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El Pacto Histórico de Petro denuncia al fiscal general: “Se ha convertido en un vocero de la oposición”

El movimiento político de izquierda interpone una demanda ante la Comisión de Acusaciones contra Francisco Barbosa, alegando que este último invitó a la insubordinación de la fuerza pública

Camila Osorio
David Racero durante la rueda de prensa del Pacto Histórico
David Racero durante la rueda de prensa del Pacto Histórico, en Bogotá, el 6 de junio de 2023.PACTO HISTÓRICO

Se dice que en Colombia no hay aún un claro líder de la oposición pero para la bancada legislativa del Pacto Histórico, el movimiento de izquierda liderado por Gustavo Petro, quien se quiere llevar esa corona es quien no debería participar en política: el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Senadores y representantes del petrismo lo han denunciado este martes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, alegando que el fiscal invitó, en una entrevista radial el 29 de mayo en la emisora Blu Radio, a la insubordinación y desobediencia de la fuerza pública.

“Quiero decirle un mensaje al director de la Policía, al director de la DIJIN, a los directores de la SIJIN: que no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo”, dijo entonces Barbosa, justo antes de que se revelara que las autoridades habían interceptado ilegalmente el teléfono de Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia.

El mensaje del fiscal fue entendido, tanto por Petro como por los congresistas de su movimiento, como una invitación a la sedición contra el presidente. En una ceremonia del Ejército el pasado viernes 2 de junio, Petro lo dejó claro: “A través de medios de comunicación algún alto funcionario del Estado, que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes que desobedezcan al Presidente de la República. Eso se llama sedición”.

Como vocero de esta demanda fungió David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, quien explicó que piden que se investigue al fiscal por dos delitos puntuales, que están en los artículos 471 y 472 del Código Penal: conspiración, por un lado, y sedición, usurpación y retención ilegal de mando, por el otro. Con respecto al delito de conspiración, Racero aclaró: “Puede ser que el fiscal no solamente lo esté diciendo públicamente. Si se atreve a decirlo en medios, públicamente, posiblemente pueda que lo esté haciendo de manera privada. Puede que esté usando sus funciones, su fuero, su poder, que cada vez utiliza más en contra de este gobierno de manera ilegítima”.

A su lado estaba la senadora María José Pizarro, quien aclaró que hace varios días vienen denunciado que el fiscal “más que actuar como jefe de la Fiscalía, ha decidido intervenir abiertamente en política”, lo que lo ha llevado a “convertirse, tristemente, en vocero de la oposición”. La senadora Clara López, también presente en la rueda de prensa, dijo que la demanda viene también porque el fiscal ha comenzado un proceso de “judicializar la política, y politizar la justicia”.

La demanda llega tras dos semanas en las que el Pacto Histórico viene diciendo que sufren una persecución política desde los organismos de control, específicamente la Fiscalía y la Procuraduría. La semana pasada los congresistas también denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Margarita Cabello, exministra de Justicia de Iván Duque y ahora procuradora General. En esa denuncia pidieron unas medidas cautelares, argumentando un “claro hostigamiento” contra del movimiento del presidente desde las oficinas de Cabello: consideran que la Procuraduría ha tomado decisiones para las que no tiene competencia, como suspender congresistas, y que al menos seis de sus legisladores se encuentran en riesgo de perder sus escaños por las acciones de la procuradora.

El presidente también viene denunciando el llamado “golpe blando”, un temor de la izquierda latinoamericana de que una justicia politizada empiece guerras jurídicas (como la del exmagistrado brasilero Sergio Moro contra el presidente Lula da Silva) para frenar o tumbar a Gobiernos elegidos democráticamente. En Colombia, tanto Barbosa como Cabello generan muchas suspicacias por haber sido funcionarios del Gobierno del antecesor de Petro, el expresidente de derecha Iván Duque, y haber pasado de allí a ocupar sus cargos actuales, impulsados por su entonces jefe. “Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política”, dijo el presidente en sus redes.

“La procuradora ha tenido expresiones en los medios de comunicación muy preocupantes, donde asume más una posición de líder política de la oposición que de procuradora general”, dijo la semana pasada la senadora Pizarro.

La demanda llega a la Comisión de Acusaciones cuando la oposición política acaba de visitar el mismo recinto por la pelea entre Laura Sarabia y Armando Benedetti. Un día antes de esta demanda, el excandidato presidencial del uribismo Federico Gutiérrez, y el senador uribista Miguel Uribe, denunciaron a Petro ante la misma entidad de la Cámara de Representantes. Piden que se investigue si hubo “financiación ilegal de la campaña presidencial” de Gustavo Petro, como pareció insinuar el exembajador Benedetti. La Comisión de Acusaciones, un órgano político-judicial que fue estelar en el proceso 8.000 contra el expresidente Ernesto Samper pero que usualmente es considerado ineficaz, ha vuelto a tomar relevancia en las peleas contra el presidente, y contra el Fiscal.

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Sobre la firma

Camila Osorio
Corresponsal de cultura en EL PAÍS América y escribe desde Bogotá. Ha trabajado en el diario 'La Silla Vacía' (Bogotá) y la revista 'The New Yorker', y ha sido freelancer en Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos.

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