500 viviendas con fecha de caducidad

La publicidad de la promotora anunciaba así la urbanización en 1991: "Con todas las ventajas que siempre ha soñado: un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi, Proyectos y Desarrollos Inmobiliarios pone a su alcance". Hoy, el residencial El Encinar, en Arnuero (Cantabria) es ilegal y está a punto de ser derribado por una sentencia del Tribunal Supremo.

El Encinar va a ser la primera de las 16 urbanizaciones (casi 500 viviendas) con sentencia firme de derribo por estar construidas sobre suelo no urbano (caso de El Encinar), vulnerar la ley de costas o el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). De modo que en estos momentos hay 500 familias en Cantabria esperando con angustia la llegada de las excavadoras, que se producirá previsiblemente a principios de noviembre en Arnuero, según el alcalde, José Manuel Igual (PP). Todos los afectados se han unido en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

"Esto iba camino de ser Benidorm", afirma Miriam García, directora de Urbanismo

Los 2.500 afectados piden una ley 'de punto final' que legalice sus viviendas

El bosque que habían de disfrutar "en la intimidad" los vecinos de la urbanización de Arnuero, según el folleto de promoción, es un encinar protegido por el Gobierno regional con un nivel 5 -el máximo- en la escala de valoración del Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Cantabria. Mientras, y por extraño que parezca, el centenar de familias que compraron allí un apartamento de 48 metros cuadrados, con su bosque, su playa y su ría incluidos, sigue pagando su hipoteca.

"Compré la casa en 1991 y firmamos la escritura en abril del 1994. Cuando empezamos a oír que los ecologistas de Arca (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) habían puesto una demanda diciendo que la urbanización era ilegal, fuimos a preguntar qué pasaba al ayuntamiento. Nos enseñaron las licencias; 'todo en regla, señora', decían. En Cenavi, lo mismo: 'Esa demanda no va a ninguna parte. Esté tranquila'. Como tampoco nos iban a devolver los 4 millones y medio de pesetas [27.000 euros] que habíamos puesto de señal, firmamos. Al mes siguiente salió la sentencia que anulaba las licencias de construcción y que decía que mi casa era ilegal", relata Mercedes Díaz desde su apartamento de El Encinar.

"Llevamos peleando 13 años y el desgaste es enorme. Hay mucha gente en tratamiento por depresión. Ha habido muchas separaciones de parejas que se acusan uno al otro de dejarse engañar al comprar la casa e incluso dos casos de suicidio. Es imposible decir que la culpa es de esto, pero algo tendrá que ver", explica Antonio Vilela, presidente de AMA.

Vilela vive en otra urbanización moribunda: Las Llamas, en Argoños, el ayuntamiento más pequeño de Cantabria, con 5,5 kilómetros cuadrados. Más del 15% de su territorio tiene sentencias de derribo pendientes, según el presidente de AMA. Arca ha ganado 10 demandas contra otras tantas urbanizaciones en el municipio, en total, 247 viviendas. "Todas tienen que estar demolidas en 2007", explica Vilela.

Los procesos jurídicos son complejos. Tanto, que se han demorado más de una década. En el caso de El Encinar, se resumen en lo siguiente: los terrenos (rústicos) se recalificaron directamente como urbanos, en lugar de urbanizables. Inmobiliaria Arnuero compró el suelo. El Ayuntamiento otorgó las licencias de construcción, de la que se encargaría Cenavi (hoy propietaria de Inmobiliaria Arnuero) y el Gobierno regional dio su visto bueno. La urbanización se puso en marcha con todo el respaldo legal (municipal, regional y del Registro de la Propiedad).

Pero estaba mal hecho. Años después de que 13 militantes de Arca pasaran dos noches en la cárcel por encadenarse a las excavadoras cuando empezaba la construcción de El Encinar, el Tribunal Supremo confirmó su ilegalidad y aceleró su derribo. "Nos encarceló la juez de Santoña. Cuando me vieron aparecer, los presos se lo tomaron de guasa. Soy funcionario de prisiones y los veía todos los días. Todavía me lo recuerdan", afirma José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.

La mayoría de los vecinos de El Encinar son vizcaínos. Adquirieron su apartamento como segunda vivienda animados por la puesta en servicio de la autovía Bilbao-Santander en 1995, que ponía "el privilegio" de un bosque privado a tiro de piedra. Arnuero tiene menos de 2.000 habitantes en temporada baja y cerca 15.000 en verano. La demanda turística ha propiciado la construcción de 28 hoteles, 17 de ellos en la misma calle, una avenida que lleva el nombre de Juan Hormaechea ex presidente del Gobierno regional y condenado a 14 años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos. Uno de los hoteles más populares del municipio se encuentra sobre la playa entorpeciendo las vistas de los vecinos de la urbanización que se derribará, pero correrá mejor suerte que ésta.

El coste de la demolición de las 144 viviendas asciende a 1,3 millones de euros y el Ayuntamiento de Arnuero está condenado a pagarla. "Francamente, me hubiese gustado invertir el dinero en otras muchas cosas que necesita este municipio. Esto es una situación heredada", lamenta Igual. Quien ocupaba la alcaldía cuando se empezó a construir El Encinar, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. "En la calle corre el rumor de que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación. Es un rumor muy vivo y podría ser muy cierto", añade Igual.

Para que el presupuesto anual de Arnuero (tres millones de euros) no sufra demasiado, el tribunal les ha permitido demoler la urbanización en 16 fases (ocho de derribo y otras ocho de regeneración). La primera fase, la que comienza en noviembre, comprende dos bloques de viviendas que están deshabitadas. "Luego vendrán todas las demás. Ya tenemos ahorrados en la hucha 600.000 euros", explica Igual.

La empresa constructora Cenavi se presentó recientemente al concurso para demoler las mismas viviendas que había construido, lo que provocó la indignación de los vecinos de El Encinar. "Somos tan víctimas como los vecinos. Hemos dejado sin vender 44 apartamentos y todo esto ha dañado nuestra imagen. Nos presentamos al concurso de demolición para que no quedase desierto y estamos pensando pedir una indemnización de 3.000 millones de pesetas [18 millones de euros]", relata un consejero delegado que prefirió ocultar su nombre. Finalmente, perdieron el concurso porque su presupuesto era más caro.

Los 2.500 afectados por los derribos piden que se haga "borrón y cuenta", que se legalicen sus viviendas y que, a partir de ahora, se intente hacer las cosas bien. "Los políticos se nos abrazan cada vez que nos ven como si se nos hubiera muerto un pariente, pero luego no hacen nada. En principio, todos los grupos parlamentarios están a favor de una ley de punto final que legalice estas 500 viviendas. Nos dijeron que el servicio jurídico del Gobierno de Cantabria iba a estudiarlo, pero todavía no nos han comunicado nada", explica Vilela.

Arca teme que la propuesta de AMA salga adelante, porque supondría tirar por tierra el trabajo de tantos años. "Los alcaldes de Cantabria aprendieron el negocio de las promotoras en la época de Juan Hormaechea (ex presidente cántabro). Venían con el constructor a querernos e informarnos de que con la urbanización equis iban a ganar tanto y que estaban dispuestos a llegar a cualquier acuerdo con nosotros. Era todo muy burdo. Ahora el modelo es más sofisticado, pero es muy difícil romper la dinámica", explica Herrera.

"Cuando llegué a mi cargo hace tres años y medio, esto iba camino de convertirse en Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral evitará que estas cosas vuelvan a pasar, aunque la presión económica sigue siendo muy fuerte. Ahora la gente es más sensible, pero me sigue sorprendiendo que haya quien demande casas al borde del mar o campos de golf donde no hay agua", explica Miriam García, directora general de Urbanismo de Cantabria.

Sólo una vez que se hayan demolido todas las casas, los propietarios podrán solicitar indemnizaciones, porque la sentencia dice que para valorar las compensaciones tiene que haberse producido un "daño efectivo". De momento, los vecinos sí han recibido compensaciones por daños morales: 12.000 euros para los que tenían allí su primera vivienda y 9.000 para los que la utilizaban como segunda. Mercedes Díaz señala el paisaje de El Encinar. "Esto fue lo que nos enamoró. Compramos la casa de buena fe, con todos nuestros ahorros. Estaba todo en regla: la licencia, la cédula de habitabilidad...", repite una vez más. "No le deseo lo que estamos pasando ni a mi peor enemigo".