Jueces y fiscales llaman a la ministra Delgado a negociar tras el “éxito” de la huelga

Los jueces y fiscales volvieron a parar este lunes para exigir al Gobierno mejoras salariales y para defender la independencia del poder judicial frente a las injerencias políticas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el 48,3% de los 5.294 jueces en activo secundaron el paro, el cuarto de este tipo desde 2009 y el segundo desde mayo. Por primera vez, se han sumado a la protesta siete magistrados del Supremo. Las asociaciones convocantes elevan la cifra de seguimiento al 61%. Los colectivos llamaron a negociar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ayer acudió a un acto en Estrasburgo.

Las togas han quedado este lunes de nuevo colgadas en España. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la huelga convocada por las cuatro grandes asociaciones judiciales y las tres del ministerio fiscal tuvo un seguimiento levemente inferior a la que realizaron el pasado 22 de mayo, siendo ministro de Justicia Rafael Catalá, del PP. Según el órgano de gobierno, ayer un total de 2.559 jueces había comunicado oficialmente a los presidentes de los tribunales superiores de cada comunidad su decisión de sumarse al paro. En la convocatoria de mayo, lo hicieron 2.916 magistrados, según este recuento.

Los convocantes aumentaban la cifra de seguimiento a 3.234 jueces, que notificaron su adhesión a los comités de huelga a través del correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial. Con este método de recuento, la cifra también es algo menor a la de mayo, cuando se contaron 3.537 magistrados en huelga.

En la fiscalía, el dato de paro fue, según los convocantes, de 973 fiscales de los 2.473 que componen la carrera, un 39,3%. En mayo, pararon 1.297 fiscales, según el mismo recuento.

La jornada se tradujo en la suspensión de al menos 3.500 actuaciones judiciales en toda España, como juicios, declaraciones o audiencias previas. Solo en la Comunidad de Madrid se suspendieron 743 actuaciones, mientras que en Cataluña fueron cerca de 550.

Las asociaciones promotoras de la huelga la calificaron de “éxito indudable” y emplazaron a la ministra Delgado a negociar mejoras en las condiciones laborales y medidas para reforzar la independencia judicial y la autonomía de los fiscales. La semana pasada, la titular de Justicia advirtió a las asociaciones que las conversaciones quedarían rotas si se consumaba el paro.

En mayo, Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional y miembro de la Unión Progresista de Fiscales fue muy activa en la huelga que ambos estamentos realizaron cuando gobernaba el PP. Ayer, mientras una porción considerable de sus antiguos compañeros participaba en la huelga, la ministra seguía con su agenda normal y viajaba a Estrasburgo (Francia) para participar en el Foro Mundial de la Democracia del Consejo de Europa. El ministerio publicó ayer un tuit en el que se veía a Delgado departiendo sonriente con la cantante Luz Casal.

La incidencia de la huelga fue mucho mayor en los juzgados territoriales que en los tribunales superiores, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. No obstante en estos órganos, aunque mínimamente, el paro también se dejó notar. Siete magistrados del alto tribunal secundaron la huelga, cuando en mayo ninguno lo hizo. Una treintena de magistrados del Supremo firmó un comunicado similar a otro del pasado mayo en el que manifiestan su "reiterado y total apoyo" a las reivindicaciones planteadas por los huelguistas, que dicen compartir "enteramente".

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia manifestaron en un comunicado que su “posición institucional” les impedía sumarse al paro, pero apoyaron las “justas y legítimas reivindicaciones” de las asociaciones. “Las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia y que los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible”, afirman. 

Entre otras demandas, ambos estamentos reclaman recuperar los salarios que quedaron congelados durante la crisis económica y mejorar sus condiciones y cargas de trabajo. España es el tercer país con mayor litigiosidad de la Unión Europea —en 2017 se resolvieron 5,47 millones de asuntos— y cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes, aproximadamente la mitad de la media de los países de la Unión Europea. Los convocantes también exigen mejores medios materiales para impartir justicia y reforzar la independencia del Poder Judicial.

La huelga llega en pleno proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que PP y PSOE se han repartido los 20 vocales y han avanzado el futuro nombramiento del magistrado Manuel Marchena como nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, cuando la Constitución y la ley exigen que este nombramiento lo realicen los vocales del CGPJ una vez tomen posesión del cargo, no el poder político. El paro coincide también con uno de los momentos más bajos para la imagen de la Justicia tras la rectificación apresurada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que acabó imponiendo al cliente y no a la banca el pago del impuesto sobre la escritura de las hipotecas. Al día siguiente de esa sentencia, el presidente del Gobierno pidió “autocrítica” y “reflexión” al Supremo y cambió de forma urgente la legislación para que el impuesto lo paguen a partir de ahora los bancos.

Una vez más, han sido los propios jueces constituidos en comités los que han fijado los servicios mínimos ante el vacío legal y jurisprudencial que existe sobre el derecho a la huelga de los magistrados. En la jurisdicción penal se consideran servicios mínimos, en el servicio de guardia, las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáveres, entradas y registros. “No se consideran servicios mínimos de guardia, los juicios inmediatos de delitos leves, ni los juicios rápidos por delito sin detenido”, dice el Comité de Huelga.

En las jurisdicciones civil y mercantil se mantienen los internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las medidas cautelares, u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 del mismo Código, y la expedición de licencias de enterramiento, celebración de matrimonios e inscripciones de nacimientos en plazo perentorio, que realizan los Registros Civiles.