Cantabria evitará cientos de derribos: "Es un alivio"

Las amnistías nunca contentan a todos. La que el Gobierno estudia aplicar a decenas de miles de viviendas ilegales que se construyeron en la época dorada del ladrillo y la corrupción urbanística, tampoco. En Cantabria, por ejemplo, la costa más castigada por el urbanismo salvaje en el norte, los propietarios de esas casas dan saltos de alegría mientras los ecologistas que llevaron esas urbanizaciones a los tribunales rabian de indignación. Para el político, en este caso, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno cántabro (PP), Javier Fernández, el plan de amnistía es, fundamentalmente, “un alivio tremendo”.

“En Cantabria tenemos 621 viviendas con sentencias firmes de derribo en cinco Ayuntamientos \[por construirse sobre espacios protegidos o incumplir normas mediomabientales]. Teníamos un plan que permitía legalizar el 80% porque en muchos casos, la ley permite hoy construir en esos lugares, de forma que si se tirara esa casa, se podría construir otra nueva en el mismo sitio”, explica el consejero de Medio Ambiente. “Pero había una cosa que nosotros, a nivel regional, no podíamos hacer, y el Estado sí, que era una ley de indulto. La reforma que se está planteando el Gobierno central para nosotros es un alivio tremendo porque la demolición de viviendas provoca una tensión social muy grande y porque los derribos tienen un coste económico enorme para los Ayuntamientos que debían ejecutarlos”.

“Hay muchos intereses afectados y todos son legítimos. El del comprador, el del demandante, que tiene todo el derecho a que la sentencia se ejecute...”, prosigue el consejero. “Pero no se puede dar satisfacción a todos. En abstracto, no nos gustaría estar haciendo esto, pero creo que el Gobierno ha optado por la solución menos mala”.

A la pregunta de cómo quedan los jueces que han dictado esas sentencias de derribo si ahora se indultan esas viviendas, el consejero responde: “Somos absolutamente respetuosos con los tribunales, por eso solo hemos planteado soluciones de legalización en aquellos casos donde ahora se puede construir. Pero los jueces también respetan las leyes y si el Estado dicta esta ley, estoy convencido de que la respetarán”.

Gonzalo Canales, presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la que ha llevado todas esas urbanizaciones a los tribunales, cree que el plan del Gobierno “es una vergüenza”. “Legalizar lo ilegalizado es un ataque frontal al Estado de derecho. ¿Entonces, para qué sirve la justicia? Los políticos se están burlando de los jueces después de haber saturado sus juzgados con sus barbaridades. Este plan abre la vía a dar licencia de impunidad a un desorden urbanístico que en España es lo que nos ha llevado a la crisis”.

La amnistía tiraría por la borda su trabajo de casi 20 años. “La primera denuncia la pusimos en 1995. Todas las denuncias las presentamos cuando las viviendas aún no estaban acabadas, pero la justicia es tan lenta que cuando llega esas casas están terminadas y vendidas. Ahora, en lugar de ir a por las viviendas, tendremos que ir también a por los políticos”, advierte Canales. Está convencido de que el plan de amnistía obedece a “la presión de los compradores de las casas, que funcionan como lobies, presentándose como víctimas de la Administración, de los ecologistas... Las víctimas no son ellos. Somos todos los que perdemos paisajes maravillosos enterrados en hormigón”.

Los compradores lo ven de otra manera. “Vivir en una vivienda con sentencia firme de derribo es una pesadilla. Estás preso de tu casa. No puedes irte, no puedes venderla, no puedes hacer nada más que esperar lo peor cada día”, explica Ciriaco García, de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Su casa, en una urbanización ilegal de Argoños (1.500 habitantes, 250 chalés con sentencias de derribo), es una de las miles que el Gobierno estudia indultar. La compró en 1997 y en 2007 el Supremo confirmó la orden de tirarla. “Que el Gobierno tenga la intención de indultarlas es una alegría. Parece que empieza el fin de nuestra pesadilla, aunque hay que esperar”. “No hubiera aceptado que me dieran una vivienda en otro lugar. La mía está en un lugar idílico”.

Antonio Vilela, presidente de AMA y residente en otra casa ilegal, asegura que sí había afectados “abiertos a aceptar otra vivienda o una indemnización”. “Hemos estado sufriendo 20 años. La asociación tiene 4.000 socios, atrapados en la inversión más importante de su vida: su casa. Todo es consecuencia de la corrupción urbanística. Se han hecho atrocidades en la normativa por la fiebre del oro de la construcción, pero las familias no podemos pagar por ello”.