La pobreza energética se dispara

El número de españoles que pueden estar en riesgo de pobreza energética ha aumentado en dos millones en solo dos años. Es la conclusión más destacada que ofrece la segunda edición del estudio de referencia en España, editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que actualiza datos de 2010 a 2012. Según el principal indicador del informe —basado en la metodología instaurada por Reino Unido, país pionero en el análisis de este problema—, el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta el 16,6%, lo que supone unos siete millones de personas, frente al 12,4% registrado en 2010, equivalente a cinco millones. Esto se traduce en familias que pasan frío en invierno y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago (1,4 millones en 2012, más del doble que en 2006, según cálculos de este periódico), menos dinero para satisfacer otras necesidades básicas y, lo más grave, muertes prematuras en invierno. Hasta 7.200 fallecimientos podrían evitarse si se erradicara el problema, según el sistema de medición de la Organización Mundial de la Salud.

La culpa de este aumento la tienen sobre todo dos fenómenos paralelos: mientras los ingresos de los españoles se reducen por la crisis, el precio de la energía se dispara. La factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 60% desde 2007, mientras las rentas bajaron un 8,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 4,3% en 2007 se ha pasado al 6,5% en 2012. “Siguiendo la metodología británica, consideramos que el porcentaje empieza a ser desproporcionado cuando supera el 10%. Ahí es donde empieza el riesgo de pobreza energética porque pueden aparecer dificultades para cubrir ese gasto”, explica José Luis López, coordinador del estudio. “En este grupo podrían estar incluidas familias con altos ingresos que tienen mucho gasto energético, por lo que la cifra real de riesgo podría ser más baja, aunque no demasiado. Posiblemente en próximos análisis introduciremos algún parámetro de corrección para ser más exactos, pero en esta ocasión hemos querido mantener la metodología que usamos en la primera edición para ver la evolución”, aclara López.

Para contrarrestar el margen de error, el informe de ACA introduce un segundo indicador basado en la encuesta de condiciones de vida del INE: el 9% de los hogares españoles declaraba en 2012 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 8% que lo hizo en 2010. “Aunque se trata de un parámetro subjetivo, tiene la ventaja de que sirve para comparar con el resto de Europa porque se trata de un estudio armonizado con las estadísticas de Eurostat”, aclara López. Si se traducen los porcentajes a cifras absolutas, España es el cuarto país dentro de la UE con mayor número de personas afectadas, por detrás de Italia, Reino Unido y Polonia. De los 54 millones que aseguraron sufrir este problema en la UE, más de cuatro millones vivían en España.

Cuando ACA publicó la primera edición de este estudio, en 2012, casi nadie hablaba de pobreza energética en España. Solo la organización catalana Ecoserveis había hecho algunas exploraciones en años anteriores, aunque no tan detalladas. Pero como no deja de crecer, el problema ha acabado emergiendo hasta convertirse en objeto de movilización social (con colectivos muy activos como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o la Alianza contra la Pobreza Energética) y colarse de manera destacada en el debate político. En el último año se han presentado en el Congreso una moción (Izquierda Plural), dos proposiciones no de ley (Izquierda Plural y Grupo Mixto) y una proposición de ley (PSOE) con medidas para mitigar su incidencia, aunque todas han sido rechazadas por el PP, que tiene mayoría parlamentaria. Y la Defensora del Pueblo, además de advertir de la gravedad del problema en su memoria anual, ha pedido al Gobierno información transparente sobre el número y las causas de los cortes de luz.

Las comunidades autónomas también han abordado la cuestión, pero solo Cataluña logró aprobar en diciembre un plan de mínimos que impide a las eléctricas cortar el suministro a hogares vulnerables hasta abril, aunque eso no significa que se les perdone el pago de los recibos, sino que les permite aplazarlo. Andalucía ha anunciado una fórmula parecida, pero aún no la ha concretado.

El problema, en todo caso, no se vive igual en todas las comunidades. El informe de ACA llama la atención sobre el hecho de que las regiones más afectadas no son, paradójicamente, las más frías. Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura registran condiciones asociadas a la pobreza energética por encima de la media nacional. En el extremo contrario están Asturias, País Vasco y Madrid, con porcentajes bajos en los dos indicadores principales. La incidencia es también mayor en zonas rurales.

Las diferencias se explican en parte porque la mayoría de las zonas más afectadas son también las que registran más paro y salarios más bajos. Pero hay otra razón de peso: la calidad de la edificación y el equipamiento de las viviendas. “En zonas más cálidas se suele construir para mantener la casa fresca y además, como hay pocos días de frío intenso, la mayoría no ve rentable instalar calefacción. Eso explica por qué en Andalucía o Cataluña hay más personas que dicen no poder mantener su casa a una temperatura adecuada”, comenta el arquitecto Albert Cuchí, que ha participado en la presentación del estudio.

La factura subió un 60% desde 2007 y las rentas bajaron un 8,5%

La mala calidad de las viviendas es precisamente el tercer factor que los expertos mencionan como causa de pobreza energética, junto a la subida de la luz y la bajada de las rentas. “La mayoría de los edificios se han construido en España sin tener en cuenta criterios de eficiencia energética. La normativa no obligaba y esto no importaba cuando los sueldos eran altos y la electricidad costaba poco. Ahora ha llegado la crisis y nos encontramos con un problema que no solo afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, sino a la propia deuda del país, que tiene que importar el 77% de la energía que consume. Eso supone unos 60.000 millones de euros al año”, advierte Cuchí. “Es urgente adoptar planes de rehabilitación para que el agujero no siga creciendo. Solo así podremos combatir la pobreza energética a largo plazo”, recomienda el arquitecto.

Mientras tanto, como medida a corto plazo, el estudio de ACA subraya que debe redefinirse el único mecanismo que existe en España para mitigar el problema: el bono social. Esta medida, que congeló el precio de la luz con el importe de julio de 2009 y a día de hoy ofrece a los beneficiarios en torno a un 25% de descuento sobre la tarifa regulada, se considera insuficiente porque solo subvenciona la calefacción eléctrica —cuando muchos utilizan sistemas de gas— y además los hogares que pueden solicitarlo no siempre son los más vulnerables. “El mero hecho de tener una potencia contratada inferior a tres kilovatios [uno de los criterios que se aplican para seleccionar a los beneficiarios] no indica que se trate de un hogar vulnerable. Viviendas que en muchas ocasiones están vacías, pero que mantienen dado de alta el suministro eléctrico con la potencia mínima se están beneficiando del bono social”, apunta el informe.

Las regiones más cálidas tienen más dificultades para templar las casas

La reforma del sector eléctrico aprobada el pasado diciembre prevé una modificación de los criterios para acceder al bono social, pero el Gobierno aún no ha desarrollado el reglamento. El borrador que ha trascendido mantiene los cuatro grupos de beneficiarios actuales (pensionistas, hogares con todos sus miembros en paro, familias numerosas y viviendas con potencia inferior a tres kilovatios), pero les impone unos límites máximos de renta: 10.841 euros anuales para una familia de un miembro, 17.165 para dos miembros, 21.682 para tres miembros, 26.199 para cuatro y 30.716 para cinco (se suman 4.517 por cada miembro más). Es decir, que si un hogar tiene una potencia inferior a tres kilovatios, pero supera esos umbrales de ingresos, perderá el bono con el nuevo reglamento. Y algo paradójico: los que no los superen, pero tengan más de tres kilovatios de potencia, también estarán excluidos.