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Reportaje:

Un Ayuntamiento fuera de control

Un juez investiga una decena de delitos en Castro Urdiales e imputa al alcalde

Ediles que ingresan en su cuenta cheques de una empresa beneficiada por contratos del Ayuntamiento, porque el gerente es compañero de partido. Hermanos de concejales bendecidos con obras municipales que cobran, incluso, sin necesidad de hacerlas. Viviendas construidas sin licencia, sin agua o sin luz, donde los compradores pasean de noche al perro con linterna y lanzan cables por la carretera hasta el depósito de agua más cercano. Urbanizaciones que no aparecen en los mapas, es decir, en los planes de ordenación urbana. Es una pequeña muestra de las irregularidades que un juez casi recién llegado, Luis Acayro, ha detectado en Castro Urdiales (Cantabria), un municipio a 35 kilómetros de Bilbao, refugio de muchos vascos y nido de constructores en racha, que en 15 años ha cuadruplicado su población. Gobernado por un alcalde tránsfuga del Partido regionalista de Cantabria (PRC), Fernando Muguruza, es un ayuntamiento fuera de control, según un informe del Tribunal de Cuentas.

El regidor y su predecesor fueron detenidos por prevaricación

El Tribunal de Cuentas fue incapaz de averiguar las licencias concedidas

El juez ha detectado indicios de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa. La lista de detenciones (18) es aún más larga y salpica a casi todos los partidos. Están imputados, entre otros, el alcalde, su predecesor, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE y hoy concejal de obras), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior, una docena de técnicos y funcionarios y siete promotores. El juez investiga irregularidades cometidas en más de 30 ejecuciones urbanísticas. Ocupan más de 3.000 folios.

De momento, el juez ha dictado dos autos de procesamiento. El primero, de septiembre de 2008, contra el alcalde, el concejal de Hacienda (PP), la de Cultura (PP) y los ex ediles de Obras (IU), Medio Ambiente (PP) y Deportes (IU), entre otros, por prevaricación y tráfico de influencias. Adjudicaron sin concurso las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño a una empresa, que "ni era especializada en el sector", según el auto, pero cuyo gerente era hermano del entonces concejal de Industria. La empresa, Izeta, cobró 58.765 euros por las obras, que nunca llegaron a terminarse. El túnel está actualmente cerrado por ser peligroso.

La investigación se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podría ser terreno público. De confirmarse, las casas, muchas ya vendidas (los compradores pagaron a Urdicam, una de las promotoras, grandes cantidades en dinero negro, según fuentes conocedoras de la investigación) serían ilegales y susceptibles de derribo. Por eso el juez exigió a los gestores de Urdicam una fianza de más de 4,8 millones de euros. Además, la licencia de obra es posterior al certificado de fin de obra del arquitecto. El consistorio autorizó la construcción cuando ya estaba terminada.

Para que respondieran por este capítulo de irregularidades fueron detenidos recientemente el alcalde, su predecesor y el ex secretario municipal, César Sáiz. Dos abogados acompañaron a Muguruza. Uno de ellos, Luis Revenga, es miembro del consejo de administración de la empresa editora del Diario Montañés, un periódico que ha dedicado varios artículos al juez. En uno de los más recientes, titulado "El juez Acayro, protagonista de una controvertida y mediática instrucción" le advertían: "En Castro no todas las miradas están puestas en Muguruza y sus socios. Otros apuntan al juez".

Tras quedar en libertad, Muguruza manifestó su "decepción con la justicia española" y aseguró haber actuado siempre conforme a lo que le habían indicado los técnicos. Sin embargo, está personado como acusación particular en la causa Fernando Urruticoechea, interventor del municipio entre 2001 y 2006. Asegura que lo hace "para defender el patrimonio de Castro Urdiales", después de que en el ayuntamiento le hicieran "la vida imposible" por elaborar informes en los que manifestaba "las flagrantes ilegalidades que pretendían llevar a cabo". Otro empleado fue hospitalizado con una crisis nerviosa por el acoso de sus superiores, según denunció IU. Ya no vive en Castro Urdiales.

Fueron los informes de Urruticoechea los que pusieron en marcha al Tribunal de Cuentas. El PP, entonces en la oposición, se los envió al tribunal en enero de 2003, pero cuando éste entregó sus conclusiones, en julio de 2008, la situación había cambiado: el PP había acaparado poder gracias a un acuerdo con el alcalde tránsfuga. Y el informe del tribunal no fue difundido.

El Tribunal arranca quejándose porque el Ayuntamiento no les da los documentos que piden. La "falta de control y de procedimientos normalizados en la concesión de licencias urbanísticas", con el consiguiente "riesgo de actuaciones discrecionales", explican, les impide averiguar cuántas se habían concedido entre 2002 y 2005. Destacan que el consistorio ha renunciado a miles de metros de aprovechamientos urbanísticos (lo que los promotores deben cederle en cada urbanización) o su equivalente económico, varios millones de euros. Y cómo desde 1991 hasta 2005 sólo se aprobaron dos presupuestos con "omisiones e inconsistencias".

El dossier de irregularidades, de más de 3.000 folios, sigue engordando. La racha se acabó en Castro Urdiales. Los especuladores necesitan otro nido.

La concejal de los 1.000 euros

Entre la documentación que ha reunido el juez Acayro, figura un cheque firmado por Trapur, una empresa "beneficiada sistemáticamente" por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, e ingresado en la cuenta personal de la concejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico (PP), por valor de 1.000 euros. El gerente de Trapur, Pedro María Llamas López es compañero de partido de Dopico y es miembro del comité ejecutivo y electoral del PP local.

El juez ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a Dopico, al alcalde, al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), y al ex edil de Pedanías, Pedro Revuelta (PP). Considera que su "amistad" con Llamas favoreció que Trapur, "empresa modesta, familiar y deficitaria" se convirtiera en "extraordinariamente rentable".

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de febrero de 2009

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