Europa pregunta a España por un presunto caso de racismo policial

"Todo ocurrió una mañana soleada en Barcelona. Un amigo y yo estábamos en un banco, charlando, cuando se nos paró al lado un coche de policía. Uno de los agentes nos pidió que nos identificáramos. Lo hicimos y, acto seguido, como ciudadano que soy, le pregunté el motivo. Me respondió que no se la iba a pedir a un alemán. Insistí si era por el color de mi piel y me dijo que sí, que lo hacía porque era negro".

Así arranca el relato de Zeshan Muhamma que acaba de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El organismo ha aceptado el caso presentado por este joven paquistaní, con permiso de residencia en España, que demandó al Gobierno de Mariano Rajoy por un supuesto acto de racismo policial sufrido en un control de identidad. Según su testimonio, el pasado 29 de mayo de 2013, los efectivos de la Policía Nacional le pidieron la documentación "utilizando un lenguaje cargado de tintes racistas" y uno de los agentes lo "abofeteó", lo detuvo y lo llevó a comisaría, donde se le impuso una sanción administrativa por oponerse a su identificación.

Tras recibir la denuncia, el Tribunal Europeo ha enviado al Ejecutivo una batería de preguntas. En primer lugar, los magistrados exigen a España que responda si Muhamma sufrió un episodio de discriminación racial, vulnerando el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, también cuestionan que se investigase lo suficiente lo ocurrido. "El Gobierno español tiene hasta abril para presentar su versión de los hechos, junto a cualquier otra observación o propuesta", detalla SOS Racisme Catalunya, una de las ONG que ha impulsado el caso.

"Ser parado e identificado por la policía, simplemente por el color de tu piel, es ilegal por constituir una discriminación", recalca la abogada Mercedes Melón, de Open Society Justice Initiative, que representa al joven, residente en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). El chico, de 22 años, recurrió a Estrasburgo después de agotar todas las vías judiciales españolas. En abril de 2014 inició una reclamación ante el Ministerio del Interior, que fue desestimada por falta de evidencias. Posteriormente, sus recursos ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo y el Tribunal Constitucional también fueron rechazados.