La Comisión de Acusaciones, otro escenario incierto para Gustavo Petro

Las intenciones reformistas del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso han quedado estacionadas a raíz de la tormenta desatada por el choque entre Laura Sarabia, exjefa de gabinete, y Armando Benedetti, exembajador en Venezuela. La guerra total entre ambos parecía mantener al margen al mandatario hasta que en unos audios publicados por la revista Semana se escucha a Benedetti mencionar que ayudó a conseguir 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial sobre cuyo origen, no aclarado de manera explícita por el político, se ha posado un manto de duda.

En las grabaciones de varias comunicaciones entre Benedetti y Sarabia, se escucha al entonces embajador cuando dice: “Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”. Más adelante: “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”. Y luego sugiere que puede haber una similitud con el proceso 8.000, por el que se investigó al expresidente Ernesto Samper (1994-1998) por haber recibido financiación del narcotráfico en su campaña: “Lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar”.

Ni en los audios ni en la entrevista que dio a Semana este lunes, el exembajador afirma de manera explícita que se trate de una ilegalidad. Eso, sin embargo, no ha impedido que el candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, exrival presidencial de Petro, haya viajado a Bogotá para denunciar al presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para “que se investigue posible (sic) comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro (posiblemente dineros del narcotráfico)”. Un anuncio similar hizo el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Ambos, además, tildaron al actual Gobierno de “ilegítimo”.

La Comisión de Acusaciones es la entidad encargada de investigar al presidente de la República en caso de que haya una denuncia en su contra, como es el caso. También lo debe hacer en denuncias contra el fiscal general de la Nación y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. Esa comisión, conformada por políticos, decide si acusa al denunciado ante la plenaria de la Cámara, que luego decide si la investigación debe ir a juicio o debe precluir. Si considera que debe avanzar, acusa ante el Senado, que se encarga del juicio jurídico-político que puede terminar con el demandado suspendido, inhabilitado y enjuiciado ya ante jueces.

Casi ningún proceso ha superado el primer escollo, el de una Comisión de Acusaciones llena de denuncias, disfuncional y con una natural esencial política. Solo avanzó un caso contra un presidente de la República, de Ernesto Samper, que la plenaria de la Cámara luego precluyó. Y solo ha superado la plenaria la investigación contra exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, que fue suspendido por el Legislativo y cuya investigación por el delito de concusión continuó en la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene 18 miembros, y hoy en día 7 están en oposición al Gobierno y 5 están a favor de él. Otros 6 tienen posturas intermedias, y pueden definir el futuro político y jurídico de Petro. La mayoría, en una eventual votación, sería de 10 representantes.

Ante una instancia tan política, vuelve a escucharse el eco del golpe en la mesa que significó la ruptura de la coalición de Gobierno en febrero pasado. En ese momento, al ver las complicaciones que tenían sus principales reformas para avanzar en el Congreso, el presidente Petro dio un giro a la izquierda, relevó a varios de los ministros más moderados que diferían con él en varios asuntos nucleares de las reformas y se alejó de partidos como el Conservador y La U. Ambas colectividades tienen representación en la comisión de la Cámara ante la que fue denunciado.

Petro rechaza las dudas sobre la legalidad de su campaña

Tras el aluvión de declaraciones de Benedetti, el presidente Petro ha defendido su Gobierno y ha rechazado cualquier sugerencia que indique que hubo financiación ilegal en su campaña. “Nadie del gabinete del gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”, escribió este lunes por la mañana.

En su red social, el mandatario también corroboró la versión de Benedetti entregada a Semana, en la que indicó que cuando alguien pedía donar o conseguir donadores de dinero para la campaña, era dirigido a la gerencia, “donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley”, dice Petro. Más adelante dice que de la misma manera en que muchas de esas donaciones fueron aceptadas, otras tantas fueron rechazadas, y que la mayor parte del dinero de la campaña se consiguió a través de préstamos de la banca comercial.

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