar a Meza porque Sarabia se lo pidió. “A mí me buscaron para que la contratara, para que no se acercara a ustedes los periodistas”, dijo a Semana. “Laura me llamó el 17 o 18 de abril (...)[dijo] que Mary estaba hablando con los periodistas y estaba inventando cosas de ella. Yo le dije: “Yo me encargo de ella, yo la contrato y me la llevo para Venezuela” “, añadió

3. ¿Quién ordenó las interceptaciones de la niñera de Laura Sarabia?

Días después de que Semana publicara la denuncia de Marelbys Meza, el diario digital Cambio publicó que el teléfono de ella había sido interceptado por la Policía. Horas después, el fiscal Francisco Barbosa confirmó, en rueda de prensa, que se trataba de una interceptación ilegal, y que también había sido víctima la limpiadora del hogar de Laura Sarabia. Un policía, explicó Barbosa, había hecho pasar a las dos mujeres como miembros del Clan del Golfo para interceptar sus comunicaciones, y le pidió a un fiscal que ordenase la interceptación. Los implicados, añadió Barbosa, actuaron como “la Gestapo” colombiana.

El exembajador Benedetti dejó en el aire la teoría de que la misma Sarabia, o alguien de su entorno, había ordenado interceptar los teléfonos. En su cuenta de Twitter, dijo que Sarabia le contó que Meza había hablado con la revista Semana. “¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, escribió. Volvió a lanzar la sospecha contra Sarabia en dos entrevistas que dio luego, a Cambio y a Semana.

Sin embargo el policía acusado de haber pedido la interceptación a la Fiscalía en febrero y su defensor aseguraron este lunes en W Radio que la Fiscalía es la responsable de estas interceptaciones, pues dicen que decidió continuar con las chuzadas después de que la Policía le solicitara levantar los pinchazos al ver que no tenían relación con el Clan del Golfo. “La gran incógnita es por qué el fiscal no cancela cuando lo solicita el patrullero [el 3 de febrero], sino siete días después”, comentó el abogado defensor, Miguel Ángel del Río. Añadió que luego hubo una segunda orden de interceptar esos número que vino de la Fiscalía. “Esto lo que hace invalida la tesis que chuzamos desde el gobierno”, respondió el presidente Petro ante la última revelación.

4. ¿Hubo financiación irregular de la campaña de Petro?

En los audios filtrados, Benedetti amenaza a Sarabia con revelar irregularidades en la campaña presidencial de Petro, que lideró parala cual, dice en esos audios, ayudó a conseguir donaciones. Aunque no ahonda en detalles, habla del ingreso de 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) que no aparecen en las cuentas oficiales. Aunque Benedetti luego ha atribuido sus palabras “a la rabia y el trago”, el Consejo Nacional Electoral llamó a ambos exfuncionarios a rendir testimonio el próximo 13 de junio sobre la financiación de la campaña. Por otra parte, el excandidato Federico Gutiérrez ha denunciado al presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por “el presunto delito de financiación ilegal de campañas”.

Frente al escándalo, Petro ha argumentado que en su campaña no se recibieron dineros de personas ligadas al narcotráfico, “ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”. En la gerencia, ha dicho Petro, se rechazaron muchas donaciones y se aceptaron otras, de conformidad a los criterios de la ley. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. Benedetti “debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país”, ha dicho el presidente.

5. ¿Qué tiene que ver este escándalo con Nicolás Petro, hijo del presidente?

En los audios filtrados, además de mencionar los 15.000 millones, Benedetti hace referencia a dineros ilícitos y al escándalo de financiación que atañe al hijo del presidente, Nicolás Petro. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá. Tú, que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000″, dijo. El 8.000 fue el nombre de la investigación por el ingreso ilegal de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper, en 1994, por lo que se sugiere que hubo dinero ilícito en la campaña del presidente actual. Luego de que los audios salieran a la luz, Vicky Dávila, directora de Semana, le preguntó a Benedetti quién puso la plata en la costa. “Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás”, respondió él.

En marzo de este año Nicolás, político en la costa Caribe, fue acusado por su exesposa de recibir 600 millones de pesos del narcotraficante conocido como ‘El Hombre Marlboro”, para la campaña, y otros 400 millones del contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca; y de apropiarse de ese dinero para llevar una vida de lujos y nunca llevarla a la campaña. El mismo presidente pidió que la Fiscalía investigara a su hijo, y aseguró que a su campaña no llegó dinero de la mafia o la corrupción. El 21 de marzo, la Fiscalía anunció que investigaba a Nicolás por lavado de activos. Benedetti le dijo a Vicky Dávila que cuando estalló el escándalo viajó a Cartagena a preguntar por el asunto, y allí “me echaron unos cuentos”. ¿Narcos?, le pregunta Vicky Dávila. “No sé”, dice él. “No eran emprendedores…”

6. ¿Cómo se afectan las reformas del Gobierno?

La crisis en la Casa de Nariño ha teñido de incertidumbre el futuro de las grandes reformas que se propone el Gobierno de Petro, justo cuando se acaba el tiempo para su trámite legislativo. El presidente de la Cámara de Representantes, el petrista David Racero, sostuvo este lunes que sus discusiones se congelan hasta que se pueda “dialogar de nuevo” y “reconstruir la coalición de Gobierno”. A menos de 15 días del fin de la legislatura y con una coalición debilitada, esto casi garantiza el hundimiento de las reformas a la salud, laboral y pensional, que se habían topado con un atasco en el Capitolio antes de que surgiera este nuevo obstáculo. Desde la oposición piden con insistencia archivar los tres proyectos, que no contaban con mayorías garantizadas.

El Gobierno puede aplazar la de salud para el otro semestre sin que se pierda lo avanzado hasta ahora, pero la laboral y la pensional no han logrado superar ningún debate y, según la ley, si no superan ninguno durante la legislatura en la que se presentaron, se archivan. Así, el Gobierno tendría que radicarlas de nuevo a partir del 20 de julio, tras sufrir esa derrota.

7. ¿Quién investiga todas estas acusaciones?

Benedetti y Sarabia tendrán que rendir cuentas ante la Fiscalía y ante el Consejo Nacional Electoral por las interceptaciones y el posible abuso de poder con el polígrafo (en la Fiscalía) y por la posible irregularidad en la financiación de la campaña electoral (ante el CNE). La Procuradora Margarita Cabello también abrió una indagación contra Sarabia y el director de la Policía por las interceptaciones al teléfono de Marelbys Meza. Y el exministro del Interior, Alfonso Prada, demandó ante la Fiscalía a Armando Benedetti por calumnia: entre los audios privados, el exembajador decía a Sarabia “el señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer”.

Pero la gran batalla judicial se va a mudar al Congreso, específicamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La Comisión es la entidad encargada de investigar al presidente de la República en caso de que haya una denuncia en su contra, como es el caso de Petro, y contra el fiscal general, que fue denunciado por el Pacto Histórico de invitar a la sedición en medio del escándalo.

La Comisión de Acusaciones está conformada por 18 congresistas, políticos por excelencia, y decide si acusa al denunciado ante la plenaria de la Cámara, que luego decide si la investigación debe ir a juicio en el Senado. La Comisión tiene 18 miembros, y hoy en día 7 están en oposición al Gobierno, 5 están a favor de él y otros 6 tienen posturas intermedias. En las manos de esos del medio está el futuro jurídico, y político, del presidente.

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