“Transferir lo social a las autonomías duplica el gasto”

Desde la “lealtad”, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, del PP, se muestra contundente a la hora de valorar las consecuencias que tendrá la reforma de la Administración local en el sistema de servicios sociales de su territorio, entre las que destaca la duplicidad de funciones y de gasto; precisamente lo que pretende combatir la ley. Esta comunidad ha elaborado distintas enmiendas al proyecto del Gobierno para que “dentro del margen que ofrece la ley se respeten los modelos que han mostrado ser eficientes”.

Pregunta. La ley plantea que los municipios solo puedan ocuparse de labores de evaluación, información y atención inmediata, por lo que los Ayuntamientos dejarían de tener el peso de los servicios sociales de base, que pasarían a ser competencia autonómica. ¿Qué supone este cambio?

Respuesta. Nosotros tenemos un sistema de integración total entre municipios y autonomía en el que los trabajadores sociales de proximidad tienen la capacidad suficiente para atender las necesidades de forma integral. Es el modelo más eficiente del país porque la coordinación evita esfuerzos duplicados. Hay que tener en cuenta que los servicios sociales necesitan personal de cercanía. Si se transfiere la competencia a las autonomías y asumen estas actuaciones, con su correspondiente personal e instalaciones, se duplicará el gasto, lo que no tiene ningún sentido. Lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros —los 1.500 empleos de Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes— pasará a costar el doble.

Milagros Marcos explica esta duplicidad de empleos y gasto: no se trata solo de cambiar de sitio las competencias, hay empleos que mantener en el ámbito local: “Un trabajador social de un municipio ahora gestiona las cuestiones de emergencia y las que no son urgentes, en un trabajo integrado; con la reforma solo podrá encargarse de las urgentes, por tanto, habrá que poner a otro para lo demás”. Y eso lo tendrá que asumir la comunidad autónoma.

P. Dos trabajadores de Administraciones distintas para un mismo problema puede romper ese tratamiento integral.

R. Pero, además, ¿dónde está la línea entre lo urgente y lo no urgente? Nosotros contamos con un sistema integral. En una familia con dificultades puede haber un problema de drogas, de violencia familiar, de mayores en situación de dependencia… Nuestros profesionales atienden estos casos en conjunto, sin segmentar, y desde la atención cercana. Esta gente necesita a una persona de referencia próxima. Son los servicios sociales de barrio quienes conocen las necesidades de esta gente. Si se nos fuerza a duplicar servicios, duplicamos estructuras y gasto y perjudicamos a los usuarios. [La reforma] penaliza a las Administraciones que no tenemos duplicidades

P. ¿Qué va a pasar con las residencias de ancianos? También tendrán las comunidades que asumir esta gestión.

R. Este es otro tema. Se puede transferir el control de las residencias municipales a las autonomías. Pero en un año [el plazo previsto en el anteproyecto] y sin presupuesto no se puede hacer. ¿Cómo voy a asumir 10.000 plazas de golpe? Cuestión distinta es afrontar este proceso con tiempo; en cinco años se podría hacer con tranquilidad. Entre esta cuestión y los servicios de proximidad que mencionaba antes, el incremento de gasto en Castilla y León sería de 200 millones de euros.