“No es el momento de que los jueces hablen”

El magistrado José Pablo Aramendi (Madrid, 71 años), presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, votó esta semana en contra de que, en pleno debate político sobre una futura Ley de Amnistía, dicho órgano judicial se pronunciase exigiendo “respeto a la división de poderes” y calificando de “incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”. Fue el único integrante de la Sala de Gobierno que se opuso al comunicado que sigue la línea marcada por el Tribunal Supremo y las asociaciones judiciales, que se lanzaron en tromba contra las referencias al lawfare [guerra jurídica] incluidas en el pacto del PSOE y Junts, y a las que sucedieron, coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez, las concentraciones de jueces con las togas puestas.

Pregunta. ¿Por qué voto en contra?

Respuesta. Mi voto en contra del pronunciamiento de la Audiencia Nacional se basa, fundamentalmente, en que creo que, no habiéndose producido ningún tipo de atentado a la independencia de los jueces en este momento, no era oportuno hacer ninguna manifestación con relación a todo lo que está ocurriendo. Creo que no es el momento de que los jueces hablen. Nosotros tenemos que hablar aplicando e interpretando las leyes, pero cuando las leyes nos correspondan aplicarlas e interpretarlas. Y si estamos hablando de la Ley de Amnistía; pues, cuando esa ley se tenga que aplicar, será el juez al que le corresponda en ese caso. Y si considera como juez que esa ley vulnera la Constitución, tiene alternativas para dirigirse al Tribunal Constitucional. Igual también que, desde la perspectiva de los partidos políticos, tienen esa posibilidad de acudir al Constitucional. Y creo que ese es el momento para debatirlo. Claro, si antes de eso, intervienes y actúas y te pronuncias, pues de alguna manera se puede producir una cierta contaminación.

P. Usted señalaba en su voto en contra dos aspectos: que usted no apreciaba una injerencia palmaria en la independencia judicial y, después, que no era el momento. ¿Era porque coincidió el pronunciamiento con la sesión de investidura de Pedro Sánchez?

R. No. No era por la razón de la investidura. Era por lo que acabo de decir. Creo que nosotros, como jueces, nos tenemos que pronunciar cuando tenemos que aplicar e interpretar la ley, no con anterioridad. Antes, tú te puedes pronunciar como ciudadano: con tus amigos, con tu familia, etcétera. Y cada uno tendremos nuestra manera de pensar y nuestros criterios sociales, políticos, económicos, religiosos... Pero no es esa la historia. En este momento, creo que no era el momento de realizar manifestaciones.

P. Hay dos aspectos. Por un lado, están los comunicados y, por otro, las manifestaciones de jueces con las togas puestas. Le quería preguntar, primero, por el comunicado de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, en línea con lo que ha dicho el Supremo y las asociaciones judiciales a raíz del acuerdo del PSOE y Junts. ¿Hubo precipitación con esos comunicados?

R. Yo únicamente me estoy refiriendo a la decisión que toma la Audiencia Nacional. Evidentemente, desde un punto de vista teórico, no puedo dejar de estar de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es si la Audiencia Nacional, y para eso era la reunión, teníamos que realizar algún tipo de pronunciamiento.

P. ¿Y, con este tipo de pronunciamientos y manifestaciones, la apariencia de imparcialidad de los jueces podría quedar afectada?

R. El pronunciamiento que hace el Tribunal Supremo es tan genérico y tan ajustado a lo que hoy son los principios de funcionamiento de la separación de poderes, que no se puede dejar de estar de acuerdo. El problema es la oportunidad. Y no me estoy refiriendo a la manifestación del Supremo, que yo ahí ni entro ni salgo porque no soy miembro del Supremo. Me estoy refiriendo a: ¿tenía la Audiencia Nacional que realizar algún tipo de manifestación con relación a todas estas cuestiones que están pululando por el aire? En mi opinión, no. Evidentemente, con una declaración como esta, no hay ningún tipo de contaminación en términos generales. Otra cuestión es otros comportamientos de otros compañeros jueces que se hayan producido, algunos más estrambóticos que otros, pero tampoco me corresponde a mí [valorarlo].

P. ¿Le preocupa que la ciudadanía perciba, con este tipo de concentraciones de jueces (que es dar un paso más allá del comunicado genérico), que esa apariencia de imparcialidad se pueda perder?

R. La ciudadanía puede percibir que se pierde la apariencia de imparcialidad por parte de los jueces con comportamientos de oposición a una ley que, ni siquiera en este momento, ha nacido. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció con relación a una Ley de Amnistía de la que ni siquiera se conocía su anteproyecto. Y eso ha sido un poco la espoleta que ha dado lugar luego a otras manifestaciones oficiales, que yo no comparto. No porque no admita ni considere que se pueda estar en contra de esa ley, sino que no lo comparto en cuanto a que pueda considerarse que afecte a nuestra independencia futura. Es lo que he dicho con anterioridad: nuestro momento de hablar no es este. Nuestro momento de hablar es cuando nos toque resolver un asunto concreto aplicando la Ley de Amnistía, si es que en su caso esa ley es promulgada.

P. ¿No es el momento político?

R. No es que no sea el momento político. Es que no es el momento de que, como poder, tenga que hablar. Igual que se pide que el Poder Legislativo y el Ejecutivo respeten al Poder Judicial, cuestión con la que estoy totalmente de acuerdo, también es exigible que el Judicial respete al Ejecutivo y Legislativo en el ámbito de sus respectivas competencias.

P. ¿Ha notado entre sus compañeros algo de preocupación?

R. Yo, personalmente, no tengo ninguna preocupación. Y yo no voy a tener que aplicar la Ley de Amnistía desde mi posición y con el tipo de asuntos que se llevan en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Sobre otros compañeros, me imagino que unos pensarán de una manera y otros de otra. Son legítimas todas las opiniones que se puedan tener a nivel personal con relación a la ley. Pero otra cuestión es que tengas que mostrarte hacia el exterior frente a una ley que todavía no ha sido siquiera formulada.

P. Más allá de la ley, hubo pronunciamientos de asociaciones y jueces sobre el pacto del PSOE y Junts por las referencias al lawfare. ¿Esas referencias le generan preocupación?

R. A mí, personalmente, no me generan preocupación. Porque lo que acuerden dos partidos políticos, en principio, mientras eso no dé lugar a una determinada actuación concreta, ya sea una norma o un acuerdo adoptado en sede parlamentaria, en nada afecta a la independencia judicial. Afecta a otras cosas, con las que puedes estar de acuerdo o no, pero yo ahí ya no entro.

P. Con este tipo de manifestaciones tan continuas, que han sido como una avalancha (pronunciamientos de las asociaciones judiciales, de los jueces decanos, de las Audiencias Provinciales, del Supremo...), ¿hay una sobreexposición de la carrera judicial? ¿Puede dar la impresión de que se están pronunciando todo el rato sobre la actuación de otro poder del Estado?

R. Yo creo que eso, quizás, corresponde a la ciudadanía analizarlo, más que mí.