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Los jueces responden a la Conferencia Espiscopal: "Estamos obligados a cumplir la ley"

Las asociaciones de la judicatura coinciden en que la objección de conciencia ante los matrimonios homosexuales sería delito

Distintas asociaciones de la magistratura han utilizado los mismos argumentos para rechazar la nota de la Conferencia Episcopal en la que llamaban a alcaldes y jueces a que se acogieran a la objeción de conciencia ante los matrimonios homosexuales. La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y la asociación Francisco de Vitoria han coincidido en que los jueces están obligados a cumplir la ley. Y van más allá, de no hacerlo, estarían cometiendo un delito.

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Distintas asociaciones de la magistratura han utilizado los mismos argumentos para rechazar la nota de la Conferencia Episcopal en la que llamaban a alcaldes y jueces a que se acogieran a la objeción de conciencia ante los matrimonios homosexuales. La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y la asociación Francisco de Vitoria han coincidido en que los jueces están obligados a cumplir la ley. Y van más allá, de no hacerlo, estarían cometiendo un delito.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que "los jueces tienen la obligación inexcusable de aplicar las leyes, estén o no de acuerdo con ellas", aunque recuerda que sí pueden plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si creen que una norma vulnera la Constitución.

El portavoz de la APM, José Manuel Suárez Robledano, ha asegurado que "la única posibilidad de no aplicar esta Ley" sería que un juez considere que es contraria a la Carta Magna y plantee al TC la cuestión, lo que "paralizaría el expediente hasta que el Tribunal Constitucional decida y lo que acuerde es lo que hay que aplicar".

Robledano ha agregado que de no existir ese recurso ante el Constitucional "los jueces tienen que aplicar la Ley obligatoriamente" y en caso de no aplicarla "habría responsabilidad disciplinaria".

Jueces para la Democracia

Por su parte, Jueces para la Democracia (JpD) cree que ningún juez dejará de celebrar matrimonios homosexuales y que la Conferencia Episcopal "al llamarnos a objetar nos llama a cometer un delito, el de discriminación por no dar una prestación por un prejuicio que en este caso tiene que ver con la orientación sexual".

El portavoz de la asociación JpD, Edmundo Rodríguez, ha hecho hincapié en que "nuestra función es tutelar los derechos de las personas". "Estamos seguros de que los jueces no tienen derecho a objetar el cumplimiento de la Ley, sino que tiene la obligación constitucional de cumplirla y hacerla cumplir", ha añadido Rodríguez.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, ha declarado que para los jueces "no es viable alegar objeción de conciencia" para negarse a celebrar matrimonios homosexuales, ya que, según ha dicho, "tenemos la obligación de aplicar las leyes que emanan del Parlamento, nos gusten o no".

"El negarse supondría incurrir en responsabilidad criminal, concretamente en un delito de prevaricación", ha concluido Torres Vela.

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