Las bandas armadas de Medellín están a la espera de claridad para entrar a la paz total

El rumor de la instalación de una mesa de paz en Medellín, en la que se reunirían voceros de varios grupos delincuenciales y del Gobierno el miércoles 19 de enero, recorrió varias redacciones del país. El Colombiano reveló la noticia. Sin embargo, el día llegó y no hubo reunión. Las hipótesis sobre qué motivó el rumor o por qué se canceló llevan a un punto en común: las reglas a las que se someterán los grupos delincuenciales bajo la paz total no están claras.

Las bandas y sus delegados esperan más detalles sobre cómo será la ley de sometimiento a la justicia. El presidente del Senado y defensor del Gobierno y su política de paz total, Roy Barreras, solicitó públicamente al Gobierno que la radique para empezar a discutir en las sesiones extraordinarias que inician el 16 de febrero para debatir el Plan de Desarrollo.

Un vocero de la banda ‘Los Pachelly’, una de las organizaciones más grandes del Valle de Aburrá, explicó a EL PAÍS que la discusión sobre cómo sería su participación en la paz total todavía está por decidirse. “No estamos de acuerdo en participar en nada que tenga que ver con el sometimiento”, dijo. Cuenta que ellos tienen una argumentación para desarrollar una propuesta de acogimiento y no sometimiento. La diferencia está en que, en su entender, la figura del sometimiento es inconstitucional y les resta un estatus político que ellos reivindican.

“Proponemos un diálogo respetuoso. Proponemos que esa conversación abra la puerta a la confianza que permita llegar a un acuerdo cooperativo, más que a una negociación”, indica el hombre, que entró a ese grupo a los 14 años. Además de las reglas, a las bandas les preocupa cómo serán aplicadas. El choque de trenes entre el Gobierno y la Fiscalía, que se niega a levantar órdenes de captura de integrantes del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’ para tener conversaciones, suscita interrogantes en las bandas. Ellas esperan el traslado de varios de sus jefes a la Cárcel de Itagüí, donde se instalaría la mesa. El Gobierno, por su lado, mantiene un halo de misterio sobre los acercamientos. Se sabe que iniciaron a principios de 2022, antes de las elecciones.

Según tuvo conocimiento este diario, por protagonistas de los contactos, los integrantes de la campaña de Petro fueron quienes buscaron a personas cercanas a los ‘combos’. Ya electo, Petro anunció su política de paz total. Su alto comisionado de paz, Danilo Rueda hizo llamados a diferentes grupos ilegales para que se sumen a ella. En Ituango, en el norte de Antioquia, exhortó a ‘Los Pachelly’ y a ‘Los Caparros’. Al día siguiente ‘Los Pachelly’, que tienen una histórica presencia en Bello, municipio vecino a Medellín, respondieron con un comunicado público en el que manifiestan su voluntad de iniciar acercamientos y proponen como interlocutores a la organización Sinergia.

Han respondido otros 30 grupos ilegales, incluyendo la poderosa ‘La Oficina’. Un mes después, en noviembre, Canal Uno anunció que el Alto Comisionado delegó a cinco abogados para avanzar en los diálogos exploratorios con las bandas criminales del área metropolitana de Medellín. El perfil de los abogados es amplio, participan desde juristas asociados a oenegés de izquierda y de derecha, hasta académicos, pasando por antiguos representantes de personas asociadas con estas bandas.

Los avances se han dado en un gran sigilo. Para varias víctimas consultadas por este diario es entendible esa decisión, pero trae consigo un clima de suspicacias. Por eso, y por su natural interés, las organizaciones sociales locales tienen los ojos encima del desarrollo del proceso. La Mesa Humanitaria de Antioquia, por ejemplo, envió una carta al Alto Comisionado el 4 de enero. En ella le explicaban sus preocupaciones. Aún no han recibido respuesta.

Entre las organizaciones sociales consultadas por EL PAÍS, hay una creciente sensación de recelo. Pero no es la única emoción: hay esperanza, expectativa. Para el periodista investigativo y director del portal Verdad Abierta, Juan Diego Restrepo, “la gran pregunta es si el Estado es capaz de competir y combatir la cultura mafiosa que se ha sembrado en los muchachos. No se trata de que se entreguen unos fierros, se trata de una transformación de fondo para que Medellín se vuelva una ciudad pujante y recoja las experiencias del pasado”.

Un pasado agridulce

En 2003, alrededor de 800 hombres del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia entregaron sus armas en el Palacio de Exposiciones de Medellín. Los rostros muy jóvenes de la mayoría de los participantes sembraron inquietud en su momento. Con el tiempo se supo que ese proceso de desmovilización estuvo plagado de irregularidades e impunidad. Ese fue uno de los muchos esfuerzos de pacificación que se han intentado en el Vallé de Aburrá. Muy pocos se han sostenido en el tiempo en una conurbación que ha sufrido todo el rigor de la urbanización de la guerra. Esa violencia se ha extendido por décadas, con altibajos, y con orígenes que se remontan a cuatro décadas.

De acuerdo con la alerta temprana 032 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, entonces hacían presencia en Medellín más de 140 grupos armados ilegales. En el área metropolitana —Medellín más Bello, Itagüí y Envigado — la cifra alcanzaba 350, según informes de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) y el Proceso Social de Garantías. Las oenegés encuentran que varias de ellas vienen de grupos residuales de las AUC, como ‘Clan del Golfo’ herederos de ‘Los Urabeños’; ‘La Oficina’, ligada a los extintos bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC; y ‘Los Pachelly’, que tuvieron nexos con los bloques Mineros y Central Bolívar.

“No son estructuras nuevas ni emergentes. Muchas ya han pasado por procesos de dejación de armas o de sometimiento”, explica Carlos Zapata, del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Además, tienen una jerarquía interna: el informe Delincuencia organizada en áreas metropolitanas, de Pares, asegura que ‘La Oficina’ tiene el dominio de casi la mitad de las bandas criminales del Valle de Aburrá. La investigación explica que el poder de estos grupos ilegales se ha extendido más allá de las fronteras de Antioquia: bandas como la ‘Oficina’ se organiza en una suerte de cuerpo colegiado con tentáculos en todo el país, ‘El Mesa’ hace presencia en algunas localidades en Bogotá y pueblos de Cundinamarca. Estas estructuras armadas tienen como bases principales de su economía ilegal el narcotráfico, la venta de armas, la extorsión y la trata de personas, pero en algunos barrios también ejercen control territorial acaparando la canasta familiar, definiendo quien distribuye el gas natural, o a quién se le compran los lácteos o las carnes.

Las preguntas que nadie responde

Con los antecedentes del reciclaje de la violencia en la ciudad, una de las principales preocupaciones para las organizaciones de la sociedad civil es evitar que eso se repita. “Hay preocupación de que esto se vuelva una puerta giratoria para que unos pasen a la legalidad o suplanten a los ilegales”, asegura Zapata. Desde el IPC también preguntan por la lógica para abordar los conflictos urbanos, que distan mucho de los rurales, en los que el Gobierno tiene más experiencia. Una inquietud que comparte Restrepo, el director de Verdad Abierta. “Me gustaría saber qué tanto sabe este Gobierno del fenómeno criminal urbano. De qué línea base parte para negociar con estas bandas, que tienen unas particularidades que es importante tener en cuenta”. Zapata pone de ejemplo que no hay un marco legal claro para reconocer a las víctimas urbanas, como sí tienen las rurales. La desconfianza no es infundada. Adicional a la falsa desmovilización de las AUC, son comunes casos como los de alias ‘Fredy Colas’ o alias ‘Frank’ Vargas, dos jefes de ‘La Oficina’ que volvieron a delinquir tras su liberación de prisión. Pese a que ha pasado más de un mes desde la marcha que anunciaba tregua navideña en Medellín y la voluntad de paz de 30 ‘combos’ de la Comuna 13, el panorama continúa brumoso.

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