La violencia en la frontera con Ecuador se recrudece

Los departamentos fronterizos de Colombia con Ecuador han encendido todas las alarmas. Es una de las zonas del país donde todavía arde la guerra que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC buscaba extinguir. La semana pasada se conoció la masacre de cinco personas en Orito, y el mes anterior la de al menos otras 18 personas en Puerto Guzmán, ambas poblaciones en el departamento de Putumayo. Bien sea por cuenta del campamento de Raúl Reyes en suelo ecuatoriano, los crímenes de alias Guacho a lado y lado de la línea o el terror que ha sembrado la guerra entre las disidencias de las FARC y los Comandos de la Frontera, el límite entre los dos países ha sido una zona de conflicto en lo que va de este siglo, con la proliferación de grupos armados y narcotraficantes, que en los últimos meses ha visto aumentar la violencia.

Ante la crisis, los presidentes Gustavo Petro y Guillermo Lasso ratificaron la semana pasada que realizarán operaciones conjuntas en la frontera común en un amable intercambio en Twitter, que no se limitó a las redes sociales. La Presidencia ecuatoriana confirmó posteriormente que los dos mandatarios conversaron por teléfono “para ratificar que Ecuador y Colombia trabajarán juntos en la protección de las fronteras para combatir desde los dos frentes al narcotráfico”, con el propósito de arrinconar a las bandas criminales y el crimen organizado. Desde hace tiempo, la presencia de las disidencias del otro lado se ha hecho más palpable, incluso con ataques con explosivos.

El principal combustible del conflicto, como en tantos otros lugares de Colombia, es el narcotráfico. Desde hace varios años se ha consolidado una tendencia a la concentración de los cultivos de coca particularmente en departamentos de frontera, y en zonas estratégicas para la salida de la cocaína. En toda Colombia había una cifra récord de 204.000 hectáreas de narcocultivos al cierre del 2021, de acuerdo con el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), que se considera la medición oficial. Solo 3 de los 32 departamentos, Norte de Santander, Nariño y Putumayo, concentran el 62% de toda la coca del país, destacaba el informe.

Mientras Norte de Santander limita con Venezuela, Nariño y Putumayo –que suman casi 85.000 hectáreas de cultivos de coca, algo así como el 40% de las de toda Colombia– se reparten la línea limítrofe con Ecuador. El coctel en esa frontera incluye además la minería ilegal, el reclutamiento forzado, la trata de personas, los tráfico de órganos y de armas, y el contrabando de todo tipo, todo potenciado por la dolarización de la economía ecuatoriana, que facilita el lavado de dinero. La costa del Pacífico, que baña a los dos países, es la salida natural para la droga que suele tener como destino final a Estados Unidos.

En distintos momentos, bajo diferentes Gobiernos, la frontera ha emergido como un punto de conflicto entre los dos países. Es muy recordada la ruptura diplomática que provocó a partir del 2008 el ataque colombiano que mató a Raúl Reyes en el campamento que mantenía el para entonces número dos de las FARC del lado ecuatoriano. En tiempos más recientes, el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, por parte de un grupo de narcotráfico disidente de las FARC en abril del 2018 conmocionó a Ecuador. En el sector fronterizo de Mataje el fotógrafo Paúl Rivas, el redactor Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra “fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana”, develó tiempo después el informe Frontera Cautiva, producto de la investigación de un consorcio de varias organizaciones periodísticas que acabó con el secretismo oficial.

El responsable fue el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia que ha operado a ambos lados de la convulsa línea limítrofe, en ese entonces bajo el mando de Walther Patricio Arizala, Guacho. Esa estructura ya había volado un cuartel de policía del lado ecuatoriano, y el crimen convirtió a Guacho en uno de los más buscados por las autoridades de ambos países. A finales de ese año fue abatido en Colombia, pero la tranquilidad no llegó a la frontera.

Luego del desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, convertidas en un partido político con representación en el Congreso, se mantiene activo un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas. En muchos lugares donde existen todo tipo de economías ilegales, dejaron un vacío que han copado otros actores armados ante la falta de respuesta estatal. El año pasado aumentó el número de conflictos armados internos en Colombia, de acuerdo con el balance del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Y aunque las disidencias que encabezaban Iván Márquez y Gentil Duarte han tendido a atraer los focos, uno de esos seis conflictos que persisten, de acuerdo con el análisis de la organización humanitaria, es el enfrentamiento entre una de las facciones disidentes y los Comandos de la Frontera en Putumayo.

La violencia en ese departamento en particular se ha convertido en un gran desafío a la política de paz total que persigue el Gobierno de Petro, con la negociación o sometimiento simultaneo de los distintos actores armados. Allí, la disputa territorial entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, dos grupos híbridos, herederos en mayor o menor medida de las disidencias que se apartaron del proceso de paz, ha bañado de sangre el territorio. El mes pasado, la muerte de al menos 18 personas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, activó todas las alarmas.

El exdefensor del Pueblo Carlos Negret sostiene en diálogo con EL PAÍS que en ese combate en Puerto Guzmán murieron 35 personas, según las versiones de las fuentes que todavía conserva en esa región después de su gestión, muy volcada a los territorios apartados. A excepción de Naciones Unidas, se lamenta, “nadie ha ido al día de hoy en misión humanitaria para saber qué pasó en Putumayo”. De acuerdo con sus cuentas, entre una masacre y otra, ha habido más de 50 muertos en los últimos 45 días. Lo que ocurre en el departamento “es una tragedia humana que el país no ha dimensionado”, subraya. “Ahí no paró la guerra. Hubo sitios en este país donde la paz no pegó; en el Cauca, en Nariño, en Chocó o Putumayo”, departamentos que se repiten en la lista de las regiones que este año han registrado más de una masacre.

Ha sido una frontera siempre en disputa, en la que se han venido presentando diversas modalidades de violencia, entre ellas el reclutamiento forzado, “solo que no ha sido lo suficientemente visible”, se lamenta el representante Andrés Cancimance. “Nunca recomendamos la militarización del territorio, es una equivocación del Gobierno nacional pedir apoyo a otro país para militarizar la frontera”, valora el congresista de Putumayo, a pesar de pertenecer a la coalición de Gobierno. Pedir exclusivamente esfuerzos militares, advierte, “va a aumentar la confrontación”.

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