“Hitler, ese sí que era un señor, que llevaba a los gitanos a los campos de concentración”

Un matrimonio gitano abrió en un barrio de Madrid una asociación para ayudar a pobres y con adicciones. Muchos eran gitanos. Al poco tiempo, una señora abrió un bar al lado. Sin ningún problema aparente, la dueña del bar empezó el acoso: “Hitler, ese sí que era un señor, que llevaba a los gitanos a los campos de concentración”, les dijo. O también: “Hoy llueve, bien, así se lavan un poco”. Ambas partes se denunciaron mutuamente y el caso sigue en litigio.

En Murcia, una joven fue con una amiga a visitar una habitación para alquilar. La agente inmobiliaria les iba a enseñar el cuarto disponible. Llegó su jefe y la cortesía cambió. Quería saber dónde trabajaba la joven. De repente, les dijo que no había ninguna habitación disponible y que ya les llamarían si surgía algo. La joven fue a informar a la Fundación Secretariado Gitano (FSG). Desde allí llamaron a la empresa para comprobar si era verdad: seguían de hecho teniendo habitaciones para alquilar. La técnico de FSG entonces se identificó y pidió explicaciones: “No quiero alquilar a yonkis y no me toques los huevos”, le respondieron. El caso está en los juzgados.

Estos casos son dos ejemplos de los 202 que tiene comprobados y documentados en 2016 el informe anual de discriminación de la FSG. Hitler sale una segunda vez. En el ensanche de Vallecas una familia gitana había ocupado una vivienda, según cuenta el informe. En una escalada de amenazas e insultos, una vecina les dijo: “Hitler tendría que haber acabado con vosotros”. Un delito contra la propiedad no parece equivaler a un delito de odio: “Una cosa es que esté mal lo que alguien haga y otra es responder con un discurso del odio”, dice Sara Giménez, abogada gitana y responsable de Igualdad en FSG.

La técnico de FSG entonces se identificó y pidió explicaciones: “No quiero alquilar a yonkis y no me toques los huevos”, le respondieron.

Hay 750.000 gitanos en España, según los cálculos de FSG. No hay ningún censo étnico, por tanto los números no son precisos. De esos, un 51% ha vivido algún tipo de discriminación en los últimos 5 años y un 35% en los últimos 12 meses, según el informe sobre gitanos de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales de 2016. Solo un 6% denunció o informó de su caso a algún organismo.

Los delitos de discriminación se juzgan en España por vía penal. Pero en el año 2000, la Unión Europea emitió una directiva donde pedía a los Estados que crearan una autoridad contra el trato discriminatorio. España no ha cumplido de momento: “La normativa europea obliga a los Estados miembros a tener un organismo de igualdad. Algunos lo crearon al principio independiente pero luego sumaron sus funciones a la figura del Defensor del Pueblo”, dice Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y hoy consejero de Educación en Castilla y León. El organismo debería ocuparse de todo tipo de discriminación -de contratación, acceso a servicios- y para todos los grupos: por origen, orientación sexual o creencias.

El PSOE introdujo la propuesta en el Congreso en marzo. Rey redactó un proyecto similar en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno. No ve de momento que los políticos vayan a arriesgar por algo que no es una preocupación principal: “El problema en España es que se niega la mayor: que exista discriminacion racial”, dice Rey. Solo un 5% de españoles cree que hay discriminación en su barrio bastante o muy a menudo, y un 28% cree que la hay de vez en cuando, según el World Values Survey de 2014.

El objetivo del organismo sería doble: sancionar con más agilidad que un tribunal y sensibilizar. “La igualdad se propone y también se impone”, dice Rey, que compara la utilidad de las multas por discriminación con las de exceso de velocidad: “Ahora todo el mundo ve bien que si vas a 150 km/h te hagan pagar 200 euros”, dice. Las multas por discriminación ayudarían a mostrar el problema y a sensibilizar.

“La igualdad se propone y también se impone”, dice Rey, que compara la utilidad de las multas por discriminación con las de exceso de velocidad

Chari Cerreduela fue en 2014 con una amiga y dos niños de 5 años a una piscina de un pueblo al lado de Valladolid. “Cuando el chico que vende las entradas nos vio, empezó a resoplar”, dice. Les dijo que debían estar empadronadas en el pueblo para entrar. Cerreduela comprobó con otras visitantes que no era cierto. El empleado llamó al encargado: “No quiero que se me llene de gitanos”, les dijo. Cerreduela llamó a la policía y denunció el caso. En tribunales quedó en nada. En casos así, una multa sería una vía intermedia. “Con todo el lío, mi sobrino no paraba de preguntarme por qué no podíamos entrar en la piscina, ¿porque somos gitanos?”, dice Cerreduela.

Cortes Muñoz es una joven gitana de 27 años de Albacete. Es licenciada en Trabajo Social. “No cumplo con el estereotipo”, dice. Cuando alguien que la conoce acaba enterándose que es gitana, le dice indefectiblemente una variante de esta pregunta: “Qué mona, pues no lo pareces, no eres como los otros. ¿Pero eres de padre y madre?” Muñoz a su vez se pregunta: “¿Los otros? ¿Nos conoces? ¿A quién conoces?” Uno de los grandes problemas de la discriminación, según Muñoz, es que las víctimas acaban por asumir que deben ser discriminadas, como cuando las siguen por los pasillos del supermercado. “Es una mochila que llevas a cuestas siempre”, dice Cerreduela: “Tienes que alquilar una casa y te tienes que disfrazar: sin aros, sin moño, sin un tipo de maquillaje”.