Presión eclesial

La cúpula de la Iglesia católica española está decidida a agotar todos los recursos posibles para impedir la promulgación de la ley del matrimonio homosexual, sujeta ahora a debate en el Senado. Una sociedad democrática garantiza la libertad de expresión de todos, tanto más de una confesión religiosa con la que se identifica un sector importante de la población. Pero el pacto democrático obliga igualmente a todos a cumplir las leyes que emanan del Parlamento. Llamar a la desobediencia a los legisladores o a los funcionarios, en éste o en otros casos, es una intromisión inaceptable que choca con la legalidad.

Una vez más la Iglesia se arroga el derecho de ser juez y parte a la hora de afirmar lo que es correcto o incorrecto en el ordenamiento civil de una sociedad libre que se ha dotado de un Estado no confesional. El comunicado, difundido ayer al término de la primera reunión mantenida por el ejecutivo de la Conferencia Episcopal desde la llegada a la presidencia del obispo Blázquez, es prepotente en su descalificación de la ley con el argumento de que está en contradicción con la razón y la moral; exhala dramatismo al tacharla de dañina para el bien común, y demuestra escasa compasión al rechazar la tesis de sus defensores de que lo único que busca es ampliar los derechos de un sector discriminado de la población.

El comunicado de ayer es exageradamente duro, quizás demasiado para lo que se presuponía que iba a significar la llegada del obispo de Bilbao a la presidencia de la Conferencia Episcopal. Es verdad que no aporta nada nuevo a lo que los prelados españoles han venido manifestando al respecto desde que el Gobierno socialista anunció su plan el pasado octubre. Pocos días después de la muerte de Juan Pablo II, el cardenal López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, atronaba contra el peligro de la desintegración de la familia en España a raíz de la política del Gobierno sobre derechos civiles, y así se lo hicieron ver en Roma los cardenales españoles al ministro de Justicia en presencia del Rey en vísperas de la inauguración del papado de Benedicto XVI.

Alentar a la desobediencia de los funcionarios públicos para no celebrar matrimonios gay amparándose en una objeción de conciencia que no recoge el texto aprobado por la Cámara baja, les colocará a éstos en una situación muy comprometida y de transgresión de la ley. Así lo ha entendido incluso la mayoría de quienes se han opuesto a la nueva norma.