Las denuncias no escuchadas de los indígenas desplazados en Bogotá

Lo que parecía una tragedia anunciada se materializó este miércoles y lo que comenzó como una protesta pacífica de los pueblos indígenas terminó en una confrontación violenta contra la fuerza pública. Grupos de manifestantes atacaron a funcionarios públicos en las calles del centro de la capital en un enfrentamiento que acabó como una batalla campal entre la policía y los indígenas. Los altercados dejaron decenas de capturados y heridos, desde población indígena hasta funcionarios de la alcaldía y policías. La discusión sobre los pueblos indígenas desplazados, que llevan más de un año en Bogotá exigiendo garantías dignas de vida, volvió al debate nacional con un lamentable desenlace.

Hace cinco meses parecía evitable gracias al diálogo entre las Autoridades Indígenas en Bakata (AIB), delegados del Gobierno Nacional y Distrital e intermediarios de la Comisión de la Verdad. Entonces, la odisea que vivían hasta ese momento miles de indígenas viviendo al raso en el Parque Nacional, aparentemente, llegaba a su fin. El 5 de mayo, las AIB firmaron un acuerdo para levantar la Minga que se extendió por meses en el en el centro de la ciudad. De este encuentro salieron 12 compromisos desde las diferentes instancias de Gobierno, y posteriormente llegó el desalojo de alrededor de 1.500 personas que habían habitado durante seis meses este parque.

Los 15 pueblos indígenas fueron trasladados a Unidades de Protección Integrales (UPI) de la Alcaldía en diferentes lugares de Bogotá. Al pueblo Emberá, uno de los más numerosos, se asignó la UPI, La Rioja, ubicada en el centro de la ciudad. Otros fueron reubicados en los distritos de Ciudad Bolívar y Engativa.

La mayoría de los compromisos estaban dirigidos a generar condiciones de retorno seguras para los pueblos que buscan volver a sus territorios y crear condiciones de vida dignas para quienes decidieran quedarse en Bogotá, además de asegurar la participación política de las autoridades indígenas en las diferentes instancias. En cada uno de los puntos quedó consignada una institución responsable y durante el primer mes desde su reubicación se entregaron kits de hábitat (colchonetas, cobijas, sábanas), 200 mercados y transporte.

Para las familias reubicadas se pactó que tendrían de forma permanente dotación de alimentación, transporte, atención escolar, de salud y a primera infancia. Asimismo, se establecieron acciones por parte de la Alcaldía como la asignación de espacios comerciales creados por el Instituto Para la Economía Social (IPES) para venta de artesanías e involucrar a AIB en la línea de defensores de derechos humanos y en los proyectos de las alcaldías locales.

En el caso de quienes decidieran regresar a sus territorios de origen, se planteó que se garantizaría un pago por núcleo familiar, kits de alimento e inclusión en los planes de retorno estando ya en sus resguardos. El Ministerio de Vivienda tenía la tarea de incluirlos en una mesa regional para trabajar temas de habitabilidad cuando estuvieran en sus resguardos y el Ministerio de Interior se comprometió a que las comunidades pudiesen presentar proyectos productivos para ser financiados por el Gobierno Nacional.

El primer punto, y uno de los más importantes para los pueblos, contempló la implementación integral del Artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo — que busca garantizar los derechos de los pueblos étnicos —, su participación plena en la formulación de la política pública indígena e integrar a este proceso organizativo en la mesa de enfoque diferencial de pueblos indígenas.

La odisea del retorno y el incumplimiento

La esperanza de estas comunidades se fue desvaneciendo a las pocas semanas de su reubicación. En La Rioja, el hacinamiento se hizo insostenible e iniciaron los cortes de agua y las intermitencias en la entrega de la alimentación. Esto quedó consignado en los informes que desde mayo emiten las Autoridades Indígenas en Bakata, donde hacen un seguimiento de los avances en cada acuerdo. Según las cifras del último documento publicado, el avance en general es mínimo.

En los compromisos referentes a los servicios básicos, como los kits de alimentación, y servicios de educación, las AIB señalan: “De las más de 1.921 personas de 15 comunidades indígenas diferentes que salieron del Parque Nacional, no se les ha realizado la entregada de ninguno de los kits de manera efectiva y de calidad: aseo, cobijas, camarotes, colchonetas”. En el caso de los Wayuú indican que “no han recibido ni un bono alimentario, ni un mercado en los 80 días que transcurrieron desde la salida del parque”.

El incumplimiento que más preocupa a las AIB tiene que ver con la salud. Las condiciones insalubres en las que viven ya se cobraron la vida de varios indígenas. En la UPI La Rioja el escenario es grave: “Dermatitis, parásitos intestinales, enfermedades respiratorias, pediculosis, infección estomacal, gastroenteritis, paludismo, entre otras enfermedades”. Según sus registros, una menor de edad indígena falleció a causa de paludismo.

En cuanto a las familias que han decidido retornar, el escenario es menos favorable aún. A la ya compleja situación, se suma el recrudecimiento del conflicto en los territorios de donde provienen estos pueblos. Sobre todo para la población embera, que en su mayoría llegan desplazados de Risaralda y Chocó, departamentos en los que el conflicto armado ha ido escalando de forma sustancial, por cuenta de la fuerte presencia de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, o grupos paramilitares como el Clan del Golfo. Solo el Chocó concentra el 75% de los casos de desplazamiento masivo conforme a un reciente informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).

En este punto, las obligaciones dependían más del Gobierno nacional. AIB denuncia que en varios casos de retorno se han presentado revictimizaciones a las comunidades, que van desde recibir nuevamente amenazas de los grupos armados, hasta ser desplazados por segunda o tercera vez. Destacan que tampoco hay una ruta de seguimiento a las familias que vuelven a sus resguardos.

En el limbo de la responsabilidad institucional

En el documento final de los compromisos entre indígenas y Gobierno se detalla la competencia de cada entidad, pero en la práctica la responsabilidad de ejecución de cada punto ha quedado en el limbo. Desde la Alcaldía de Bogotá en varias ocasiones se han hecho llamados de cumplimiento al Gobierno Nacional y viceversa.

EL PAÍS consultó a las diferentes entidades involucradas en los acuerdos, con el fin de conocer su perspectiva en el avance de los compromisos, pero no obtuvo respuesta. La única declaración que se conoce desde el distrito al respecto, se registró este miércoles después de los enfrentamientos. En un vídeo del Secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, el funcionario aseveró: “Desde la ciudad de Bogotá hemos garantizado todos los derechos a la comunidad embera. Hemos avanzado en cinco retornos, con más de mil personas retornadas. Hemos dispuesto dos alojamientos temporales, hemos cumplido todos y cada uno de los acuerdos. Rechazamos los hechos de violencia. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que avance rápido en todos los acuerdos”.

Por su parte, el nuevo Gobierno de Gustavo Petro se reunió la misma noche del miércoles con una delegación de las comunidades indígenas. En el encuentro participaron varios miembros del gabinete presidencial, entre ellos la también embera y directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, y el ministro de Interior, Alfonso Prada. El ministro ofreció declaraciones posteriores a la reunión con las comunidades y aseguró: “Encontramos una crisis humanitaria que es ocasionada por la falta de agua. Semanas enteras 900 personas viviendo en un edificio sin agua y ahora sin luz eléctrica. Están en una situación humanitaria grave, de alimentación deficiente y de salubridad pública muy deteriorada. Por eso hemos hecho un compromiso para atender esta situación y un compromiso enorme de no acudir a la violencia”.

Este jueves, delegados del AIB participaron en una reunión para abordar la situación. Allí delimitaron, junto a la Alcaldía y la Presidencia, nueve compromisos de carácter prioritario. María Quiscue, indígena nasa que participó en el encuentro, aseguro que, espera que “de la mano de esta administración sí se aterricen los acuerdos, pero principalmente que se materialice todo en acciones reales”. Además, llama a la empatía desde la sociedad para que se dimensione el impacto que tiene el conflicto sobre los pueblos indígenas y cómo es imprescindible que se les tome en cuenta como actores activos y participes en este Gobierno.

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