Los presidentes autonómicos presionan a Hacienda para aprobar sus presupuestos

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“Estamos trabajando para poder dar una solución y encontrar una salida a este problema de gestión presupuestaria de las comunidades autónomas”, explicó ayer Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda. Como adelantó EL PAÍS, el ministerio estudia una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera para que las Comunidades puedan aprobar un techo de gasto y los nuevos objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. Ese cambio debería ser negociado con otras fuerzas políticas, porque requiere del apoyo de varios partidos. Mientras se suceden los contactos extraoficiales, los presidentes autonómicos aprovechan la situación para presionar al Gobierno en funciones.

Para elaborar sus Presupuestos de 2017, los Ejecutivos autonómicos necesitan conocer la liquidación del sistema de financiación de 2015 y la previsión de las entregas a cuenta de 2017. ¿Cuál es el problema? Que como el Gobierno está en funciones no puede ofrecer esa información de forma oficial ni tampoco aprobar los nuevos objetivos de déficit de las Administraciones regionales —un 0,7% del PIB para 2016 y el 0,5% para 2017— ni cómo afectan estos a las autonomías, que en las nuevas circunstancias podrían elevar su gasto.

Así, los presidentes autonómicos de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura coinciden en pedir soluciones. En las últimas semanas también han mantenido contactos para tratar este tema con Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo, que este domingo aspiran a la reelección como presidentes del País Vasco y Galicia, respectivamente. Además, Clavijo se reunirá con Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid, en la primera semana de octubre.

Recurso al Constitucional

Aunque los gestores de muchas de estas Autonomías ya han contactado discretamente con el Ministerio de Hacienda para trasladarles sus cálculos, todos se han topado con la misma respuesta: según fuentes del gabinete de uno de los presidentes socialistas, el equipo del ministro Cristóbal Montoro les advierte de que el Gobierno podría recurrir ante el Constitucional cualquier presupuesto autonómico aprobado en las actuales circunstancias. Hacienda aseguran que una vez que verifiquen las cifras que les trasladan desde las comunidades, la semana próxima informará sobre los datos oficiales que les permitirá elaborar sus presupuestos.

Solo Castilla-La Mancha ha avanzado en la aprobación de un techo de gasto y no someterá a votación las cuentas públicas —que el PSOE negocia con Podemos— hasta aclarar la situación.

“Los problemas de todos son parecidos y establecen un principio básico de camaradería”, dijo ayer Fernández-Vara para asegurar que su queja incluye a la mayoría de presidentes, independientemente de su color político. Y recalcó: “Estamos en la indefinición. No podemos ser cómplices de la situación sin decirlo. ¿O quiere la política de Madrid que las Comunidades Autónomas nos callemos? Nosotros somos tan Estado como el Gobierno de España”.

Esta es la hoja de ruta de los líderes autonómicos. Primero esperarán a saber si fructifica el diálogo que han abierto el PP y el PSOE para buscar soluciones al asunto. Aguardarán a que el Consejo de Estado aclare si el Gobierno en funciones puede o no darles la información que piden, como ha solicitado Extremadura. Y, si todo eso falla, organizarán una reunión para mostrar su malestar.